Esa era la respuesta del Ejército ante la aparición del Informe Rettig, en el que se relataban los casos de ejecuciones y desapariciones entre los años 1973 a 1990, durante la dictadura cívico-militar de Pinochet.
Natalia Cruces Santiago de Chile
Sábado 1ro de agosto de 2015
Las repercusiones del caso de Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas Denegri salpican a todos los partidos del régimen y las fuerzas armadas. Estas últimas, por el rol represivo y encubridor que tuvieron y los hechos represivos durante los 17 años de dictadura, con graves violaciones a los derechos humanos. Ya sea asesinando, torturando, con la desaparición de personas, el exilio, etc. o, como en este caso, quemando vivos a dos jóvenes, para luego tirarlos en una zanja y ocultar información.
En el caso de la derecha ellos colaboraron y participaron abiertamente de la dictadura, desde su ideólogo Jaime Guzmán, hasta muchos que ocuparon altos cargos en los que incluso negaron las violaciones a los derechos humanos, como fue Sergio Diez ante la ONU al señalar que no había detenidos desaparecidos o Francisco Javier Cuadra ante el caso quemados, señalando que se trataba de una campaña internacional contra Pinochet y su gobierno. Y la Concertación, fue parte de los acuerdos de la transición, en los que se aceptó la ley de amnistía, la justicia en la medida de lo posible, la impunidad en la murió Pinochet.
En Ejército acaba de sacar un comunicado donde señala que “se ha resuelto desvincular de la Institución al personal a contrata cuya resolución de sometimiento a proceso, en el día de hoy se encuentra firme”. Estas ambiguas palabras no dicen nada de quiénes son los desvinculados, de la información que tiene el Ejército ni tampoco que opinan de lo que pasó ese 2 de julio de 1986. No pueden hacerlo porque hasta hoy siguen reivindicando el golpe de Estado y su actuación en dictadura.
No es muy distinto a lo que el Ejército señalaba ante el informe Rettig donde declaraba que “El Ejército de Chile declara solemnemente que no aceptará ser situado ante la ciudadanía en el banquillo de los acusados, por haber salvado la libertad y la soberanía de la Patria a requerimiento insistente de la civilidad”. En ese momento señalaban también que el informe omitía cosas, que se quería usar políticamente y justificaba en todo momento su rol durante el golpe y la dictadura.
Foto: archivo La Nación
