El aumento de casos por COVID en las escuelas está obligando a muchas de las instituciones a realizar las tareas educativas de manera virtual. La diputada Mailé Rodriguez y el senador Lautaro Jiménez presentaron proyecto en la Legislatura para que las y los trabajadores del ámbito público con niños, niñas y adolescentes en edad escolar tengan derecho a licencia con goce de sueldo.
Viernes 30 de abril de 2021 20:35
En el contexto del aumento de casos por COVID 19, cada vez son más las instituciones educativas que se han visto obligadas a un retorno a la modalidad virtual. A su vez, distintos establecimientos han decidido cerrar ante casos sospechosos, procediendo a la debida desinfección, sumado a que muchos estudiantes se encuentran con jornada reducida. Esto está implicado dificultades cada vez mayores para las y los trabajadores de la educación, estudiantes y familias
Como se indica en los fundamentos del proyecto, esta situación, presenta dificultades a cientos de familias, padres, madres y responsables a cargo de menores en edad escolar que no pueden acceder al cuidado de sus hijos/as por un tercero. Por lo tanto, se ven obligados/as a no asistir a sus trabajos o no poder resolver su situación familiar debidamente, ante la incertidumbre de la realidad, que impide incluso una planificación a largo plazo de la situación familiar.
Respecto de los antecedentes inmediatos, a nivel nacional, mediante el artículo 12 del Decreto N° 260/20, se facultó al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a establecer condiciones de trabajo y regímenes de licencia especiales durante la emergencia sanitaria. En la resolución 60/2021, con fecha 10/02/2021 se expresa que: “entre las medidas adoptadas para impedir la propagación del virus SARS-COV-2, se suspendió el dictado de clases de manera presencial. Que, en dicho contexto, mediante el artículo 3º de la Resolución MTYSS N° 207/2020 se dispuso que mientras dure la suspensión de clases en las escuelas establecida por Resolución N° 108/2020 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN o sus modificatorias que en lo sucesivo se dicten, se considerará justificada la inasistencia del progenitor, progenitora, o persona adulta responsable a cargo, cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado del niño, niña o adolescente.”
Sin embargo, el Ejecutivo provincial estableció que esta resolución dictada desde la Nación no tendrá vigencia para empleados públicos. El Ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibáñez, indicó que: “Es importante señalar que la Resolución 60/2021 es del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, y es necesario aclarar que esto no es una dispensa, sino una posibilidad de justificación bajo las condiciones que allí se establecen, y se refiere estrictamente a lo que tiene que ver con el ámbito privado, con la Ley de Contrato de Trabajo”. Además, agregó: “de cara al inicio de las clases, no le es aplicable a Mendoza en el ámbito público, mucho menos a la actividad esencial como la educativa, la de salud y seguridad. Cada una de las provincias tiene facultad de regulación en esta materia y acá en Mendoza no tenemos una norma que habilite excepciones de este tipo para la prestación de servicios, mucho menos aun tratándose de actividades esenciales como lo son educación, salud y seguridad”
Los legisladores consideran que las y los trabajadores públicos de Mendoza no deben ser discriminados de este derecho ya establecido y regulado a nivel nacional, al que actualmente, incluso pueden acceder empleados del ámbito privado de la provincia. A su vez, esa decisión del Ejecutivo se realizó previamente al aumento exponencial de casos que estamos viviendo, por lo que se señala que es necesario reconsiderar esta disposición y adecuarla a la situación actual que está afectando a miles de familias, tomando las medidas necesarias.
También le agregan a sus fundamentos que este proyecto presenta una norma provincial para dar respuesta a esta problemática, la cual, recae doblemente sobre la espalda de las mujeres trabajadoras. Considerándose norma que apunta también a que se tome una medida primordial desde el Estado contra la desigualdad económica, laboral y social de las mujeres que se ha profundizado durante la pandemia. A la vez, de aprobarse, constituiría la necesaria prevención de posibles situaciones de riesgo en las que puedan verse las y los niños por quedarse sin el cuidado que requieren.
