El Tribunal Constitucional ha suspendido las resoluciones votadas por el Parlament catalán para convocar un Referéndum en setiembre del año que viene.
Guillermo Ferrari Barcelona | @LLegui1968
Miércoles 14 de diciembre de 2016
Foto: EFE
El Constitucional, como se esperaba, admitió a trámite la solicitud del Gobierno Central para anular la convocatoria aprobada por el Parlament. Esto significa que ésta se suspende hasta que el TC dictamine sobre la materia. El Gobierno de Rajoy cuestiona, como es sabido, el Referéndum y por ello plantea que es inconstitucional en el mismo camino de la vía judicial.
El Constitucional notificará personalmente a la Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a la Mesa del Parlament y al President de la Generalitat sobre la suspensión cautelar. Con esta notificación se advierte del deber de estos cargos de hacer cumplir las órdenes del TC y de los riesgos de incumplimiento, que incluyen la vía penal.
El TC obra como un tribunal franquista. Tan solo son puñado de personas que no representan a millones de catalanes y españoles, que no les ha votado el pueblo. Que están en sus cargos por los arreglos que el PP y el PSOE hacían cuando tenían el 90% de los diputados y senadores. Un puñado de personas que representan y defienden a los grandes empresarios y sus camarillas políticas.
La vía judicial se sigue profundizando en estos días. En esta semana han detenido a cinco militantes de la CUP por la quema de fotos del Rey.
El viernes declarará la Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que la puede inhabilitar para ejercer cualquiera cargo público.
Obviamente sigue su curso los casos contra Artur Mas, Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega.
La continuidad de la “vía judicial” significa en primer lugar que la “operación diálogo” es solo una política de gestos vacíos como ya decíamos. Soraya Sáez de Santamaría sí que dialogó con las fuerzas centralistas, como Ciudadanos o el PSC y con los empresarios que huyen como la peste del Referéndum. Una especie de Operación diálogo con los que tengo acuerdo.
Otra prueba de lo imposible del Referéndum pactado
Es sabido que el 7 de octubre pasado, la cámara catalana aprobó dos tipos de Referéndum. Por un lado, con los votos de Junts pel Sí y de la CUP aprobó realizar un referéndum unilateral. Por otro, como si se tratara de otro asunto diferente, aprobó un referéndum pactado con el Estado, esta vez con la anuencia de Junts pel Sí y Catalunya Sí que es Pot.
Puigdemont se agarró como a un clavo ardiendo a la idea de Catalunya Sí que es Pot, de que el Referéndum debe ser pactado con el Estado. Idea, que por otra parte, es la que trató de llevar a cabo Artur Mas junto a Esquerra cuando presentaron la moción en el Congreso español. Es sabido que el PP, con mayoría propia en aquel entonces, y el PSOE votaron contra dicha propuesta.
Si hubiera alguna duda de la imposibilidad, el mismo Rajoy se encarga todos los días de recordar esto. Incluso hoy en el Senado las representantes del PP y del PSOE, Alicia Sánchez-Camacho y Meritxell Batet, al unísono también se lo han recordado. Y con un eco de fondo se escuchaba al representante de Ciudadanos.
Cortocircuitos entre JxSí y la CUP
Todo ésta situación se da en el marco de la negociación de los Presupuestos catalanes y en el marco de la reunión para el próximo 23 de las fuerzas independentistas para pactar un calendario de cara a la convocatoria del Referéndum. No hay casualidades.
La CUP ha denunciado que los Mossos d’Esquadra han actuado de oficio ante la detención de los militantes de la CUP que quemaron fotos del Rey. Es decir, que los Mossos no actuaron bajo órdenes de la Audiencia Nacional. Como tal, los dirigentes de la CUP insisten en que renuncie el Conseller d’Interior, Jordi Jané.
Sin embargo, los dirigentes de la Generalitat y de Junts pel Sí, defienden la actuación de la policía catalana. El Conseller defendía la actuación de los Mossos puesto de deben defender y aplicar las leyes existentes. En ésta actuación se muestra que Junts pel Sí antepone siempre la legalidad del Estado español al derecho a decidir.
Lo que no se sabe aún es cómo afectará esto a la negociación presupuestaria, que ya viene movida, y en cómo repercutirá de cara a la hoja de ruta por el Referéndum.
