Después de 7 meses de conflicto, el organismo estatal declarará caduca la licencia y llamará a un concurso entre oferentes privados.
Jueves 14 de julio de 2016 18:31
Vencido el plazo para que el empresario Martínez “Patota” Rojas presente la documentación pendiente que demostrase el origen lícito de los fondos, la mayoría oficialista del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), decidió declarar caduca la licencia de LR9 Radio América AM1190 y llamar a un concurso inmediato en búsqueda de un nuevo comprador privado.
Si bien aún no está oficializado, la comisión interna de trabajadores está avanzando en las negociaciones con Miguel de Godoy, titular actual del Enacom. En principio, se nombrarán dos delegados normalizadores, uno perteneciente al Enacom y otro del Ministerio de Trabajo. El concurso de relicitación no durará más de 2 meses y se quedará con la frecuencia el ofertante privado que sume más puntos en la negociación, es decir, quién retenga la mayor cantidad de trabajadores en la empresa (entre 70 y 120).
Debido a que la intervención será por deudas impositivas, aportes y salarios adeudados de hace 7 meses, Martínez Rojas se encontrará imposibilitado de negar la entrada a los delegados normalizadores. Recordemos que hace un mes, este empresario había tomado ilegal y violentamente la planta transmisora de la radio y actualmente se encuentra emitiendo música únicamente. A su vez, hace unos días, la AFIP denunció a los empresarios Szpolski-Garfunkel por la evasión de $85 millones en aportes de seguridad social de los trabajadores.
Si bien la composición accionaria vigente no está acreditada, la titularidad de la licencia de Radio América actualmente la tiene la empresa Desup S.A. En ese expediente, figura como “controlante” uno de los empresarios más ricos del país, Eduardo Eurnekian, que vendió la emisora a principios de la última década. También aparece la presentación de Manfla S.A., una de las tantas sociedades fantasma creadas por Szpolski para el financiamiento de la pauta oficial millonaria.
La realidad es que los trabajadores de Radio América vienen exigiendo la intervención del Gobierno hace más de 6 meses, cuando los empresarios vaciaron el Grupo 23 y dejaron a cientos de familias en la calle. Según la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la intervención estatal tendría que haber sucedido desde el principio del conflicto, en defensa de los puestos laborales con una relicitación de la frecuencia. El texto de la Ley, contempla que “hasta tanto se adjudique la nueva licencia, la autoridad de aplicación se hará cargo de la administración de la emisora. Si el concurso fuera declarado desierto, la emisora deberá cesar sus emisiones".
