El gobernador Capitanich asciende al frente de la Subsecretaría de Prevención y Seguridad en el Abordaje Territorial a un policía repudiado por su prontuario represivo. Al mismo tiempo, se busca sancionar una ley que persigue reuniones en espacios públicos y privados.
Martes 22 de septiembre de 2020 13:55
Diputados del Interbloque Frente Chaqueño impulsan la “Ley de Sanción Ciudadana” que tiene por objetivo sancionar con multas a quienes hagan reuniones de más de diez personas.
La expansión de la pandemia, la saturación del sistema sanitario y la nula inversión en salud pública se busca resolver con multas y medidas represivas. En el caso de la provincia del Chaco, donde ya hay 7410 casos de personas infectadas y 265 fallecidas, los diputados están impulsando una ley llamada “Ley de Sanción Ciudadana”.
El fin de semana que pasó, la policía estuvo recorriendo, según la versión oficial, fiestas clandestinas, e “impidiendo su accionar”. Así lo señaló a los medios locales el diputado Juan Manuel Pedrini, presidente del Interbloque Frente Chaqueño.
Luego de esta “experiencia” de recorridas policiales, es que el Frente Chaqueño decide mediante esta nueva ley, aplicar un conjunto de “sanciones pecuniarias, de carácter transitorio, individual, aplicables a personas físicas o jurídicas, que con motivo de su actuar, constituyan un grave riesgo a las normas de distanciamiento social preventivo y obligatorio vigentes”. Esto pretende ser mostrado como multas a la “irresponsabilidad”.
“Imponer una multa de carácter individual, en la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000), para todas las personas que convoquen, generen, inviten y consecuentemente concurran a Eventos Sociales, Culturales y Recreativos en espacios Públicos o Privados con concurrencia mayor a diez (10) personas”, reza sin vueltas el artículo 2° del proyecto presentado.
No es ingenuo el modo en que se establecen estas sanciones. Un artículo lo suficientemente amplio para interpretar que eventos públicos pueden ser también manifestaciones o reclamos callejeros. Claro que seguramente, como ya ocurrió la semana pasada frente al consulado paraguayo, la sanción será más grave que una multa. Vendrán los palos, los gases y la cárcel.
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Sabemos que desde que empezó la cuarentena las fuerzas de seguridad han sigo empoderadas y envalentonadas, otorgándoles más poder en las calles. Chaco ha sido ejemplo de esto cuando una familia qom del Barrio Banderas Argentinas de la localidad de Fontana fue sacada de su casa a golpes, patadas, disparos, torturas y abusos para ser llevada a la comisaría. Allí continuaron los abusos. Los policías siguen impunes.
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Está claro que la policía con estos súper poderes irá contra los sectores más empobrecidos, más vulnerables y la juventud. No contra empresarios ni dueños de locales organizadores de fiestas.
Un represor ascendido a funcionario público
Junto con esta política, Capitanich acaba de ascender al represor Hugo Gustavo Olivello como funcionario provincial en el Ministerio de Gobierno, al frente de la Subsecretaría de Prevención y Seguridad en el Abordaje Territorial.
Se suma la designación de Ariel Acuña como jefe de la policía del Chaco. Acuña es el policía responsable de la muerte de Ángel Verón, referente del MTD en octubre de 2015 durante una protesta de los movimientos sociales.
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Pero volvamos a Olivello, el flamante funcionario. Su designación es repudiada por Sindicato de Prensa del Chaco, movimientos sociales, organismos de derechos humanos como H.I.J.O.S., la Asociación Pensamiento Penal Chaco.
Esta última señaló en un comunicado que “habiendo recibido múltiples denuncias por detenciones ilegales y malos tratos, poniendo en clara evidencia su actitud contraria a la construcción de una vida democrática, libre e igualitaria”, manifiesta “preocupación ante la designación del Sargento Ayudante Gustavo Olivello para cumplir funciones en el gobierno”.
Por su parte, el Sindicato de Prensa del Chaco, denunció que periodistas reporteros gráficos y trabajadores de Prensa de distintos medios de Resistencia sufrieron en los últimos años al menos dos casos en los que fueron agredidos, maltratados, y fueron víctimas de abuso de autoridad. Todo ello a manos del entonces agente policial Hugo Olivello.
Fiel a su afición a la represión y al ataque a los pueblos originarios y los luchadores, el gobernador Capitanich aliado del gobierno nacional por el momento lo mantiene en su cargo.
