Megaminería. El Consejo Superior de la Universidad Nacional de la Patagonia no avala la “zonificación”

La resolución del Consejo Superior de la UNPSJB del 23 de marzo, día que se cumplían 18 años del plebiscito de Esquel que rechazó la actividad minera, es un revés al aval académico del proyecto de zonificación impulsado por el gobernador Mariano Arcioni y el presidente Alberto Fernández.

El Consejo Superior resolvió solicitarle a la Legislatura que no avance con el emprendimiento y afirmó que “Hay que dejar paulatinamente el perfil extractivista de la economía chubutense”. A su vez recomienda que se debata la iniciativa popular.

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El documento sostiene que “se ha expresado en numerosas oportunidades sobre los proyectos de zonificación minera manifestando que la preservación del agua y demás recursos ecosistémicos, la protección de la biodiversidad y el resguardo del patrimonio natural y cultural son aspectos indisociables e inherentes a la estrategia para construir una matriz productiva diversificada que permita a nuestro territorio dejar paulatinamente el perfil extractivista de la economía chubutense”.

Señalaron también, que no hay garantías desde “los aspectos legales y técnicos”, remarcando que esto implica cumplir efectivamente el derecho a la “consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios”, lo cual no se ha hecho.

La resolución del Consejo Superior es un claro apoyo a las asambleas ambientales de la provincia que están en alerta desde el 4 de marzo cuando la Legislatura dejó en suspenso el debate debido a las movilizaciones, cortes de ruta y acampes en contra del tratamiento que se realizan en la provincia, ya que en este documento, las autoridades de la UNPSJB han solicitado a la legislatura que trate el proyecto presentado por la comunidad mediante Iniciativa Popular, en pos de “garantizar y apoyar el accionar democrático de nuestros órganos de Gobierno”.

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La Unión de Asambleas de la Comunidad de Chubut rechaza la zonificación minera que habilita la megaminería y exige el tratamiento inmediato de la iniciativa popular 2020 sin modificaciones que ingresaron en la legislatura a fin del 2020 con 31.000 firmas, el 7% del padrón, el doble de lo que exige la ley. El pronunciamiento de la universidad se suma ahora al informe de febrero del Conicet-Cenpat que desaconsejaba el desarrollo minero en los departamentos de Telsen y Gan Gan ya que advertía que la amenaza del cambio climático al caudal del río Chubut podría también hacer peligrar los reservorios de agua que se utilizarían para la producción de plata y plomo.

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La iniciativa oficial que impulsa el gobernador Arcioni con el aval del presidente Alberto Fernández y el secretario de minería, Alberto Hensel, busca permitir la minería metalífera química, de plata, cobre y plomo, en algunas zonas de la provincia, como Telsen y Gastre, entre otras que abarcan el 70% del territorio de la provincia, y se la conoce como “zona de sacrificio”. El proyecto oficial está hecho a la medida de la empresa canadiense Pan American Silver, que espera hace 11 años explotar el proyecto Navidad en la meseta chubutense por donde corre el río Chubut, única fuente de agua del norte provincial.

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Está propuesta es resistida y rechazada en la provincia, donde no hay licencia social para la megaminería. Las miles de firmas recolectadas en plena pandemia por la iniciativa popular, en más de 40 parajes, pueblos y ciudades, es una muestra de la oposición popular al extractivismo, al saqueo y la destrucción del ambiente que trae aparejada la actividad minera a cielo abierto.

Como dice el proyecto de ley presentado por el diputado nacional Nicolás Del Caño del PTS en el parlamento nacional “La lucha por salvar nuestra cordillera, nuestros ríos y glaciares, la vida de nuestras comunidades es parte de la lucha por darle un futuro a la juventud, que no es otra cosa que darle un futuro al mundo” por eso su proyecto espera dar herramientas para pelear por un cambio profundo en la matriz productiva, sin los condicionamientos del extractivismo, a través de la nacionalización del petróleo, que permitiría usar la explotación y refinación convencional para financiar un plan de obras públicas que ayuden a mejorar el uso del agua, atender la necesidad de viviendas, fijar tarifas de combustibles y servicios que dependen de este, y “financiar un plan de reconversión profunda y estratégica hacia una matriz energética limpia y renovable” para abandonar progresivamente los combustibles fósiles que aportan al calentamiento global y la contaminación del planeta.

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