Entrevista a Chuzo González Quintana, abogado APDH y denunciante ante la CIDH por la represión a la Comunidad Pu Lof de Cushamen.
Daniel Satur @saturnetroc
Jueves 24 de agosto de 2017 11:20
El abogado, Chuzo González Quintana, es parte del equipo que presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la medida cautelar que finalmente fue aprobada, e intima al Gobierno que en un plazo de diez días de respuesta sobre la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
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¿Cómo llegan desde la APDH a realizar la denuncia ante la CIDH por la represión en el Pu Lof de enero?
Fue entonces cuando en horas de la siesta se detiene en la carpa que estaba montada en pleno centro de esa localidad, un vehículo. Se bajan dos mujeres y casi desesperadamente piden ayuda a los que allí estábamos trabajando. Concretamente solicitaban un abogado de derechos humanos que las acompañara a la localidad de El Maitén en donde, a raíz de los gravísimos hechos de represión suscitados en la madrugada del 10 de enero en la Lof en Resistencia Cushamen, habían detenido a 10 personas y otras tantas estaban heridas en el territorio, incluyendo mujeres y niños.
Sin dudarlo ofrezco mi acompañamiento e intervención profesional. Llegamos a la localidad de El Maitén. La comisaría estaba sitiada, mucha gente de condición mapuche exigía la libertad de 7 detenidos, vejados, torturados y heridos dentro de los calabozos del lugar. Fui el primer abogado en visitar las celdas y entrevistarse con cada uno de los apresados. Largo sería describir la situación.
Pero hay un hecho muy especial que me sensibilizó de gran manera. Dos mujeres lloraban en una celda, la mayor abrazaba y consolaba a la menor. Una de ellas tenía el brazo fracturado, la otra menstruaba de manera abundante producto de stress vivenciado. Ninguna de las dos había recibido la atención humanitaria mínima. A la menor le dijeron desde un sórdido pasillo policial “tomate tu propia sangre india sucia”. Ivana Huenelaf y Daniela “rojita” González eran las mujeres.
Recorrí dos calabozos más, había dos varones, uno baleado en la espalda y el otro con el rostro desfigurado. Gustavo Jaime y Javier Huechullpan. Un tercero estaba “desaparecido”, Jorge Buchile y los hermanos Gonzalo y Pablo Seguí detenidos bajo custodia en sala de guardia. Me fui con el corazón roto y una terrible bronca atragantada. Llegué de madrugada a Esquel en donde habían tres detenidos mas, Ariel Garzí, Ricardo Antihual y el hermano menor del Lonko Facundo Jones Huala. Los tres estaban muy golpeados también.
Lo primero que hice junto al colega Raúl Prytula de APDH Río Negro fue interponer una acción de hábeas corpus en el Juzgado Penal a cargo del Juez Ricardo Colabelli, confeso antimapuche que rechazó la acción, luego de escuchar los testimonios de los jefes de policías que intervinieron en el conflicto del 10 y 11 de enero.
Finalmente y luego de que el conflicto y la situación se fue agravando cada vez más, junto con mis compañeros los abogados Fernando Cabaleiro y Darío Avila interponemos la denuncia ante la CIDH el jueves 13 de enero a las 01:00 de la mañana, donde denunciamos lo sucedido en la Lof y en El Maitén los días 10 y 11 de enero. La CIDH rápidamente le dio curso y se avocó a investigar los hechos.
¿Qué opinión expresó la gente de la comunidad sobre la denuncia que realizaron ante la CIDH, teniendo en cuenta el historial de experiencias previas que tienen con un sistema judicial que nunca los protegió? ¿Qué expectativas tienen?
¿Cuál fue la respuesta del Estado argentino ante la CIDH a partir de su denuncia de los hechos? Teniendo en cuenta la campaña de demonización que, desde antes y durante las represiones, llevan a cabo gran parte de los medios de comunicación.
Sin embargo las respuestas oficiales fueron las que en estos días se han ido fortaleciendo, en el sentido de intentar justificar hechos de extrema gravedad represiva, en el supuesto accionar violento y terrorista de una organización mapuche que ha decidido dejar la pasividad y la opresión, para plantear un proyecto político basado en la recuperación de tierras ancestrales, la cultura y la cosmovisión de su pueblo preexistente.
Cuando realizaron el 2° informe para la CIDH el lonko Facundo Jones Huala se encontraba detenido por segunda vez. Esto fue posible ya que el Ministerio de Asuntos Exteriores no notificó al Estado Chileno de la nulidad del juicio de extradición, quedando vigente el orden de captura internacional ¿Por qué crees que no se realizó este importante paso administrativo que permitió este avasallamiento de los derechos del lonko?
Nada de eso ha sucedido y entendemos que obedece al mecanismo impune con que se maneja el actual Gobierno de la república a la hora de avanzar con la desarticulación de la lucha mapuche en Cushamen.
El objetivo es desde hace un par de años encerrar al Lonko Facundo y desactivar al MAP como organización política. Sabido es que toda resistencia se debilita atacando directamente a su cabeza. Y justamente Lonko significa cabeza, allí apuntan y por eso necesitan armar causas y procesos penales aquí o en Chile que consigan condenar al líder, a la cabeza que guía el movimiento en resistencia.
¿Ustedes conocen antecedentes de que el Estado argentino haya actuado de manera similar frente a otros casos, tanto de pueblos originarios como de otros sectores populares?
Durante el Gobierno anterior la lucha contra el ataque a las comunidades qom, wichis, pilagá y guaraníes se convirtió en una causa nacional, incluso con una denuncia ante la CIDH que lamentablemente no fue admitida ni tuvo avances como esta que hemos interpuesto en enero con los compañeros de APDH y Naturaleza de Derechos, pero a los largo de los casi 200 años de Estado Argentino nunca un solo Gobierno se ha ocupado de reconocer de manera sensata la preexistencia de las 36 naciones originarias que coexisten actualmente dentro de la república.
La madre de Facundo dijo que hay un rumor de que Villanueva quiere enviar a Facundo a Buenos Aires, a un penal con clínica, por su estado de salud. ¿Qué se sabe de eso?
¿Creés que Villanueva puede darle la libertad próximamente a Facundo?
El 10 de agosto la CIDH otorgó un plazo de 72 horas al Ministerio de Relaciones Exteriores para que informara sobre el paradero de Santiago Maldonado. ¿Tenés información sobre la respuesta si es que la hubo?
Daniel Satur
Nació en La Plata en 1975. Trabajó en diferentes oficios (tornero, librero, técnico de TV por cable, tapicero y vendedor de varias cosas, desde planes de salud a pastelitos calientes). Estudió periodismo en la UNLP. Ejerce el violento oficio como editor y cronista de La Izquierda Diario. Milita hace más de dos décadas en el Partido de Trabajadores Socialistas (PTS).