Esta semana estamos viviendo un juicio político con mayúsculas. Desde un punto de vista jurídico no hay caso. Desde el político, vemos un estado autoritario.
Guillermo Ferrari Barcelona | @LLegui1968
Miércoles 8 de febrero de 2017
Foto: EFE
Las presiones por parte de la Fiscalía a Catalunya
Durante los días previos y posteriores a la consulta del 9N, la Fiscalía General del Estado se estuvo moviendo para presentar una querella en relación a la celebración del “proceso participativo”. El 17 de noviembre, los nueve fiscales catalanes se reúnen y argumentan por unanimidad que no hay base legal, dejando constancia escrita en el acta de la misma reunión. Por lo tanto, inicialmente no estaban por presentar querella alguna.
La reacción inmediata de la Fiscalía de Madrid es convocar una reunión de urgencia de la Junta de Fiscales para tratar únicamente este punto. La Fiscal jefe de Barcelona se posiciona a favor del Fiscal Torres-Dulce y de presentar la querella. Finalmente, a instancias de este órgano de asesoramiento técnico y las presiones desde la Fiscalía, el Fiscal jefe de Catalunya, Jesús María Romero de Tejada presenta la querella redactada desde Madrid.
Artur Mas había recordado la contradicción de los criterios de ambas fiscalías. "Este no es un juicio que tenga base legal. Es un juicio instado por la Fiscalía General del Estado, no por los fiscales de Cataluña, en connivencia con el Gobierno español del Partido Popular". También lo hizo Irene Rigau en su declaración dentro del juicio el lunes pasado. En menos de 30 días, el Fiscal General del Estado Torres-Dulce acabó dimitiendo por discrepancias con el Gobierno.
La actuación del Tribunal Constitucional
El 9N se convoca el día 27 de septiembre sobre la base de la Ley de Consultas aprobada días antes en el Parlament. A partir de aquí se activa la maquinaria del Gobierno. El Presidente del Gobierno y el entonces líder del PSOE, Pedro Sánchez presentan un recurso ante el TC y éste, en tiempo récord, la acabó paralizando inmediatamente.
De todas formas, la Generalitat decidió continuar aunque cambiando la “consulta” por un “proceso participativo”, una especie de movilización en la cual se puede ir a opinar sobre las preguntas definidas. Pero el TC, el 4 de noviembre, suspendió de forma cautelar el “proceso de participación ciudadana”. Sin embargo, al ser la Providencia del TC tan amplia, la Generalitat solicitó al Tribunal una aclaración, que no llegó nunca.
Tanto el Congreso de los Diputados, con la oposición firme del PP y el PSOE, como el Tribunal Constitucional han actuado y lo siguen haciendo para impedir cualquier tipo de consulta. A pesar de las movilizaciones que se dan año tras año con centenares de miles en las calles cada “diada” de Catalunya, el Régimen del 78 es tan estrecho que no puede reconocer dicha situación, tan solo decir que la Constitución no lo permite y se quedan así de anchos.
Rajoy se congratulaba que no hubo Referéndum
Durante la semana previa y posterior al 9N, el Gobierno de Rajoy se pavoneaba con que no hubo Referéndum alguno. El día anterior se despachó con un “Lo de mañana no es un Referéndum, ni es una consulta”. Y, luego de las votaciones sentenció “Dije que el referéndum no se celebraría y no se ha celebrado”. Lo que se produjo aquel domingo, explicó, fue un “simulacro electoral, sin censo, sin interventores, controlados por los que defendían una postura, que fueron juez y parte”.
Pero, si no hubo Referéndum, ¿contra qué se está querellando el Gobierno? Esto es lo que se preguntaba Artur Mas. Su razonamiento era “pero si acaté al Tribunal Constitucional convirtiendo el Referéndum en una movilización social junto con una encuesta, ¿por qué me quieren inhabilitar?”
Sin duda alguna que algo de razón tiene el ex President puesto que no habría desobediencia. Sin embargo, el peligro no es tanto la desobediencia o no de Mas, sino la movilización social. El 9N ha sumado casi 2,4 millones de votantes, poco menos de la mitad de quienes podían ir a votar. Eso es lo que el Estado español, el Gobierno, la oposición del PSOE y Ciudadanos, el TC y todas las instituciones de esta democracia para ricos no pueden soportar. Quieren acabar con ese desafío popular. Por eso, esos juicios son políticos y el contenido jurídico es secundario.
Entre el respeto al TC y los voluntarios
La defensa plantea que no hay caso, puesto que la Fiscalía de Cataluña se había pronunciado así, puesto que la Providencia del TC no fue clara, puesto que incluso el Presidente se congratulaba que no hubo Referéndum. Lo que esto indica es que la Generalitat no desobedeció. Pero aun así, quieren la cabeza de, al menos, Artur Mas.
Es difícil de entender una defensa de este tipo “Nosotros no desobedecimos” desde la perspectiva del movimiento independentista. Entonces es lícito preguntarse, ¿Cómo piensan garantizar el próximo Referéndum convocado para antes de setiembre? ¿También dirán “Nosotros no desobedecimos”? La actuación del Gobierno, las oposiciones y las instituciones son muy claras al respecto. Ellos no lo permitirán. ¿Quiénes les enfrentarán?
Pero, si es cierto que no hay causa y que tampoco la Generalitat desobedeció, ¿Por qué dicen que los hechos solo fueron realizados por “los voluntarios”? La ex Vicepresidenta dio por respuesta a varias preguntas del abogado defensor con “Els voluntaris”. El argumento es que las instituciones autonómicas pararon su actuar el mismo día 4. Algo que no tiene sentido, puesto que Francesc Homs había indicado que no estaban violando la Providencia del TC.
Es entendible que la defensa quiera evitar las inhabilitaciones, pero esto no puede hacerse de cualquier manera. Decir que “no desobedecimos”, y que el 9N fue hecho por “los voluntarios” es una clara muestra de la calidad de estos dirigentes. Quieren evitar la inhabilitación diciendo que la Generalitat no hizo nada.
No obstante, Artur Mas declaraba que “era responsable de todo”. Si esto es así, entonces, estos dirigentes tendrían también que hacerse cargo de la ejecución del 9N. Se supone que se convocó como parte de las movilizaciones para preparar el camino al Referéndum. Entonces, deberían reivindicarlo, ante los jueces y todo el pueblo. En lugar de buscar triquiñuelas jurídicas, tendrían que convocar a la movilización y la desobediencia. No hay alternativa, si quiere imponer el Referéndum, no se podrá hacer desde el Parlament.
Entre el “no desobedecimos” y el 9N lo hicieron “los voluntarios” la defensa está haciendo un flaco favor a la causa del Referéndum. Si Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega hicieran un alegato político respondiendo al juicio político del TC, la Fiscalía y el Gobierno esto sería un gran impulso para que el movimiento de masas imponga el Referéndum. No es su intención.
Sin embargo, la estrategia de estos dirigentes de la extinta Convergència i Unió, no reside en la movilización de las masas para obtener un derecho democrático tan básico, como el derecho de autodeterminación nacional que tiene más de 200 años de existencia (mucho más que la Constitución del 78).
Si de verdad quisieran imponer un Referéndum vinculante y llevar a la práctica el mandato resultante, las fuerzas pro-referédum deberían estar a la cabeza de la movilización de los trabajadores y el pueblo para torcer el brazo al Gobierno. O, por lo menos, esto es lo que debería impulsar el ala izquierda, la CUP y los Comunes deberían estar a la cabeza de la lucha por anular los juicios y promover un Referéndum vinculante.
