En la sesión del Congreso iniciada en la noche de ayer y que cruzó a la madrugada de hoy, los parlamentarios ratificaron los vetos presidenciales para evitar el fuerte impacto en las cuentas públicas, como el veto presidencial a los cambios en el cálculo del factor previsional y el que garantiza la exensión de impuestos al diesel.
Miércoles 23 de septiembre de 2015 11:12
Fotografía: Gustavo Lima
El cambio en el factor previsional era uno de los puntos que más preocupaba al gobierno ya que si el veto fuese derribado podría aumentar los gastos del Régimen General de Previsión Social en 883 mil millones de reales (más de 200 mil millones de dólares) hasta 2050. Ya los cambios sobre la tributación al diesel podrían generar un impacto de 64,6 mil millones de reales (casi 16 mil millones de dólares) hasta 2019, según cálculos del Ministerio de Planificación.
El texto que flexibilizaba el factor previsional aprobado como enmienda a una de los decretos (Medidas Provisorias) del ajuste fiscal, establecía la regla “85/95” que permite la jubilación integral cuando la suma de la edad y del tiempo de contribución alcance 85 en el caso de las mujeres o 95 para los hombres.
Para compensar el veto, Dilma envió al Congreso un decreto con una regla de progresividad para el cálculo de las jubilaciones basado en el cambio de la expectativa de vida.
El veto más polémico, al reajuste salarial de judiciales todavía no fue analizado.
La ratificación de los vetos fue una victoria para el gobierno, que hasta el lunes intentaba postergar la votación, temiendo ser derrotado. Recién en la mañana del martes el gobierno cambió su estrategia de postergación y decidió enfrentar la cuestión en el plenario a la noche. Envalentonada por la señal positiva de la bancada del PMDB en la Cámara (luego de haberse reaproximado a Dilma con la reforma ministerial) y temiendo un empeoramiento en el cuadro que llevó a la disparada del dólar, Dilma entró en el campo personalmente para evitar una derrota del gobierno y accionó a sus ministros para que llamasen a los parlamentarios no solo aliados sino de la oposición, pidiendo la ratificación de los vetos.
Habiéndose ya comunicado con líderes del PSDB como Aécio Neves, Dilma llamó al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha (PMDB de Rio de Janeiro) para decirle que lo mejor sería enfrentar de una vez la cuestión en el Congreso. El presidente del Senado, Renan Calheiros (PMDB de Alagoas) estuvo con Dilma al comienzo de la tarde del martes y pasó a defender la votación de los vetos presidenciales a la noche. Se reunió con los líderes aliados y contaba con la fidelidad de los senadores para mantener los vetos más importantes.
La caída del veto al aumento de los empleados judiciales causaría un agujero de 36,2 mil millones de reales (más de 8,8 mil millones de dólares) en cuatro años. El reajuste promedio es de 56% pero puede llegar a 78,56% en algunos casos.
La presidenta argumentó, según el relato de un senador que conversó con ella, que es necesario suspender la onda de noticias negativas y mantener el veto al proyecto que reajustó los salarios de judiciales. Además de la preocupación con el alza del dólar, la ratificación del veto, según Dilma, hará que viaje mañana a Estados Unidos “más tranquila” y el gobierno logre “respirar” en miedo de la crisis.
El equilibrio inestable de Dilma y la unidad por los ajustes
Del lado del PSDB sigue la “sangría” y del lado del PMDB sigue el “chantaje” por mejores posiciones frente al gobierno petista. Pero el “gran acuerdo” de la burguesía nacional –tutelada por los mercados financiero internacionales que “castigaron” al país con la baja de la calificación del crédito de Brasil por la agencia Standard&Poors- es la unidad por los ajustes y por la recomposición de la economía nacional en crisis. Para eso, el frente burgués encabezado por las dos principales federaciones patronales, la Federación de las Industrias del Estado de San Pablo (FIESP) y la Federación de las Industrias del Estado de Rio de Janeiro (FIRJAN), por los bancos privados Bradesco e Itaú, y los partidos del régimen político como el PT, PSDB y PMDB, se debaten para amortiguar los ánimos por la destitución, aislar y disciplinar los políticos “díscolos” como Eduardo Cunha (que tuvo que anunciar su “aproximación” con Dilma recientemente) y mantener las cuentas al máximo controladas aplicando grandes ataques a los trabajadores y a la juventud.
Naturalmente nada hay de estable aun en los más diligentes acuerdos, y las figuras políticas tratan de mantener margen para el juego propio, como hizo Temer y el PMDB para doblegar a Dilma y obligarla a ceder posiciones estatales a sus partidarios. La ratificación de los vetos de Dilma es señal de que toda la legión de ajustadores cntra el pueblo entendió el mensaje de los mercados: atacar y estabilizar, lo que no podría ser hecho sin la ayuda de la desprestigiada burocracia sindical (tanto la CUT y la CTB como Força Sindical) que intenta aprovechar la puesta en escenta de la burguesía para derrotar la lucha de los obreros de las automotrices y la fuerte huelga de trabajadores de los correos, como hizo en el Distrito Federal.
Dilma mantiene su equilibrio inestable mientras muestra servicio a los grandes banqueros y capitalistas contra el pueblo trabajador. Es necesaria una respuesta independiente de los trabajadores contra el gobierno petista y la derecha, para qeu las luchas en curso triunfen e cambien la relación de fuerzas contra los ajustes.
Esquerda Diário/ Agência Estado
