Viernes 12 de diciembre de 2014
Imagen: Telam
El Estado nacional y de la Provincia de Buenos Aires pedirán disculpas e indemnizarán a una joven con discapacidad, a quien primeramente le negaron el derecho al aborto no punible que le correspondía ejercer, al haber quedado embarazada después de una violación.
La joven, que ahora tiene 27 años, atravesó por esta grave situación donde fueron vulnerados sus derechos cuando apenas contaba con 19 años de edad (las pericias señalaron, entonces, que su edad mental era de 10 años cuando fue abusada por un tío) y su caso fue presentado en 2007 ante la Comité de Derechos Humanos de la ONU, por distintas organizaciones que pelean por el derecho al aborto en Argentina.
Recordemos que ante la solicitud de su madre de un aborto no punible, realizada en el Hospital San Martín de La Plata, intervino una jueza de menores prohibiendo la interrupción del embarazo, por presión de la Iglesia Católica. En ese momento, SUTEBA La Plata, la agrupación feminista Las Azucenas, el Frente Popular Darío Santillán, el Partido Obrero, Pan y Rosas y el PTS, entre otras organizaciones se movilizaron repudiando a la Iglesia y la Universidad Católica por su interferencia en el caso. La enfermera Malena Reyes, de Pan y Rosas, trabajadora del Hospital San Martín denunció la hipocresía de las autoridades. “Yo veo todos los días como mueren las mujeres pobres en el Hospital por no poder pagar un aborto seguro.”, señaló.
El 20 de marzo de 2011, el Comité emitió dictamen favorable y condenó al Estado argentino por no haber garantizado el acceso a un aborto no punible. “Yo no quiero que le pase nunca más a ninguna mujer lo que le pasó a mi hija, y lo que nosotras tuvimos que sufrir por ella. Cuando me entero de que a otra chica le pasa lo mismo, lloro y quiero abrazarla y decirle que tiene derecho, que pelee por sus derechos”, dijo la madre de la joven a Página/12.
La reparación del Estado fue calificada como un hecho “histórico”, por la referente de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Estela Díaz, titular de la CTA oficialista.
Pero la hipocresía del gobierno sigue su curso, sobre la salud y la vida de las mujeres. Al mismo tiempo que se intenta reparar un derecho que le fue negado a esta joven, ocho años atrás, la policía allana una supuesta “clínica” clandestina donde se practicaban abortos y varias mujeres fueron detenidas, incluso las que habían sido recién intervenidas quirúrgicamente, que fueron trasladadas a un hospital donde permanecen con custodia policial, como si se tratara de delincuentes.
