El plan está dotado de 3.263 millones de euros de los Fondos Europeos, que van a ser destinados a distintas medidas de orientación y formación profesional de la juventud para su inserción laboral. Está siendo presentada como la medida estrella del Gobierno en un semestre que, sin embargo, ha estado caracterizado por ajustes y tarifazos, como el de las pensiones o la factura de la luz.
Jaime Castán @JaimeCastanCRT
Miércoles 9 de junio de 2021
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan de Garantía Juvenil Plus (PGJ+) para el periodo 2021-2027, con 3.263 millones de euros de los Fondos Europeos. Es una continuación del anterior plan de 2014-2020, pero ampliado ahora de los 25 hasta los 29 años. El objetivo es invertir estos fondos en programas de orientación y formación laboral para que las y los jóvenes obtengan una oferta de trabajo o formación en un plazo de pocos meses, como fijaba el plan anterior.
Como parte del plan también se plantea generar esas ofertas a través de programas como el Empleo Joven-Tándem, Primera Experiencia Profesional o Investigo, proyectos de formación y empleo o investigación en las administraciones públicas o en la empresa privada.
Junto a este plan, se van a destinar 937 millones de euros a diversas inversiones para el empleo juvenil contempladas en el Plan de Recuperación, 600 millones a programas de formación con alternancia en el empleo y 150 millones al convenio con la Secretaría de Estado de Digitalización de Inteligencia Artificial. En total cerca de 5.000 millones de euros.
Más de lo mismo…
El eje del plan está centrado, como hemos visto, en cambiar la “empleabilidad” de la juventud para el mercado laboral, no en cambios estructurales de ese mercado laboral ni de la precariedad que imponen las empresas. Y si, el plan anterior consiguió que el 60% de los jóvenes que recibieron una actuación de Garantía Juvenil obtuvieran un contrato de trabajo 18 meses después de haberse iniciado la atención, la precariedad y el desempleo han continuado y con la crisis de la pandemia se ha puesto de manifiesto la fragilidad de muchos de los puestos de trabajo que ocupaba la juventud.
Por lo tanto, hay que poner el alcance de este plan del Gobierno en su contexto: un intento de reducir las escandalosas tasas de paro juvenil, al mismo tiempo que no se cuestionan los problemas estructurales de fondo y se aplican medidas de ajuste exigidas por Bruselas, como alargar la edad de jubilación.
De hecho, este Plan de Garantía Juvenil va a ser financiado con los Fondos Europeos, concretamente con el Fondo Social Europeo (FSE) que se centra en políticas de empleo. Fue en 2013 cuando la Comisión Europea aprobó este tipo de planes para aquellos países comunitarios cuya tasa de paro juvenil superase el 25%, como ha sido y es el caso del Estado español.
Un plan a la medida de las empresas
De la crisis económica del 2008 se arrastran las reformas laborales del PSOE y del PP, que el actual Gobierno y la ministra de Trabajo Yolanda Díaz todavía no han derogado. Esas reformas permitieron una recuperación económica “flexibilizando” el mercado laboral, es decir, facilitando a las empresas los despidos. Esto no sólo dio “incentivos” a las empresas para nuevas contrataciones, con las que se fue progresivamente reduciendo el desempleo, sino también mayores mecanismos para imponer peores condiciones laborales.
Todo esto fue garantizado por la “paz social” que las burocracias sindicales, como las de CCOO y UGT, que han impuesto durante todos estos años. Aceptaron las reformas laborales de los distintos gobiernos y aislaron las distintas luchas, negociando a su vez convenios y condiciones cada vez más desfavorables para las trabajadoras y trabajadores.
A su vez, se generó un abismo importante entre los trabajadores con más años en las empresas, que mantuvieron algunas conquistas laborales, frente a las nuevas contrataciones, muchas de ellas de jóvenes, que ya lo hicieron en condiciones precarias, con menores salarios y mayor temporalidad, a través de mecanismos como las ETTs, las subcontrataciones, abaratamiento del despido, etc.
Una estrategia de división de la clase obrera por parte de las empresas, pero también consecuencia de la política conservadora y servil de las burocracias sindicales, que sacrificaron a la clase obrera más joven y precaria, a cambio de que algunos sectores más veteranos y con más años en las empresas —y que suelen ser los más sindicalizados—, no recibieran tantos ataques y pudieran mantener sus contratos indefinidos.
Y este es uno de los grandes problemas estructurales de la economía en el Estado español que explican el enorme desempleo estructural de la juventud, debido a su dificultad para acceder a esos contratos indefinidos, estables y con mejores condiciones laborales. Las empresas los ofrecen en mucha menor medida, porque además tienen los mecanismos para no hacerlo gracias a las reformas laborales.
Con la pandemia, esa precaria recuperación económica de la etapa anterior, sostenida en la precarización masiva de la clase obrera, ha vuelto a entrar en crisis, pero la salida que se está planteando es la misma. Más allá de la retórica “progresista” del Gobierno, el Plan de Garantía Juvenil de Díaz hay que entenderlo en este marco.
Por ello no se han derogado las reformas laborales ni jubilatorias, lo cual afectaría a los intereses empresariales, pero transformarían el mercado laboral. En cambio, se invierten fondos europeos en hacer más “empleable” a una juventud sin futuro y tratar dar incentivos que aprovecharan muchas empresas para seguir haciendo contrataciones con condiciones precarias, ahorrándose inclusive las cotizaciones a la seguridad social o algún tipo de coste gracias de nuevo a este tipo de planes.
La crisis de empleo juvenil no tiene salida neoliberal, sino anticapitalista
En conclusión, este Plan del Gobierno supone una inversión para tratar de alguna forma de achicar las enormes tasas de desempleo juvenil, pero al mismo tiempo que no se afrontan los problemas estructurales de la economía que están de fondo. A la espera de nuevas medidas de “modernización” laboral en relación con las negociaciones colectivas o las contrataciones, acordes con la hoja de ruta que está marcando Bruselas.
Sin embargo, Yolanda Díaz ya lanza mensajes de optimismo y de recuperación económica “en un tiempo récord”, a pesar de que la desescalada de los ERTEs está marcada por EREs, despidos y una ruptura cada vez mayor del “consenso pandémico”. Es el caso de los despidos masivos en El Corte Ingles, H&M, BBVA, Bosch o Caixabank; así como de las luchas obreras de Tubacex, Airbus o Nissan.
Frente a las políticas neoliberales que está aplicando el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, debemos oponer la lucha de clases, la única forma de combatir los cierres y despidos, pero también de imponer medidas como el retraso de la edad de jubilación o el reparto de las horas de trabajo, sin rebaja salarial, para trabajar todo el mundo y mejor. Un programa anticapitalista de este tipo es el único que puede garantizar el empleo a la juventud y a costa de los beneficios e intereses capitalistas.
Para ello es preciso pelear contra el conservadurismo de las burocracias sindicales, imponiéndoles desde las bases un programa combativo y de movilización, por la huelga general hasta derogar las reformas laborales del PP y el PSOE y toda la política de ajustes.
La juventud junto al resto de la clase trabajadora debe retomar las calles y la movilización para conquistar su futuro, construyendo una izquierda anticapitalista que haga política en los puestos de trabajo y de estudio, en los sindicatos. Y no esperando a que un Gobierno “progresista” actúe con decisión desde los ministerios de un Estado capitalista e imperialista, desde donde terminan gestionando la crisis del capitalismo con las recetas neoliberales. Porque es en la lucha de clases donde debe ubicarse y construirse la izquierda.
