Las diputadas porteñas Myriam Bregman y Alejandrina Barry, del PTS en el Frente de Izquierda, rechazaron públicamente la reglamentación impuesta por el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodriguez Larreta. “No se adapta al protocolo que rige a nivel nacional”, manifestaron.
Viernes 7 de agosto de 2020 18:34
Después de varias semanas de rumores acerca de lo que haría el mandatario porteño con la votación en la Legislatura de adhesión al protocolo nacional de Interrupción Legal del Embarazo, y habiendo sido el blanco de manifestaciones por parte de la Iglesia y sectores Pro-vida que son quienes financian sus campañas, finalmente se conoció la implementación Larreta impondrá en la Ciudad.
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"Esta nueva reglamentación pone obstáculos para la atención de abortos no punibles en casos aberrantes como ocurre frente a las violaciones o por problemas de salud de las personas gestantes”, denunció Myriam Bregman. La medida dispuesta por Larreta pone límite de tiempo gestacional para los casos de violación de hasta 24 semanas, obliga a la consulta interdisciplinaria y crea un programa que avala la objeción de conciencia institucional que en realidad sólo se permite individualmente. Esto va en contra de que pueda garantizarse personal de salud para la realización de la práctica en todos los hospitales. Y agregó: "Es un derecho ganado hace casi 100 años la interrupción legal del embarazo, y esta medida del Ejecutivo solo busca obstaculizarlo”.
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Por otro lado, Alejandrina Barry precisó que “las reglamentaciones de las leyes deben limitarse a reglamentar cuestiones contenidas en la ley, cómo, dónde, cuándo, sin extralimitarse de lo allí dispuesto. Este protocolo crea nuevas situaciones en contra de la propia ley y el protocolo de Nación. Debería por ejemplo fijar un plazo límite para que se garantice la realización de la ILE por los efectores de salud, pero nada dice. El Estado de ninguna manera puede limitar el acceso a ese derecho tal como indica el fallo FAL”.
El protocolo de ILE establece los motivos por los cuales está permitido en nuestro país el aborto y tienen que ver con la salud de la persona gestante, o la posibilidad de haber sido víctima de una violación. La Corte Suprema a través del fallo FAL determina algunas pautas para que el procedimiento se garantice sin obstáculos por parte del Estado ni de cualquier institución. Esas reglamentaciones pueden ser específicas en cada provincia, que pueden adherirse con leyes propias. Pero las mismas deben ir en el sentido de favorecer la intervención y respetar las pautas determinadas en el fallo FAL y el protocolo nacional. De ninguna manera deben ser un obstáculo para quien la solicita.
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La reglamentación de Rodríguez Larreta es a todas luces inconstitucional porque va en contra de que la ILE se aplique de manera rápida y efectiva. Además, debe respetar la libertad de decisión sin intentar persuadir ni inducir a cambiarla, pero la obligatoriedad de las consultas interdisciplinarias a alguien que ya tiene una decisión tomada no es otra cosa que un intento de persuadir de lo contrario y va en contra de este derecho elemental.
Tras haber vetado para la Ciudad en diciembre del año pasado la aplicación del protocolo nacional, luego de haber dilatado la discusión en el parlamento porteño durante meses, ahora la Iglesia y los sectores oscurantistas hacen una nueva jugada de la mano de uno de sus más fieles representantes dentro del Poder Ejecutivo.
