Finalmente, tras el enorme rechazo y la solidaridad que despertó su injusto despido, Paula Ferioli, mamá de dos niños, sostén de familia y despedida por el Estado, fue reincorporada esta mañana. Había exigido su derecho a una licencia por violencia de género, y pretendían responderle dejándola en la calle.
Martes 30 de julio de 2019 12:49
El INAES, donde trabajaba precarizada desde hace seis años, la violentó nuevamente al despedirla, tras hacer uso de una licencia por violencia de género, a raíz del maltrato que sufría en su hogar.
Recordemos que Paula trabaja como abogada en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que depende del Ministerio de Desarrollo Social que dirige la amiga del papa, Carolina Stanley. Realizaba asesoría legal y asistencia a cooperativas y mutuales en el interior.
Paula sufría violencia física y psicológica por parte de su pareja desde el 2017, y a principios de 2018 decide abandonar el hogar resguardando la integridad de ella y sus hijos. Fueron dos años de martirio en los que tuvo que recurrir en reiteradas oportunidades a “licencias por enfermedad”, debidamente justificadas por salud pública, mientras sorteaba los obstáculos de una relación violenta.
Hasta ese entonces no existía la “licencia por violencia de género” en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), que gracias a su lucha hoy ya rige en el Estado. Fue así que en mayo de este año Paula denunció nuevamente a su ex pareja –obteniendo una medida cautelar sin límite temporal- y esta vez pudo ponerle nombre al maltrato, cuando le otorgaron la licencia por violencia de género por un mes.
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El hostigamiento en su ámbito laboral, como trascendió en estos días, comenzó en 2018 cuando su jefa, Mirta López, plantea al área donde trabajaba Paula que para continuar cobrando las “horas extras” debería concurrir los sábados a cumplirlas. Paula, que se encontraba bajo licencia, respondió en disconformidad, y así comenzó la persecución, los malos tratos, la quita de tareas, los ninguneos por parte de su jefa y su coordinador, Gonzalo Ribeiro, y del delegado gremial de UPCN, Mario Uribe, a quien Paula señala por complicidad sindical.
Su injusto despido demostró la discriminación laboral que prima sobre los convenios vigentes en materia de violencia de género, y desnuda brutalmente las consecuencias de la precarización que es sustento para todas las otras formas de violencias que sufren particularmente las mujeres, como la persecución, la coacción, las amenazas de despidos, los salarios bajísimos.
"La precariedad laboral también es una forma de violencia, que afecta mucho más a las mujeres, y que profundizaron todos los gobiernos, desde el peronista Menen a principios de los ’90 hasta los radicales, aliancistas, kirchneristas y macristas que le siguieron, tiene la complicidad de las direcciones sindicales, como UPCN, y en este caso se vio también con mucha claridad", dijo Lía Pesaresi, delegada ATE-Indec y referente de Pan y Rosas.
“Paula fue discriminada y hostigada por la inestabilidad laboral, por el incumplimiento de los convenios conquistados, por el despido injusto, por ser víctima de la violencia por la que millones salimos a las calles en todos estos años. Como decimos siempre, la violencia hacia a las mujeres es una larga cadena de violencias que parte del mismo Estado, y aquí ha quedado a la vista. Haber logrado su reincorporación es un enorme paso adelante, para Paula, y también para todas las trabajadoras, porque su reincorporación sienta un importante precedente”, agrega Ludmila Pons, de la comisión de mujeres del ENRE.
El maltrato y la discriminación que sufrió Paula es parte de una realidad cotidiana que viven miles de mujeres trabajadoras. Por eso las Lía y Ludmila subrayan que "hay que invertir las prioridades. Ese también es un mensaje que deja esta lucha que dimos para que Paula vuelva a su puesto de trabajo". "Nuestras vidas están primero: que el dinero de la deuda vaya a presupuestos que respondan a esta realidad acuciante", agregan, y destacan que "por eso apoyamos y exigimos el tratamiento del proyecto que han presentado Myriam Bregman, Nathalia González Seligra y Nicolás del Caño, candidatos del PTS en Frente de Izquierda-Unidad, que promueven la sanción de un Plan integral de emergencia para construir albergues, destinar viviendas ociosas para las mujeres y su familia en situación de violencia, subsidios, alquileres o compras a tasa cero, licencias pagas, etc".
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Finalmente, las referentes estatales, que integran la Agrupación Marrón en la lista Multicolor, destacaron que "para poder lidiar con su trabajo mientras intenta salir de las situaciones de violencia, es imprescindible terminar con la precarización laboral, que se implementen las licencias, que se prohíban los despidos”.
