La reciente aprobación del Decreto Acuerdo N° 7648 del Poder Ejecutivo establece el régimen de “Procedimiento Especial de Iniciativa Privada para Proyectos de Servicios de Salud” que pone al descubierto unos de los pilares del Plan Estratégico de Salud que es la privatización de los servicios del sistema público de salud. Desde el PTS FIT pedimos su derogación.
Natalia Morales Diputada provincial PTS-FIT, Jujuy | @NatuchaMorales
Miércoles 17 de octubre de 2018
Bajo la denominación de “Proyecto de iniciativa privada específicos para el desarrollo de proyectos de servicios de salud y/o conexos…” (Artículo N° 4 del presente decreto) el ejecutivo provincial a través del ministerio de salud, permitirá la recepción, evaluación y puesta en marcha de proyectos del sector privado. Los mismos distan mucho de poder garantizar un derecho universal, y garantiza -más bien- el lucro empresarial a partir de la necesidad y la salud de la población.
Como vienen denunciando distintos sectores de trabajadoras y trabajadores y organizaciones sindicales, el Plan Estratégico de Salud, es parte de la política de ajuste que lleva adelante del gobierno nacional, y que en la provincia profundiza los problemas estructurales del sistema público de salud. El avance del desfinanciamiento del mismo producto de los recortes presupuestarios nacional y provincial, la descentralización del sistema y la política de autogestión, la precariedad laboral y ataques a las condiciones laborales de sus trabajadoras y trabajadores, va de la mano de una mayor injerencia del sector privado para “solventar” la política de ajuste definida por el presidente Mauricio Macri y el FMI y avalada por los gobiernos provinciales para el 2.019 e incluso la restricción de las prestaciones a la población a través de la implementación de la CUS (Cobertura Universal de Salud).
No es casual que de cara a aprobar el presupuesto 2.019 el ejecutivo se apresure y decrete este régimen, amparado incluso en Decreto Acuerdos previos del año 2.016 como el N° 2.15-G-2.016 que aprueba el “Régimen Provincial de Iniciativa Privada”, ratificado por Ley Provincial N°5.972/2.016, todas leyes y bases para garantizar el negocio privado en el sector público.
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La salida a las políticas de desfinanciamiento y recorte presupuestario que lleva adelante el ejecutivo y que afectan el servicio público de salud no puede solventarse ni por iniciativas empresariales privadas que lucran y tercerizan el trabajo empeorando las condiciones laborales de sus trabajadores, ni a través de los fondos de recupero como afirmó el gobierno, en la cual tampoco se cuenta con datos concretos de los montos y proyecciones a recaudar y qué injerencia tendría. Afirman que no queda otro camino ante la crisis económica y que los recortes presupuestarios es parte del “esfuerzo” que tenemos que realizar entre todos, pero vemos como en la provincia se han multiplicado las clínicas privadas, y que se realizan derivaciones al sector privado desde el sistema de salud público, destinando presupuesto público para el mismo.
Por eso el Régimen Provincial de Iniciativa Privada N° 7648 aprobado por el ejecutivo afectará a las más de 700 mil personas que habitan la provincia o que necesiten del sistema público, de los cuales un 50 % de ellos carece de obra social y acude al mismo, ya que la apertura al accionar privado en un servicio esencial como es la salud, pone en riesgo la gratuidad, la atención a los pacientes, las condiciones laborales de las y los trabajadores y el derecho universal a la salud. La provincialización del sistema de salud, de la mano de de la “autogestión” y descentralización del sistema, permite el arancelamiento, las restricciones en los servicios como es la CUS – Cobertura Universal de Salud, y afectación de los derechos de los trabajadores del sistema público de salud, por eso solicitamos la derogación de dicho Decreto Acuerdo N° 7648.
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Plata para salud, no para la deuda
Desde el PTS FIT proponemos un sistema de salud único nacional, que ponga el acento en la atención primaria de la salud, con presupuesto acorde para todas las demandas y necesidades que tenga el mismo, como insumos, aparatología, infraestructura, como también mejorar de raíz las condiciones laborales de sus trabajadores, desde garantizar salarios al día y acordes a la canasta básica familiar, la planta permanente de todas y todos, y las jornadas de 6 hs ante la insalubridad del trabajo. Es necesario que las direcciones sindicales como ATSA, ATE- CTA, APUAP, etc, se pongan a la cabeza de esta pelea, ante todo unificando lo que el gobierno pretende dividir, generando asambleas y plenarios de todos las y los trabajadores de la salud, enfermeros, médicos, administrativos, etc, para definir un verdadero plan de lucha para derogar este decreto, pero también que esté a la altura del ataque a la salud pública y gratuita que los gobiernos pretenden dar de cara al votación del presupuesto 2019.
Como venimos denunciando, el equivalente a 6 presupuestos nacionales de salud se destinarían en el 2019 para pagar intereses de la deuda pública, totalmente ilegítima y fraudulenta, por eso planteamos el No pago de la deuda, y que esa plata vaya para salud y educación, como también en la provincia el cobro de impuestos progresivos a las grandes fortunas. La salud es un derecho, no un negocio.
