Hoy se cumplen 20 meses del acontecimiento que marcaría una de las más grandes crisis de los últimos años para el gobierno mexicano. La desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes normalistas en manos de la policía y del Ejército expuso ante el mundo el horror que día con día se vive en nuestro país, azotado por el saldo aún sin número de una fallida “guerra contra el narcotráfico” y por la imposición a sangre y fuego de un conjunto de reformas antiobreras.
Nancy Cázares @nancynan.cazares
Jueves 26 de mayo de 2016
Padres de los 43 recibieron este nuevo aniversario con una protesta realizada ayer en las afueras de las instalaciones de la Procuraduría General de la República, ubicadas en Paseo de la Reforma. Continúan exigiendo la destitución de Tomás Zerón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación criminal.
Esto se da en el marco del profundo abandono en que las autoridades han dejado el caso. A casi un mes de que el Estado mexicano se negara a extender la estancia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el país, no hay avance alguno y sí, en cambio, muchas más interrogantes de las que había antes.
La CIDH, en crisis financiera
Recientemente, el GIEI llamó a un grupo de legisladores demócratas norteamericanos a que apoyaran en el seguimiento del caso, gestionado actualmente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Buscan, principalmente, que el gobierno mexicano atienda la “hoja de ruta” dejada por los expertos al final de sus 14 meses de trabajo. Aseguran que, de continuar las trabas que a ellos se les interpusieron, será poco eficaz el avance de las investigaciones.
Esta hoja de ruta consiste en 20 puntos dejados para la fiscalía, en donde se pide, principalmente, cambiar la tesis oficial, la “verdad histórica” de que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula, pues no hay ninguna evidencia que la sostenga.
Por su parte, las autoridades mexicanas continúan asegurando que están “comprometidos” con la investigación y que la CIDH cuenta con todo el respaldo del gobierno, más ahora que se divulgó la noticia sobre el riesgo de colapso financiero en que se encuentran, luego de los ajustes en asistencia internacional que países como Canadá, Finlandia, España, Dinamarca, Noruega, Francia y la Unión Europea tuvieron que hacer en medio de la crisis de refugiados.
Comisión de la Verdad es insuficiente sin organización
La demanda de la conformación de una comisión de investigación independiente es hoy más vigente que nunca, ante la cerrazón del gobierno y sus claras intenciones de cerrar el caso. Y no sólo eso. Es indispensable que existan los mecanismos para arrancar acciones al gobierno, pues de poco servirá que se sepa quiénes son los responsables, si éstos cuentan con todo un entramado de impunidad que los protege.
De esto contamos con la experiencia de la Comisión de la Verdad que, tras los horrores de la Guerra Sucia, logró comprobar la plena responsabilidad del Ejército y las órdenes giradas por el gobierno federal de “exterminar” la oposición, que derivaron en la masacre y desaparición de cientos de personas. Sin embargo, ni el gobierno local, ni el Congreso, ni el Tribunal Superior de Justicia local, hicieron nunca nada.
En el caso Ayotzinapa, las pesquisas han derivado en la detención de más de cien personas y, sin embargo, luego de que se supiera que muchas de las declaraciones y supuestas “confesiones” fueron arrancadas por medio de tortura y amenazas, la credibilidad de sus testimonios es ya casi nula, así como la confianza en que el Ejército y la policía, los mismos que participaron en la noche del 26 de septiembre de 2014, será quienes logren esclarecer el caso.
El Estado continúa pidiendo confianza, pero ¿cómo confiar en el gobierno, si según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hay 2 mil 443 servidores públicos implicados en casos de desapariciones forzadas tan sólo desde 2005? ¿Cómo confiar en el Ejército, si la misma SEDENA admite que tiene abiertas 72 averiguaciones previas por militares involucrados en crímenes como estos?
De Ayotzinapa a Telelcingo
Recientemente se liberó a los militares implicadosen la masacre de Tlatlaya, una de las tantas que ha protagonizado el Ejército. Las autoridades eligieron la política de “reparación del daño”. La excusa de la “guerra contra el narcotráfico” se les está agotando y autoridades castrenses han tenido que salir a disculparse por el proceder de las tropas. Pero nadie dice de dónde vienen las órdenes. Se puede iniciar proceso contra el soldado ¿pero qué alto mando o qué funcionario ha sido siquiera investigado?
Hace poco el hallazgo de las fosas de Tetelcingo, en Morelos, nos recordó el país en el que vivimos. En medio de un proceso electoral en donde la población sólo podrá elegir entre los mismos de siempre, 116 cuerpos aún sin identificar fueron encontrados en el predio El Maguey, en Cuautla. Ayotzinapa se repite una y otra vez y la impunidad es la única respuesta que familiares de las víctimas han recibido de parte del Estado.
Hoy, los maestros que luchan en todo el paísen contra de la imposición de la reforma educativa, levantan la consigna de la presentación con vida de los 43. “No estamos todos”, continúan diciendo y es verdad. Quienes salimos a decir “Fue el Estado” tenemos que volver a tomar las calles a hacer nuestra voz una con el magisterio, exigiendo verdad y justicia, castigo a los responsables de esta “guerra”, a quienes pactaron contra México y ahora pretenden imponernos sus reformas por medio de mentiras y represión.
Familiares de los 43 anunciaron que el día de hoy visitarán varias embajadas, como parte de las protestas a 20 meses de la desaparición de sus hijos. Acompañémoslos.
