Latinoamérica. El Estado brasileño es responsable de la ejecución de Diego Bomfim y otros dos médicos

Como Movimiento Revolucionario de Trabajadores, integrante de la Red Internacional La Izquierda Diario, nos solidarizamos con Samia Bomfim y su familia en este momento difícil, así como con las familias de los demás médicos.

Hay incertidumbre en torno al asesinato de los médicos en Río de Janeiro, pero lo que las características del crimen hacen prácticamente seguro es que se cruza con la cuestión de las milicias, que es el nombre genérico con el que se conoce en Brasil a las organizaciones parapoliciales.

Barra da Tijuca, lugar de los asesinatos, forma parte de la Zona Oeste, que se caracteriza por ser una región donde operan milicianos, de donde salió -por ejemplo- el coche utilizado por los verdugos de Marielle Franco. Las milicias son grupos criminales compuestos especialmente por policías, militares y bomberos en actividad, antiguos agentes de estas corporaciones, dirigidos y amparados por funcionarios del Estado, con el apoyo del Poder Judicial y de diversos políticos, no sólo los de extrema derecha, sino también otros como el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Da Costa Paes (miembro del derechista Partido Social Democrático, uno de los partidos que participó del golpe institucional a Dilma Rousseff. N. de T.) Por eso siempre denunciamos que la Policía y el Estado tienen mil vínculos con el crimen organizado, que se agrava aún más en Río de Janeiro, donde alrededor del 60% del territorio está dominado por grupos paramilitares. Esto se expresa en operaciones ilegales y también en las múltiples relaciones de los poderosos y la institución policial con facciones de narcotraficantes.

El tráfico de drogas, el tráfico de armas, la extorsión a los residentes que pagan por servicios dentro de las favelas y otros delitos diversos también están relacionados con miembros poderosos del régimen político y grandes empresarios, pero quienes pagan son siempre los habitantes de las favelas y las periferias, especialmente los jóvenes negros, que son exterminados con represión, en nombre de la farsa de la "guerra contra las drogas", mientras se preservan a los paramilitares y poderosos, así como a narcotraficantes. Toda esta situación refuerza la necesidad de una fuerte lucha contra las milicias, que se han convertido en un enorme poder en Río de Janeiro.

Este crimen bárbaro nos recuerda inmediatamente el asesinato de Marielle Franco, así como la ejecución del hermano de Marcelo Freixo en 2006, ambos por milicianos. Es inevitable pensar que se trató de un crimen que implicó represalias políticas por las acciones de la diputada federal del PSOL, Samia Bomfim, sobre todo porque se sabe que las milicias tienen sectores reconocidos por su ideología reaccionaria. Más allá de lo que revele el avance de las investigaciones, lo cierto es que el Estado -por los múltiples lazos con las bandas armadas- es responsable de este asesinato y es responsable en varios sentidos.

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En primer lugar porque han pasado más de 2.000 días desde el brutal asesinato político de Marielle Franco, y hasta el día de hoy el caso no ha sido resuelto. La impunidad continúa, aunque es muy clara la participación de varios agentes del Estado en ese crimen, los vínculos con las milicias y las obstrucciones y distorsiones a lo largo de la investigación. Marielle Franco fue asesinada en 2018 durante la Intervención Federal de las Fuerzas Armadas en Río, encabezada por Michel Temer y el general Braga Netto, que ahora es objeto de investigaciones por una serie de acusaciones de corrupción. En esa oportunidad, se trataba de otra operación federal en Río, que no hizo más que agravar los problemas sociales y dejar un reguero de muertes, especialmente entre los jóvenes negros, y esa vez directamente con un asesinato político de una concejal de izquierda.

El debate sobre si federalizar o no las investigaciones sobre el asesinato de los médicos no garantiza llegar a la verdad. Para garantizar una investigación y una sanción efectivas, tanto del asesinato de este último jueves de los tres médicos, como el de Marielle, no puede haber ninguna ilusión en las fuerzas represivas. Es necesaria una investigación independiente del Estado, llevada adelante por parlamentarios del PSOL, organismos de derechos humanos, representantes sindicales, intelectuales especializados en la crisis social de Río de Janeiro y otros sectores que cuentan con legitimidad popular. Con pleno acceso a archivos, expedientes de investigación, la posibilidad de contratación de peritos independientes, la participación en la producción de pruebas, entrevistas a testigos y el acceso a todo tipo de información.

Estos asesinatos ocurren en momentos en que el gobierno federal de Lula-Alckmin está dando una respuesta mediática y falaz al problema de la llamada “seguridad pública”, repitiendo una vez más la política de fortalecer la represión, expresada en el operativo en Río de Janeiro y en Bahía (gobernado por el PT desde 2007), tratando el tema del mismo modo que la derecha y la extrema derecha.

Cláudio Castro (gobernador de Río, del Partido Liberal) y Flávio Dino (ministro de Justicia federal) alcanzaron un acuerdo represivo contra negros, trabajadores y pobres, previendo el envío de 300 efectivos de la Fuerza Nacional y otros 270 de la Policía Federal de Carreteras, coordinados junto con la Policía Militar y Civil del Estado de Río de Janeiro en la “Operación Marea”. A través de Flávio Dino, el gobierno de Lula también está invirtiendo 95 millones de reales (U$S 18,400 millones de dólares) en la construcción de dos nuevas cárceles federales en el Estado de Río de Janeiro, además del altísimo presupuesto que se destinará a este ámbito.

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Esta operación es tan burda que fue suspendida tras preguntas del Ministerio Público Federal, a través de la Procuraduría Regional de los Derechos de los Ciudadanos de Río de Janeiro (PRDC/RJ), que dio diez días para que el ministerio informara si las acciones promovidas cumplen con los mandatos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Supremo Tribunal Federal (STF). Operaciones como ésta nunca han resuelto ningún problema relacionado con el tráfico de drogas y dejan un rastro diario de víctimas, sobre todo, como dijimos, habitantes de favelas, incluidos asesinatos de niños. Las milicias siempre salen ilesas, e impunes. Es la repetición de lo que ya hicieron los gobiernos como el anterior de Lula y Dilma, que llevaron a cabo la ocupación militar del Complexo da Maré entre el 5 de abril de 2014 y el 30 de junio de 2015, y también apoyaron y financiaron la implementación de las cínicamente llamadas "Unidades de Policía Pacificadora" (UPPs), siendo directamente responsable de la muerte de decenas de personas.

Toda esta situación es expresión de la degradación del régimen político brasileño y del de Río de Janeiro en particular. Este régimen político, que sirve a los grandes empresarios, es el que sostiene esta violencia en Río, mientras las milicias actúan con impunidad y las reaccionarias bandas de narcotraficantes siguen siendo muy fuertes. Las milicias están organizadas por agentes del Estado y se muestran cada día como una potencia capaz de barbaridades como este caso del asesinato de los médicos. Sólo una movilización independiente del Estado -con sindicatos y movimientos sociales- puede dar una respuesta a la crisis social y evitar la impunidad por crímenes como este y de las víctimas de la violencia estatal.