El primer ministro de Portugal, el "progresista" António Costa, ha movilizado a militares y policías para intentar quebrar la huelga de transportistas y garantizar el abastecimiento combustible.
Lunes 12 de agosto de 2019 16:38
El Gobierno de Portugal anunció este lunes que está decidido a movilizar a los militares para "romper" la huelga de los transportistas y garantizar el abastecimiento de combustible.
El sindicato de los conductores de transporte de mercancías y materiales peligrosos comenzó este lunes una nacional. Hace meses que los trabajadores vienen en conflicto con las patronales del sector en reclamo por mejores condiciones laborales y aumento de salarios, entre otras reivindicaciones.
El Gobierno del "progresista" Costa ya había anunciado que pensaba imponer lo que se llama una “requisición civil”, para garantizar las operaciones mínimas e incluso solicitar la intervención del ejército, lo que confirmó este lunes.
Ante este ataque por parte del Gobierno los sindicatos de la aviación, estibadores, automotrices y metro, entre otros, anunciaron su solidaridad con los conductores mediante una petición pública y amenazan con acciones unitarias.
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El conservador Marcelo Rebelo de Sousa, se reunió este lunes con Costa y anunció la decisión de movilizar a los militares al "haber observado" que dejaron de cumplirse abastecimientos esenciales. Incluso amenazan con tomar medidas directas como prohibir la huelga durante una reunión que Consejo de Ministros al final del día.
#PORTUGAL | Agentes de la Guardia Nacional Republicana escolta a los camiones cisterna que abastecen a los aeropuertos lusos para que los efectos de la huelga sean mínimos #grevedosmotoristas pic.twitter.com/i0OPnT6jDN
— Sergio Rodrigo (@SRodrigoteleSUR) August 12, 2019
Ante la huelga de transportistas los empresarios del sector denunciaron un "sabotaje", y le pidieron a Costa la intervención "urgente" a través de la "requisición civil".
La requisición que permite militarizar las calles para quebrar la huelga, también incluye argumentos legales para que el Gobierno exija y obligue a los huelguistas a trabajar para garantizar los servicios básicos. Si se niegan, pueden enfrentarse incluso penas de cárcel.
La huelga ha dejado 520 gasolineras del país desabastecidas, lo que supone un 17 % de la red nacional, afectando principalmente a la turística región del Algarve (sur del país) y al litoral portugués, con mayor afluencia en agosto por ser periodo vacacional.
Los "servicios mínimos" que exije el Gobierno son en los hechos una negación del derecho a huelga ya que los trabajadores en paro deberían garantizar según el caso entre el 50 al 100% del abastecimiento.
A apenas dos meses de las elecciones Costa quiere evitar la paralización del país, como ocurrió durante la huelga de abril pasado cuando los aviones tuvieron que abastecerse de combustible en España por el paro de transportes. Ante este escenario es que el Gobierno exigió servicios mínimos del 100 % para aeropuertos, puertos, servicios de seguridad, bomberos y emergencias médicas, de 75 % para el transporte público y del 50 % para el suministro de combustible a los particulares.
Los transportistas votaron la huelga por tiempo indefinido, y a pesar de este intento del Gobierno por romperla, cuentan con la solidaridad de distintos sectores de trabajadores.
