TODOS JUNTOS PERSIGUIENDO EL CONSUMO PERSONAL. El Estado gastó en estos años 120 millones de dólares en perseguir a consumidores de drogas

En plena campaña electoral María Eugenia Vidal y Axel Kicillof usan el narcotráfico como tema, pero la realidad es que ni el anterior Gobierno ni este apuntan contra el gran delito organizado del narcotráfico.

A pesar de la propaganda que hacen sobre la incautación y de usar eso como uno de los ejes de campaña, los grandes narcos siguen en sus lujosas casas, como las del Nordelta, en Tigre, el partido bonaerense que dirigió muchos años Sergio Massa, el candidato a primer diputado por el Frente de Todos, que en vez de acabar con ese gran negocio, al menos en su propio territorio, propone meter más Gendarmería en las villas.

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Son los consumidores a quienes se persigue haciendo girar la rueda de la burocracia judicial, gastando millones de dólares en vez de invertir esa plata en necesidades de la población, como paliar el hambre. Recordemos que en el primer semestre de este año, la pobreza trepó al 35,4% de la población.

Pero para algunos, como Kicillof estas cifras son importantes…para utilizarlas en la campaña electoral. Este lunes fue “noticia” en todos los medios el cruce de afirmaciones entre el candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires por la fórmula que lideran los Fernández y la actual gobernadora –y candidata por Juntos por el Cambio- María Eugenia Vidal.

Kicillof afirmó que “con la pérdida de empleo hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo”, para enseguida aclarar acerca de la posibilidad de no ya legalizar el consumo, sino despenalizarlo: “mirá, no lo tengo muy claro”. Parecía como si el muy probable futuro gobernador de la Provincia no quisiera inquietar demasiado a la principal organización criminal, la Bonaerense, regente del gran delito, pero también del pequeño.

Vidal, en declaraciones a radio Mitre le contestó: “A los narcotraficantes hay que pegarles donde más les duele, ellos no son pobres ni desocupados, son millonarios”.

A esta saga se sumó la inefable ministra de Seguridad Patricia Bullrich que en su cuenta de twitter escribió: “A los narcos los metemos presos! Durante 4 años detuvimos a narcos muy pesados que el gobierno anterior dejó que se instalaran en la PBA para armar su negocio. Con su declaración pareciera de que (sic) Kicillof busca convertir a la PBA en tierra liberada”.

El discurso punitivista de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich va fundamentalmente contra la juventud.

Cinismo reloaded. Porque ni el gobierno del que fue parte el ex ministro de economía, ni el actual “combatieron” realmente a los millonarios narcotraficantes.

Cuando fueron removidas algunas de las cúpulas de las Policías de Córdoba o Santa Fe, incluso algún que otro jefe policial de Buenos Aires, casi siempre se trató de internas entre ese cuerpo del aparato represivo del Estado, o fusibles útiles para el poder de turno.

Es inimaginable el sostenimiento de delitos (narcotráfico, los desarmaderos de autos, la trata de personas) como del que se vale el actual gobierno, usando como excusa la inseguridad para seguir militarizando zonas, sin como mínimo la complicidad de las fuerzas estatales.

Cómo es posible sino, atravesar aduanas, trasladar "mercancía" por distintos territorios. Pero también, hay que pensar en cómo se blanquea luego todo ese dinero. Sin la anuencia del sistema financiero, sería imposible.

Como vemos, la ilegalidad de la tenencia de drogas para el consumo personal, no hace más que favorecer esa gran rueda del gran delito, que tiene como motor la propia existencia del sistema capitalista.

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Incluso la utilización de pibes de las barriadas populares para el narcomenudeo, los llamados “soldaditos”, o para el robo, es parte de la “recaudación” de las Policías. Negarse, muchas veces a esos chicos les puede costar la vida.Luciano Arruga fue el caso emblemático de lo que decimos.

Mientras estos candidatos hacen campaña, las cifras hablan por sí solas

La organización RESET, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos y estudiantes, elaboró un informe que da cuenta de que tan solo en estos cuatro años el Estado gastó 122 millones de dólares para perseguir a usuarios de drogas y cultivadores de marihuana. Tan solo el año pasado, el costo de cada causa iniciada por este motivo fue de 2.500 dólares.

Las cárceles están pobladas de personas acusadas de estos “delitos”, la gran mayoría de ellas son mujeres de bajos recursos o extranjeras. Según los datos del Ministerio Público Fiscal, del 2016 al 2018 se abrieron 30.185 causas por tenencia simple o consumo de drogas. Estas son las estadísticas que gusta enarbolar la ministra de Seguridad.

Son causas que se abren gracias a la Ley de drogas, la 23.737, cuyo artículo 14 establece que será detenida toda persona que tenga en su poder estupefacientes. El fiscal Federico Delgado el año pasado había planteado que en un solo mes, en la fiscalía que dirige, el 73% de las causas iniciadas por infracción a esa ley, eran en realidad tenencia para consumo personal.

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Ricardo Pont, miembro de RESET encargado de dirigir el estudio mencionado, fue contundente en su conclusión: “Hay una cuestión de clase que indica que el pobre no tiene derecho al placer, porque si uno analiza los casos, son esas las personas criminalizadas por la política de drogas y perseguidas por el prohibicionismo”.

Gastos de millones de dólares para perseguir la tenencia y consumo de drogas, estigmatizando sobre todo a la juventud. Mientras en el país millones se hunden en la pobreza y las grandes mayorías sufren una crisis que no produjeron.

Otro de los planes perfectos que tienen quienes proponen seguir de la mano del FMI, menos el Frente de Izquierda Unidad, que no tiene dudas al respecto y plantea la legalización integral del uso del cannabis.

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