La realidad de los feminicidios tienen un gran responsable: las políticas de un Estado patriarcal que sostiene la violencia hacia las mujeres y la comunidad LGBTIQ+
Martes 12 de octubre de 2021
Desde la segunda mitad del siglo XX, las feministas hemos dedicado parte importante de nuestro activismo a develar y denunciar las violencias específicas que vivimos por el simple hecho de ser mujeres o disidencias.
El feminicidio es el último eslabón de esa cadena, la expresión más extrema de la violencia patriarcal. Muchas autoras han desarrollado en extenso la relación de esta violencia específica con el ejercicio de poder y autoridad sobre nosotras las mujeres: como un elemento disciplinador y atemorizante que asegura y reproduce la dominación machista en todas las áreas de nuestras vidas.
En Chile esta situación se replica de manera dramática. Y una de las principales razones es que el Estado no solamente garantiza la impunidad patriarcal, con un sistema judicial al servicio de los ricos; sino que obstaculiza mediante burocracia y desvalorización de los testimonios, el acceso a las ayudas para escapar del círculo de violencia.
Según un estudio de Ciper [1] , de los 131 feminicidios reconocidos por Estado entre 2018 y 2020, solamente 19 casos habían alcanzado resolución judicial. El resto se mantiene en la espera de una justicia que muy probablemente no llegue. Entre 2011 y 2017, al menos el 45 por ciento de las víctimas de femicidios frustrados, consumados y tentados había denunciado previamente a su agresor, sin ninguna medida de protección que evitara un desenlace fatal.
El Estado chileno ha preferido elevar las penas contra los femicidas antes que evitar que esos asesinatos sucedan, porque le conviene más fortalecer su aparato represivo y el control policial antes que las vidas de las mujeres. Nuestras vidas para el Estado son un número, nada más.
Es peor cuando somos mujeres que luchamos contra este sistema de injusticia y desigualdad. El Estado capitalista y patriarcal nos desprecia, y ejerce su represión con virulencia, con violencia político sexual, lo ha hecho tanto en dictadura como en democracia. No perdonamos y no olvidamos.
El reciente asesinato de la compañera Denisse Cortés, parte de la Defensoría Popular, es una triste demostración de esto. Denisse era una reconocida activista de los Derechos Humanos. No confiamos en las declaraciones del gobierno, que buscan responsabilizar a manifestantes por la muerte de Denisse.
Su familia declaró que Carabineros entorpeció el paso de los servicios de salud que iban a asistirla, falleciendo producto de la negligencia policial.
El Estado es responsable. Se vuelve más necesario que nunca retomar las calles para enfrentar la represión de Piñera.
Exigimos juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de la muerte de Denisse.
Nosotras no queremos vivir para contar nuestras muertas. En su memoria, y en la de todas nuestras compañeras, seguiremos luchando.
