La directora del ITEI (Instituto de Terapia e Investigación), Emma Bolshia Bravo Cladera, volvió a hacer público a solicitud del Dr. Jhiery Fernández el pronunciamiento que había emitido el mes de abril de este año para el acto de solidaridad del Colegio Médico con el Dr. Fernández. Éste es el comunicado que reproducimos.
Domingo 23 de septiembre de 2018
Imagen: Acto de solidaridad del Colegio de Médicos (mes de abril) con el Dr. Fernández, cuándo el ITEI presentaba evidencias de tratos inhumanos y degradantes contra el galeno
Foto: El Diario (archivo)
El caso del bebé Alexander no justifica las desviaciones del debido proceso El Dr. Jhiery Fernández, paradigma de la presunción de culpabilidad
Desde hace ya varios años (hasta el día presente), el ITEI realiza un seguimiento a una cantidad considerable de casos en los que la justicia boliviana, en su práctica, pareciera desconocer el principio de presunción de inocencia. Dicho principio es un Derecho Humano Fundamental, mismo que ha sido establecido en la Constitución Política del Estado.
La aparente omisión que hace la justicia nacional de un Derecho Humano tan significativo como la presunción de inocencia, acarrea inevitablemente graves consecuencias psíquicas en las personas afectadas. Desde casos de angustia y depresión por haber sido condenados con evidencias insuficientes, hasta casos que dan cuenta de pasajes al acto, donde se ejerce violencia contra otros o contra uno mismo. A su vez, tales condenas tienen graves consecuencias psicosociales y de índole económica. La presunción de culpabilidad afecta no solo al condenado, sino también a su entorno familiar, que, en algunos casos, puede llegar a presentar síntomas psicológicos similares a los del acusado.
Una cantidad considerable de casos que el ITEI está siguiendo dan cuenta de que, en el sistema de justicia boliviano, predominan la presunción de culpabilidad y la detención preventiva (ambas directamente relacionadas). Por lo general, apenas se acusa a una persona ya se la declara culpable. Es un procedimiento poco ortodoxo el que realiza la justicia, por decir poco. Aún con escasas evidencias, los acusados son privados de libertad en recintos penitenciarios donde se trata de hacerles confesar, ya sea con la promesa de una recompensa en el juicio abreviado, ya sea con métodos más hostiles. Al mismo tiempo, se buscan pruebas de su culpabilidad cuando tales pruebas tendrían que haber sido encontradas con el debido rigor profesional y científico, antes de la detención. En reiteradas ocasiones, se ha llegado a la sentencia no en base a las evidencias científicas, sino por efecto directo de las declaraciones, emitidas por testigos que no son del todo fiables.
En el caso particular del Dr. Jhiery Fernández, tanto el ITEI como varios medios de comunicación corroboran que no hubo una investigación seria previa a su detención y que, tras la detención, tampoco se encontró ninguna prueba fehaciente. Un caso tan mediático, que da cuenta de un crimen verdaderamente atroz, exigía un culpable. Es por eso que se deberían haber tomado todos los recaudos necesarios con tal de encontrar a la verdadera persona responsable, comenzando por una debida investigación científica. En vez de eso, se decidió condenar al Dr. Jhiery Fernández a 20 años de cárcel, después de un juicio que no respetó las exigencias de un proceso propiamente dicho. Es por ello que, en este proceso, se encuentra la máxima expresión de un sistema judicial ineficiente y hasta cínico en su proceder. A todas luces, el daño humano causado en este caso es imposible de justificar.
Al omitir la presunción de inocencia, se da lugar a una alarmante cadena de incumplimientos a los derechos humanos. Dicha cadena se puede apreciar en el caso del Dr. Jhiery Fernández:
Esta cadena de malos tratos que el Dr. Jhiery Fernández ha sufrido, se califica ―en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura que Bolivia ha firmado y ratificado en 1998―como “tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes”. Como ya se dijo antes, este tipo de accionar del Estado puede dejar secuelas psicosociales y físicas graves en el ser humano. Con la agravante de querer condenarlo a 20 años de privación de libertad, los malos tratos ya sufridos se transforman en un acto de tortura tendiente a destrozar una persona definitivamente.
En consecuencia, el ITEI como institución que investiga las secuelas psicosociales de la tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes y al haber realizado el peritaje psicosocial del Dr. Fernández pone el acento sobre los daños causados por una justicia incompetente que no solamente está dañando gravemente a un ser humano, el Dr. Fernández, sino que en su afán de encontrar culpables, ha dañado de por vida a varios profesionales, metiéndolos en la cárcel, quitándoles su fuente de trabajo y estigmatizándolos socialmente.
A la luz de los hechos, se considera que, con tal de restaurar la justicia (en este caso al menos), se deberían llevar a cabo las siguientes medidas:
Por el ITEI
Magister. Emma Bolshia Bravo Cladera
DIRECTORA
