En la sesión 162 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió en Buenos Aires a la delegación de Uruguay.
Viernes 26 de mayo de 2017 15:21
Ayer jueves 25 de mayo en otra de las sesiones que viene llevando adelante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Argentina, recibió las denuncias de la delegación de Uruguay.
Allí, estuvimos presentes con sobrevivientes, familiares, organizaciones de derechos humanos y abogados en causas de lesa humanidad, que presentaron denuncias contra el estado uruguayo.
La delegación estuvo compuesta por la Comisión de Derechos Humanos de Uruguay, el Observatorio Luz Ibarburu de Uruguay, desde Italia llegaron los abogados, junto a Jorge Ithurburu, presidente de "24 de marzo Onlus" representante de la querella en el juicio por Plan Cóndor que se desarrolló en Italia y tuvo un fallo escandaloso, donde fueron absueltos la mayoría de los responsables del genocidio sobre todo de Uruguay.
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Parte de las denuncias estuvieron dirigidas a las amenazas que el “Comando Barneix” lleva adelante en Uruguay contra quienes son parte en los juicios de lesa humanidad, organismos de derechos humanos y otras organizaciones.
También dieron cuenta de la existencia de un aparato ilegal de inteligencia militar que funciona dentro de las fuerzas armadas para llevar adelante espionaje contra distintas organizaciones.
El Estado uruguayo estuvo ausente en la sesión, ni siquiera envió un representante a pesar de que los denunciantes así se lo habían solicitado.
Una vez más queda demostrado que no sólo el Estado es garante de la impunidad de los genocidas, si no que mantiene un aparato de inteligencia en la actualidad con las mismas prácticas de la dictadura para perseguir, amenazar y amedrentar a los que venimos por años luchamos contra la impunidad de ayer y de hoy
Durante el desarrollo de la sesión también fueron planteadas la enorme cantidad de dificultades que hacen a un franco retroceso en la investigación de las causas de lesa humanidad como expresión indudable de la falta de voluntad política para avanzar en este sentido.
Fueron también parte de la delegación uruguaya la expresidenta de la Asociación de Fiscales de Uruguay y actual presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Mirta Guinze, Francesca Lesca, investigadora en Derechos Humanos de la Universidad de Oxford. Estuvieron presentes allí también Raul Olivera, Coordinador ejecutivo del Observatorio Luz Ibarburu, Florencia Retamozo, integrante del equipo jurídico, Pablo Chargoñia, quienes fueron los que tomaron la palabra durante la jornada.
En tal sentido se expresaron de esta manera
Raúl Olivera: es lamentable, pero hoy esperábamos una respuesta por el Estado uruguayo, sin embargo no está aquí presente. La totalidad de las organizaciones defensoras de DDHH unánimemente cuestionan la voluntad política del Estado para resolver en serio la impunidad y así se expresó el pasado 20 de mayo en una nueva marcha del silencio en todo el país donde la consigna fue: la impunidad es responsabilidad del Estado ayer como hoy.
En relación al cumplimiento de la sentencia del caso Gelman: cuando se produjo esa sentencia en el 2011 las organizaciones de derechos humanos a través del Observatorio realizaron una ronda con distintos poderes del Estado preocupados justamente por el cumplimiento de esa sentencia y el propio Estado a través del Ejecutivo que recibe esa sentencia ni siquiera se la comunica a los demás poderes. Asi fue como el propio fiscal de corte con quien nos entrevistamos en su momento le consultamos cuales son las dificultades que existen a nivel de fiscalía?? Y nos responde: no conozco la sentencia en el caso Gelman . Preguntamos entonces por qué? por qué el Estado no se la comunicó oficialmente, y cuando la reclamamos a la Secretaria de Derechos Humanos que lo hiciera, la respuesta fue que la publicaron en la página web y eso implica una gran dificultad. Otro elemento es que hoy se vence el plazo sin que hayamos tenido respuesta para un pedido de informes que le solicitamos a la Republica sobre las rendiciones de cuenta que ha hecho el estado uruguayo en el cumplimiento de la sentencia del caso Gelman.
Pablo Chargoñia: la voluntad estatal es contraria al avance cabal en el esclarecimiento pleno de crímenes de la dictadura y el juzgamiento y condena a sus responsables, así la política de impunidad es una política de estado. La etapa procesal que debería ser urgente, es demorada y como resultado arroja el dramático resultado de la muerte de las víctimas y sus familiares y no hay ningún atisbo de justicia después de tantos años de sufrimiento y espera.
En Uruguay se verifica una impunidad institucionalizada: la defensa de los represores claramente orientada a dilatar el enjuiciamiento no solo ha sido neutralizada por el sistema judicial sino que ha beneficiado mediante una conducta omisa o negligente.
Los abogados y abogadas patrocinadores de denuncias deben acometer muchas tareas que deberían corresponder al propio estado y en este contexto el Comando Barneix opera con relativa eficacia, es evidente la intención de amedrentamiento no solo a las personas afectadas, sino a cualquier persona que se sume al impulso de las causas penales. La investigación eficaz de estas que denunciamos, así como la adopción de medidas protectoras que se solicitan al estado uruguayo que no está hoy aquí presente, es realmente preocupante y era la oportunidad para pedirles que actúen en consecuencia.
Es gravísimo el desentendimiento del estado uruguayo al punto de no hacerse presente en la sesión y haber enviado mientras transcurría la misma, un informe por escrito a la Comisión, cuestión que fue puesta en debate por Changoñia donde afirmó que es un Estado que demuestra un profundo desinterés respecto de las violaciones a los Derechos Humanos .
Por su parte, y en este sentido desde la Comisión Interamericana, Jesús Orozco se lamentó por la ausencia del estado uruguayo y sentencio: esto no hace más que dificultar de manera severa con el cumplimiento del mandato de velar y proteger los Derechos Humanos. James Cavallaro, expreso: la falta de presencia de Uruguay es preocupante, era clave el espacio del dialogo acerca de las investigaciones y vías de protección para el avance de estas causas.
Es evidente que el estado es el garante de la impunidad, que no sólo protege a los genocidas responsables sino que además en la actualidad utiliza el su aparato para perseguir y amenazar a los que luchamos contra la impunidad.
La pelea para lograr el juicio y castigo para los genocidas militares y civiles va a depender de la movilización independiente del estado. La marcha del último 20 de mayo en Uruguay con miles de personas en las calles fue y debe continuar siendo una enorme demostración de que la lucha debe continuar más firme que nunca.
