Derecho al aborto. El Gobierno derogó la actualización del protocolo sobre aborto no punible

Finalmente, el gobierno de Mauricio Macri dio marcha atrás con la actualización del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

Con una resolución publicada en el Boletín Oficial esta mañana, argumentó que el protocolo se publicó "sin consultar la opinión de los superiores jerárquicos" y decretó su derogación. Así, la resolución firmada por el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, fue dejada sin efecto.

De acuerdo al texto del decreto que suscribe el "el feminista menos pensado" -como llegó a llamarlo la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Fabiana Tuñez-, "la resolución citada fue dictada por la Secretaría de Gobierno de Salud sin consultar la opinión de sus superiores jerárquicos, máxime teniendo en particular consideración la relevancia e implicancias de las cuestiones en ella reguladas".

La actualización del protocolo, que tiene su primer antecedente en 2007, despertó roces entre funcionarios y referentes del macrismo. Ayer jueves, tras la reunión de Gabinete de Ministros, Carolina Stanley, a cargo de la cartera de Salud y Desarrollo Social desde que el Ministerio de Salud se convirtió en Secretaría, adelantó la decisión de derogar la resolución 3158/2019, que actualizaba el protocolo de 2015.

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Con el decreto 785/2019, que además de Mauricio Macri firman el jefe de Gabinete Marcos Peña y la ministra Stanley, se dejó sin efecto la actualización que incorporaba las precisiones del fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las recomendaciones de organismos como la Organización Mundial de la Salud, las actualizaciones que se desprenden del nuevo Código Civil para respetar los derechos de niñes y adolescentes, las resoluciones que hacen al uso de medicamentos para la correcta realización de la práctica en los casos que establece el Código Penal, desde 1921.

El texto derogado reafirmaba que los equipos de salud deben garantizar el aborto no punible sin intromisión de la justicia; que la interrupción legal del embarazo debe ser garantizada en todas las provincias (incluidas las que hoy no adhieren a ningún Protocolo, como Tucumán, Santiago del Estero y San Juan); que debe respetarse el criterio de "autonomía progresiva" garantizando el acceso a la práctica a niñas y adolescentes que la soliciten; que debe difundirse la información respecto al uso de Misoprostol y Mifespristona, cuya venta en las farmacias fue autorizada en 2018.

Pero todas estas precisiones, de hecho, siguen rigiendo actualmente, aunque no haya una guía actualizada y aunque la decisión del gobierno sea dar marcha atrás, volviendo al Protocolo del año 2015.

Detrás del debate, de los roces y de las internas, claramente, no está el interés por la salud y la vida de las personas gestantes. Por otra parte, la búsqueda para generar confusión acerca de este tema no puede ocultar que un protocolo es una guía para el accionar de les profesionales de la salud, y que priman las leyes, códigos y normas a las que adscribe Argentina.

La decisión del macrismo vuelve a confirmar este desinterés, pero no está de más recordar que en este terreno, todos los gobiernos de turno han dado muestras de ello.

El aborto y las alianzas con las cúpulas de Iglesias

Como contamos en esta nota, el primer protocolo de Interrupción Legal del Embarazo se conoció en 2007, tras la enorme simpatía que despertó la promoción del proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito, que todavía seguimos exigiendo que se apruebe porque la alianza entre macristas, peronistas/kirchneristas, jerarcas de las iglesias, gobernadores y funcionarios del Estado, impidió que sea ley. .

Fue actualizado en 2010 y 2015, pero en el medio, las presiones de las Iglesias y las "profundas creencias religiosas" de diversos mandatarios y mandatarias, macristas y peronistas, anularon medidas similares.

Así sucedió en 2012, cuando Macri era Jefe de Gobierno porteño y decidió anular el protocolo aprobado para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en 2016, cuando María Eugenia Vidal vetó la resolución de su ministra de salud, Zulma Ortiz para adherir al Protocolo del año 2015; y también en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, quien anuló la Guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles, que había tenido que firmar el propio gobernador antiderechos Juan Manzur (por ese entonces, su Ministro de Salud).

En las calles

El próximo 25 de Noviembre, Día de lucha contra la violencia hacia las mujeres, la legalización del aborto, la aprobación del proyecto de la Campaña Nacional (y ningún otro que pretenda devaluar nuestra demanda) y la inmediata separación de las Iglesias del Estado serán reclamos centrales, junto al rechazo al golpe en Bolivia y la solidaridad con el pueblo chileno que exige ¡fuera Piñera!.

Sin dudas, la manipulación del Estado y el debate abierto nuevamente alrededor de este reclamo sólo puede llevar a una conclusión: el derecho al aborto legal, seguro y gratuito sólo puede ser arrancado con la movilización en las calles, y con la confianza en nuestras propias fuerzas.

Decreto de Macri, Stanley y Peña anula actualización de protocolo ILE by La Izquierda Diario on Scribd