Deuda. El FMI contraataca: las condiciones del acuerdo que el Gobierno cerrará post elecciones

Comienzan a salir a luz algunos detalles del borrador de las negociaciones entre el equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el gobierno argentino. El acuerdo de Facilidades Extendidas tendría:

• un plazo de 10 años, con 4 de gracia (empezar a pagar a partir de 2026).
• una eliminación de la sobretasa que cobra el FMI (y que la Argentina ya está pagando) por usar más cantidad de DEG (derechos especiales de giro) de los que tenía asignados cuando Macri tomó el préstamo stand by.
• una cláusula “pari passu” que indicaría que si aparece un nuevo tipo de préstamo dentro de la cartera del organismo que extienda los plazos Argentina podría renegociar nuevamente.
• y la complacencia ante la solicitud del Gobierno de sellar el acuerdo después de las elecciones.

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Ante las ilusiones que sectores del oficialismo querían generar de una "buena negociación", el FMI no brindará plazos de 20 años, ni reducción del capital, ni benevolencia en las condiciones con las cuales va a someter y pretender condicionar a toda la política económica en adelante, independientemente de los gobiernos. Es el mismo FMI de siempre.

¿Cuáles son las condiciones que pide el FMI? El check list de Guzmán

Las negociaciones se mantienen en secreto, pero se dejan filtrar rumores para calmar las ansias del mundo empresarial. No hay ningún secreto, las recetas del FMI son siempre las mismas:

1- “Sendero de convergencia fiscal”: ajuste liso y llano

El déficit fiscal primario es la diferencia negativa que hay entre los ingresos del Estado y los gastos, sin considerar los intereses de deuda. El FMI pide un ajuste del gasto para alcanzar un “sendero de convergencia fiscal” que apunta al déficit cero en 2025. Sin embargo, Guzmán ya sobrecumplió la meta, y en el primer semestre de 2021 llegó a un déficit cuasi cero.

Así lo demuestra un recienteinforme de CIFRA-CTA, en donde se observa que el déficit en dicho período fue del 1,1 % del PBI, y fue menor a los primeros semestres de 2016, 2017 y 2018.

El Gobierno sigue prometiendo que puede haber un régimen del FMI sin ajuste. ¿Por qué habríamos de creerle, si hasta acá sucedió lo contrario?

2- El “lavado” de deuda: que el acuerdo pase por el Congreso

El acuerdo de Macri con el FMI fue totalmente ilegítimo e ilegal. No cumplió ni con los estatutos del FMI (porque financió la fuga de capitales), ni con los mínimos procesos administrativos en Argentina, una deuda odiosa que se realizó a espaldas del pueblo trabajador y en contra de sus intereses y necesidades. El gobierno de Fernández pretende que sea “cambiado” por deuda nueva: una deuda que será validada en el Congreso. Es una formalización e institucionalización para "lavar" su pasado fraudulento, ilegítimo y "odioso".

¿Se acuerdan del discurso de Fernández en la apertura de sesiones del Congreso en marzo de este año, cuando dijo que iba a iniciar una querella contra los responsables del endeudamiento del Fondo? Resulta que eso está bien archivado, ya que uno de esos principales responsables, del lado del organismo, es David Lipton, quien ahora asesor de Yanet Yellen, la Secretaria del Tesoro de EEUU, que es quien tiene que validar el nuevo acuerdo con el Fondo.

El FMI busca que el conjunto del sistema político capitalista de cada país brinde apoyo a los programas de ajuste, de ofensiva del capital contra el trabajo, que los haga aparecer como propios. Como dice Pablo Anino en el Newsletter El Juguete Rabioso (La Izquierda Diario), el sentido de ello es “justamente para que los gobiernos pasen, pero el régimen del Fondo se quede”.

Guzmán viene haciendo la tarea en este sentido y presentó en el Congreso un proyecto de ley llamado “Ley de fortalecimiento de sostenibilidad de la deuda pública” en el cual se obliga a votar en el parlamento todo acuerdo a realizarse con el FMI y la emisión de deuda que no esté contemplada en el presupuesto nacional. Una ley que de sostenible sólo tiene el nombre, pues no exige ni siquiera el cumplimiento de ningún indicador económico como un límite al endeudamiento, y permite que se avale por ejemplo la jurisdicción extranjera de la deuda.

Pero Guzmán no está solo, los legisladores del Frente de Todos votaron a favor de esa ley que pedía el FMI en la primera sesión de Diputados en febrero de este año.

3- Contrarreforma laboral

Entre otras condiciones principales están las llamadas “reformas estructurales”, propias de los acuerdos de Facilidades Extendidas. De acuerdo al periodista Alejandro Rebossio en DiarioAr, fuentes vinculadas con la negociación entre el FMI y el gobierno argentino dijeron que “con un mercado laboral muy rígido, es muy difícil crear más empleo".

Increíble afirmación, en la que en siguen vigentes las leyes de flexibilización de la ofensiva neoliberal de los ´90, y en donde en los últimos años lo único que aumenta son las formas de trabajo precario, como el monotributo, la tercerización laboral. De acuerdo a procesamientos propios de la EPH, entre los jóvenes el 70 % trabaja en condiciones de precarización extrema.

4- “Rompan todo”: más extractivismo

Si bien no es una “condición” que aparece en el acuerdo, se trata de uno de los objetivos del gran capital hacia la Argentina: hacerse de los recursos naturales disponibles como fuentes de negocios.

Se trata de otro punto de convergencia entre el FMI y el gobierno, pero también de la oposición de derecha, en tanto para conseguir los dólares para la deuda el caballo de batalla es “incentivar las exportaciones”. En realidad son desarrollos primario exportadores como los que ya están avanzando bajo la administración de Fernández: la megaminería, el fraking, los agrotóxicos en la agricultura extensiva, las granjas porcinas.

El Gobierno tiene un sólo objetivo inmediato: patear lo más posible la negociación con el FMI para después de las elecciones, que parezca que “estamos saliendo de la crisis” con el slogan “la vida que quedemos”, en los hechos nos encaminamos más y más al Fondo. Lo que trae el nuevo acuerdo, por más retórica antiajuste, es peor incluso que el ajuste que ya viene aplicando.

Punto de inflexión

Guzmán puso la deuda en el centro, es el eje ordenador de toda su política. Para ello es que, antes, Fernández lo puso a él en la silla de Economía. Y la estrategia de Guzmán fue primero negociar con los Fondos externos con el respaldo del FMI, (al igual que el “puente” acordado con el Club de Paris, que tenía como condición un acuerdo con el Fondo), para luego abordar al organismo financiero mayor, que esperó su turno para cobrarse sus favores.

En el mientras tanto, el Gobierno pagó todos los vencimientos. Desde la asunción de Alberto Fernández, ya destinó U$S 2.311 millones sólo en intereses al FMI. Pero en septiembre comienzan los desembolsos de capital, y hasta fin de año suman U$S 4.380 millones los servicios que pagará al organismo.

Sin embargo, este es apenas el comienzo. A partir de marzo vienen los desembolsos grandes, y el reloj corre en cuenta regresiva. De acuerdo a la información de la Secretaría de Finanzas, en 2022 los vencimientos a organismos internacionales suman U$S 21.210 millones en 2022; U$S 21.344 millones en 2023; U$S 6.996 millones en 2024. Este sería el calendario de pagos actual sin renegociar el acuerdo con el FMI, cuya mayor parte está compuesta por pagos al FMI y Club de París. Se trata de un calendario impagable: aun si pretendiesen impulsar un ajuste brutal, los recursos no alcanzan, y también peligroso camino para el régimen por la respuesta esperable que pueda generar en las mayorías sociales.

Por ello, las alternativas reales son esencialmente tres: entrar en un default con el organismo sin plantear una ruptura con el Fondo, renegociar la deuda para patear los vencimientos (el FMI no acepta quitas de capital), o asumir el camino de un desconocimiento soberano y una ruptura con el organismo.

La opción más conveniente para la clase empresaria es la segunda, renegociar. Por ello, se observa un consenso burgués que no presenta grietas al respecto entre la coalición de gobierno y la oposición de derecha. El resultado sería una hipoteca eterna que sólo puede convivir con más ajuste, aprovechando las imposiciones que busca el FMI para garantizar mayores condiciones de explotación a los trabajadores.

Aunque, si en última instancia deben apelar a un default, los sectores dominantes lo harán, protegiendo lo más posible sus acreencias, fugando capitales y descargando la crisis en los trabajadores con devaluaciones, sin salirse de los contornos impuestos por el FMI. El episodio de 2002 selló en la memoria colectiva lo que esto significa.

Este acuerdo implícito alrededor de la renegociación es lo que explica que la discusiónse embarre en el terreno del “grafiquito” de la deuda y el pase de factura entre todos los gobiernos que comparten responsabilidad en el endeudamiento, que para las mayorías sociales es un debate sumamente ajeno. Pero en lo esencial, que es romper o no romper con el FMI, las coaliciones de Juntos, el Frente de Todos y la ultra derecha, comparten el presupuesto básico de someter al país al régimen del FMI.

Desde el Frente de Izquierda el planteo es totalmente opuesto: parte del desconocimiento soberano de la deuda basado en la movilización popular, la ruptura con el imperialismo y el FMI, junto a la pelea porque los trabajadores controlen los resortes fundamentales de la economía en defensa propia (como los bancos, el comercio exterior y la gran propiedad terrateniente).

De esta forma, empezar a sentar las bases de un cambio estructural que dé respuesta a las necesidades de las mayorías sociales: la salud, la vivienda, el trabajo, la educación, las jubilaciones.

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