La estructura económica extranjerizada se mantiene. 640 de los más grandes establecimientos del campo son dueños de 4 millones de hectáreas. El 2% de los propietarios se quedan con el 33% de la tierra. Las aceiteras y multinacionales como Cargill, ganan más de 2 mil millones de dólares, controlan los puertos, regateando el sueldo de los trabajadores, como se ve en el paro que está realizando el Sindicato de Aceiteros en el cordón industrial. Multinacionales como General Motors gozan de beneficios impositivos, mientras que otras superexplotan a una juventud despojada de derechos laborales y sindicales. La explosión de un edificio entero en pleno macrocentro rosarino con decenas de muertes, puso en evidencia que las privatizadas como Litoral Gas brindan servicios lamentables, amasan fortunas y juegan con la vida el pueblo trabajador. En escala menor, pero igualmente asesina, dos niñas murieron por una concesión sin control en un parque municipal en Rosario. Los accidentes laborales, como el que se cobró la vida de Alfredo Dianda y Nicolás Correa en Acindar, múltiples muertes en las cerealeras, la muerte por quemaduras de Leonardo Barbosa en General Motors, o la de Daniel Aguilar en Electrolux, son la consecuencia letal de brutales ritmos de producción, siendo que en todos los casos la desidia patronal terminó impune. La tibia respuesta del gobierno de crear comités mixtos de seguridad (decorativos) en lugar de comités obreros, entró en crisis y descrédito. Con el conflicto en la fábrica Liliana emergió la gravedad del problema de la precarización laboral y la tercerización, que afecta uno de cada tres trabajadores en las grandes ciudades, realidad tolerada y ocultada por el Ministerio de Trabajo. En el ámbito de los trabajadores estatales esta problemática también es extendida, como se vio en el conflicto de los trabajadores de Promoción Social o el IRAR en Rosario. La política hacia los docentes es un calco de la que dispensan figuras de la derecha como Macri o Scioli: ofertas salariales menores a la inflación y amenazas de descuentos de los días de sueldo. La impunidad de los crímenes de diciembre de 2001 y las inundaciones sigue en pie: Reutemann está libre y todos y cada uno de los policías asesinos también. El asesinato impune de Silvia Suppo vino a comprobar el nivel de continuidad de las “herencias” de la dictadura y la actualidad. Eso puede verse en las fuerzas represivas, pero también en la casta política, que recicla funcionarios como Mercier, en el peronismo y luego en el PRO, y Favario, candidato del Frente Progresista. El secuestro y presunto asesinato de la joven sanlorencina Paula Perassi o el brutal crimen de Chiara Páez, develan la enormidad de las cifras del femicidio en Santa Fe, pero también la elocuente connivencia del gobierno, Justicia y fuerzas policiales con las redes de trata y la violencia hacia las mujeres. La falta de obra pública estructural es otra gran continuidad noventista. No se construyen viviendas para las 150 mil familias que viven en precariedad, mientras se especula con la renta inmobiliaria con 100 mil casas vacías, sin imponerse una ley de alquileres para que no superen el 20% del salario trabajador, la construcción de viviendas sociales y la utilización social de las excedentes. A la precariedad de la vivienda se le suma la nula infraestructura de defensas y desagües que hace que los viejos problemas se acrecienten. Otro tanto sucede con la construcción de escuelas y hospitales, mientras el Frente Progresista se limita a los dispensarios donde hay una atención limitada para los sectores menos pudientes. El tercer gran problema de infraestructura es el transporte, el más caro del país, lento, con malas conexiones, contaminante, en fin, al servicio del lucro empresarial. Su estatización bajo control de trabajadores y usuarios, su financiamiento a partir de un impuesto a las grandes fortunas y la obligatoriedad empresaria de abonar el costo del traslado a todo trabajador, son medidas básicas para mejorar la calidad de vida, el tránsito y el medio ambiente de una ciudad saturada. Pero sin duda donde más se ve la continuidad y la profundización de la Santa Fe menemista en la actualidad, es en la Policía de Santa Fe y su impunidad.
