Un grupo de trabajadores y jubilados denunciaron que en sus créditos para vivienda otorgados por el FOVISSSTE se cobran intereses demasiado altos e ilegales, lo que imposibilita el pago de sus viviendas.
Lunes 15 de agosto de 2022
En días recientes, un grupo de trabajadores y jubilados afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), del cual dependiente el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE), se manifestaron enfrente de Palacio Nacional en demanda de la restructuración de sus créditos de vivienda, a lo cual, hasta el día de hoy no han recibido respuesta.
Recordemos que, según la Constitución, los trabajadores al servicio del Estado tienen el derecho a la vivienda. Asimismo, y como no podría ser de otra forma, los trabajadores reciben créditos por parte del Estado para pagar sus hogares por medio del FOVISSSTE. Sin embargo, lo que debería ser un alivio para millones de familias se ha convertido en una carga insoportable.
Denuncian créditos impagables
Los afectados denunciaron que “la deuda original de los créditos de vivienda de FOVISSSTE se han triplicado… además del interés anual ordinario de 4 a 6 por ciento (con la que se adquiere el financiamiento y se contrata al inicio), también debe pagarse una segunda tasa de interés variable a la Unidad de Medida y Actualización (UMA).”
Cada año se actualizan esos préstamos en relación con la inflación y con las UMA, lo cual incrementa la deuda del trabajador. Sumado a lo anterior el FOVISSSTE “inventó” un rubro denominado “adeudo vencido”, el cual consiste en que los trabajadores deben pagar por fuera un monto adicional al descuento del 30 por ciento de su salario base, lo que en esencia es ilegal.
El segundo interés fue incorporado por el gobierno de Peña Nieto en el 2016 vía una reforma a la Ley del ISSSTE, y contradictoriamente el gobierno de la 4T, a pesar de llevar cuatro años en el poder, ha mantenido la medida que es un verdadero atraco contra los derechohabientes.
La consecuencia más nefasta es que los créditos, en lugar de disminuir por el paso del tiempo y los descuentos realizados, van aumentando, lo que convierte a las deudas en impagables y por tanto acompañarán a los trabajadores y jubilados por el resto de sus vidas. La Jornada pone como ejemplo de esto el caso de Guadalupe Hernández González, de 68 años de edad, quien en abril de 2010 solicitó un crédito hipotecario por 388 mil 72 pesos, por el cual se le descuenta 4 mil 17.43 pesos mensuales. Sin embargo, doce años después de pagar el financiamiento, aún adeuda 400 mil 578. 22 pesos.
La cuestión es que los gobiernos del PRI, el PAN y ahora MORENA han diseñado e implementado esquemas de financiamiento que exprimen a la clase trabajadora, convirtiendo el derecho a la vivienda en una auténtica caja chica para el gobierno en turno y una forma de enriquecer todavía más a las grandes empresas inmobiliarias y constructoras, cuando lo que se requiere es un plan de vivienda digna y accesible para toda la población, que podría financiarse a partir de la expropiación de las constructoras, impuestos progresivos a las grandes fortunas y el no pago de la deuda externa.
