A días de la aprobación del «Estatuto del Personal Académico» de la UACM, se pretende por esta vía institucionalizar la precariedad laboral, atacando los derechos humanos laborales de las y los trabajadores académicos.
Viernes 11 de septiembre de 2020
A días de la aprobación del Estatuto del Personal Académico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, se pretende por esta vía institucionalizar la precariedad laboral, atacando los derechos humanos laborales de las y los trabajadores académicos además de atentar contra el proyecto educativo y el derecho a la educación de la comunidad estudiantil de esta universidad.
Dos meses atrás, las autoridades de la UACM, con Tanía Rodríguez a la cabeza de la rectoría, presentaron, como todas las patronales y el Estado, ─aprovechando la crisis sanitaria para golpear los derechos de los trabajadores─ este proyecto ante el Consejo Universitario para su aprobación.
Desde el primer momento el EPA recibió duras críticas por diversos sectores académicos, estudiantiles y del resto de trabajadores. Entre los primeros en alzar su voz en protesta estuvieron los maestros y maestras precarizados bajo la inexistente figura de “Profesor de asignatura”, pero también, muchos profesores y profesoras de base.
El EPA tiene el objetivo final, pero no declarado, de regular las relaciones laborales, en particular de institucionalizar la precariedad laboral atacando los derechos humanos laborales de los trabajadores académicos además de atentar contra el proyecto educativo. Entre los diversos embates a los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores de la universidad, podemos señalar los siguientes:
1) En los artículos 2 y 5, establece cuatro figuras académicas: Profesor-investigador de tiempo completo, Profesor-investigador de medio tiempo, Profesor de asignatura A y Profesor de asignatura B. Según el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), sólo existe la figura de Profesor-investigador de tiempo completo.
2) Al imponer 3 modalidades no contempladas en el CCT, lo que se pretende realmente es precarizar aun más el trabajo por la vía de instalar mayor división entre los educadores, pagando salarios más bajos a todo académico que no pertenece a la primera categoría y acabando con la posibilidad de la profesionalización y con la estabilidad en el empleo (sobre todo con las categorías de Profesor de asignatura A y B).
3) Viola el CCT y, esta situación, además de ser grave, es consciente de parte de las autoridades porque en el proyecto del EPA, transitorio cuarto, reconoce que:
“En la siguiente revisión contractual, la patronal y el sindicato deberán propiciar las condiciones para incluir ambas figuras en el CCT, así como los mecanismos de selección e ingreso para dicho personal. Una vez realizada dicha adecuación al CCT, entrará en vigor la figura de Profesor de Asignatura A”.
Es decir, se confiesa implícitamente que se pretende incluir una figura precarizadora ilegal e ilegítima en la legislación universitaria, en la que el Consejo Universitario de la UACM se erige como patronal, lo que va en franca ofensiva contra los derechos de los trabajadores. Entonces, en lugar de que el EPA respete los derechos laborales y se adecúe al CCT, se pretende cambiar y disminuir las conquistas de las y los trabajadores modificando el CCT.
Este es un primer paso para ir despojando de otros derechos y conquistas de los académicos, sentando precedente para luego avanzar hacia el resto de los trabajadores universitarios.
Este es un primer paso para ir despojando de otros derechos y conquistas de los académicos, sentando precedente para luego avanzar hacia el resto de los trabajadores universitarios.
Por otra parte, queda claro que en lo que intenta la rectoría es crear castas académicas dentro de la UACM, contrario al proyecto original, ya que uno de sus principios ha sido tener una sola categoría de profesor/a con el fin evitar las diferencias salariales y tener docentes de “primera” y de “segunda”.
La propuesta de EPA no sólo viola este principio original, sino que trata de crear estamentos, que a la larga son un primer paso para la elitización de la universidad y a la postre, su privatización. Al mismo tiempo, se ajusta a la política que en los hechos viene teniendo el gobierno de Morena de continuación y profundización del neoliberalismo.
Este razonamiento se apoya en el hecho de que, al tener docentes de “primera” y de “segunda”, los más privilegiados tienden a defender sus prerrogativas aún en contra de los derechos de las mayorías. Ejemplos tristes los podemos observar en otras instituciones de educación superior públicas, como la Universidad Autónoma Metropolitana o la Universidad Nacional Autónoma de México, en las que existen las célebres “castas doradas”, que tienen salarios exorbitantes frente a la mayoría de maestros, que apenas ganan para subsistir.
Pandemia e imposición
Los EPA´s no deben regular cuestiones laborales, para eso existen los CCT. Su función únicamente se basa en la promoción del personal académico y otras cuestiones administrativas. Sin embargo, las autoridades uacemitas se aprovecharon de la pandemia de Covid-19 y el cierre obligado de instalaciones para simular una discusión entre la comunidad. En lugar de esperar a la apertura de los planteles, en el entendido de que un alto porcentaje de la comunidad no cuenta con acceso a internet y equipo de cómputo, se apresuraron a impulsar discusiones vía remota, negando un amplio debate democrático y acallando las voces críticas al proyecto precarizador.
Esta situación ya se dejó sentir en la comunidad estudiantil. Es conocido los cientos de denuncias sobre la saturación de grupos y por ende falta de éstos para que los estudiantes se puedan inscribir y continuar con sus carreras. En lugar de contratar mayor cantidad de maestros para cubrir la demanda, lo que se hace es saturar los grupos de las y los maestros disponibles.
Por supuesto, genera un choque entre docente y estudiante, porque el primero se
ve obligado a rechazar al segundo para poder ofrecer una clase de calidad, generando molestia en las personas que no pudieron alcanzar un lugar en el grupo.
Este falso dilema promovido por las autoridades se acentuará con la aprobación del EPA, porque las autoridades tendrán una base legal para contratar cada vez menos personal docente y en condiciones cada vez más precarias. El ataque a los derechos laborales también es un ataque a la educación pública que al final recae en el estudiantado.
Este falso dilema promovido por las autoridades se acentuará con la aprobación del EPA, porque las autoridades tendrán una base legal para contratar cada vez menos personal docente y en condiciones cada vez más precarias. El ataque a los derechos laborales también es un ataque a la educación pública que al final recae en el estudiantado.
La salida en primera instancia, es que no se apruebe el EPA hasta que haya condiciones de regreso a las aulas y a los centros de trabajo, para promover un auténtico intercambio democrático de toda la comunidad estudiantil, trabajadora y académica que resuelva los problemas que aquejan a la UACM. Aclarando que el EPA sólo debe regular condiciones estrictamente académicas y el mismo tendría que ser aprobado por una Asamblea amplia, tripartita y democrática y no por el Consejo Universitario.
Asimismo, es fundamental que se exija al gobierno de la Ciudad mayor presupuesto para la educación, ya que es la única manera de garantizar contrataciones con derechos y todos los demás medios materiales para asegurar una educación digna para todas y todos.
En este marco es esencial la unidad de las y los trabajadores del sector educativo de todos los niveles para frenar los esquemas precarizadores, porque en la unidad es donde radica la fuerza de nuestra clase para imponer nuestros derechos laborales.
Por ello te invitamos a sumarte a la Asamblea Nacional en Defensa de la Educación Pública de este sábado 12 de septiembre a las 16:00 h para intercambiar juntos las alternativas para las y los trabajadores de la educación en función de nuestros propios intereses.
