El Delegado del Gobierno central, Enric Millo, amenazó con reactivar el 155 si un Govern catalán se “salta la legalidad vigente”.
Guillermo Ferrari Barcelona | @LLegui1968
Lunes 30 de abril de 2018
FOTO: EFE/ Quique García
Enric Millo se despachó en declaraciones a EFE, como si fuera el virrey de las tierras catalanas. El delegado de Madrid amenazó al próximo Govern catalán que se forme con que debe cumplir la ley española. O quizás habría que aclarar que el Govern deberá obedecer la interesada interpretación de las reaccionarias leyes españolas hecha por el búnker, el Gobierno del PP y las formaciones políticas centralistas.
Millo declaró que no era necesario cesar a todo el Govern para aplicar el 155 y apostó por aplicarlo focalizadamente o de forma quirúrgica. Millo explicó que la disolución del Diplocat no se puede deshacer para volver a la propaganda independentista y que se puede actuar contra políticas de ese tipo con el 155 en la mano. Cuestión que deja clara que el 155 vino para quedarse.
El delegado de Gobierno ha explicado que tras medio año de la aplicación del artículo 155 “Catalunya funciona mejor”. A Millo se le ve cómodo con el 155 para siempre. Siguiendo sus propias declaraciones, "el Gobierno español se ha encargado de muchas decisiones importantes e inversiones a favor de la ciudadanía catalana". El relato del delegado no se sostiene ante la baja inversión en el Principado.
Montoro vs Llarena
En Madrid se viene desarrollando la batalla entre el Ministro de Hacienda y el Juez del Supremo que lleva los casos de malversación, ¿Quién tiene razón?. O los informes de la Guardia Civil demuestran que hubo gasto público de las arcas catalanas para financiar el 1O o Hacienda que tiene intervenida la Conselleria d’Hisenda desde antes de octubre. Batalla de titanes.
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El Juez Llarena se juega a probar, muy lejos de la realidad, que en Catalunya hubo una rebelión y que los políticos catalanes, -que no se atrevieron a declarar la República más que de manera simbólica-, malversaron caudales públicos. Hace mucho tiempo que nunca nadie ha retorcido tanto la realidad a gusto y placer. Para ello, Llarena cuenta con el apoyo del Supremo, del Constitucional y todo el búnker judicial y político.
Por su parte, el Gobierno pretende castigar al pueblo catalán que quiere la autodeterminación. Y, para ello está apoyando todos los procesos judiciales para tenerlo a Puigdemont y el resto de consellers presos. Sin embargo, ningún juez de la UE parece apoyar las tesis de "rebelión y las de malversación" y hasta están puestas en dudas por el Ministro de Hacienda y el Presidente del país. Y, si esto es así, es porque el PP está jugando una carrera con Ciudadanos para ver quién es más derechista. Ambos pensando en las elecciones municipales y las presidenciales.
Hasta ahora Hacienda ha tenido a varias decenas de funcionarios investigando las cuentas catalanas con microscopio. Han enviado cinco informes a los jueces, y en todos dicen lo mismo: no encuentran rastros de malversación. Esta situación tiende a desmontar el relato de Llarena y la Guardia Civil y, por supuesto, las tesis que apoyaron prácticamente todas las fuerzas políticas y del Estado en Madrid.
Y, como si fuera poco, los informes de la Guardia Civil, parecen poco más que literatura (del género fantástico). Centralmente porque lo que tienen registrado son facturas y no pagos. Por tanto, no se puede constatar la salida de dinero.
¿Diálogo con Rajoy y Llarena?
Todo esto demuestra que no es posible diálogo alguno con los poderes del Estado. El Estado se siente herido porque el pueblo catalán organizó un exitoso referéndum en octubre pasado. Y, por tanto, pretende hacérselo pagar. A los cabecillas cárcel, juicio, inhabilitaciones y que no vuelvan a ocupar de ninguna manera la Presidencia. Al nuevo Govern (cuando lo haya), le toca 155 para siempre.
Por tanto, la tan mentada recuperación de las instituciones catalanas, recuperar la Generalitat y el Parlament, será tan solo como parte del proceso autonómico y de recentralización que inició Aznar en su momento y que ha vuelto a retomar el PP de la mano de Rajoy y el búnker. Éste sí es el diálogo que puede conceder Rajoy y el Estado español. Lo han dejado claro también Albert Rivera y Pedro Sánchez.
El movimiento independentista catalán que pretende ejercer la autodeterminación de éste territorio no tiene otra salida que enfrentar al Régimen del 78 si quiere hacer prevalecer la voluntad popular del 1O, 3O y 8N. No hay diálogo posible con Madrid que respete la determinación del pueblo catalán.
El poder central no respeta del derecho de las mujeres al apoyar la reaccionaria sentencia contra la manada. Tampoco respeta a los pensionistas que quieren una pensión digna, mientras un “manada” de políticos roba el dinero de las arcas públicas. Tampoco respeta al pueblo de Murcia reprimiendo para pasar el AVE sea como sea.
Es necesario que la clase trabajadora se ponga a la cabeza de estos movimientos, levantando sus reivindicaciones y los propios para acabar con el Régimen del 78 e instaurar una República que resuelva todos estos reclamos de los trabajadores y los pueblos.
