Tras la suspensión por parte del Tribunal Constitucional español del referéndum soberanista en Cataluña, acatado por el Govern catalán, el presidente Artur Mas prometió que el 9N “habrá urnas y papeletas” y que los catalanes” podrán votar en una “consulta alternativa”. Sin embargo, el Gobierno español ha anunciado su firme voluntad de recurrir la nueva consulta.
Martes 4 de noviembre de 2014
La vicepresidenta Sáez de Santamaría ha sido contundente sobre la “ilegalidad” de la misma. Es que en la Constitución del 78 no existen las naciones y mucho menos el básico derecho a la autodeterminación. Por ello Rajoy niega todo tipo de movilización o consulta.
Desde Madrid deciden el porcentaje de catalán que se puede hablar en Cataluña. El Gobierno central impone recortes a los presupuestos catalanes y anula las inversiones en infraestructuras. Como ejemplo, el corredor ferroviario del Mediterráneo está parado en la “fase de estudio”. Desde Madrid están incentivando la campaña de denuncia de los casos de corrupción contra dirigentes catalanes. La burguesía españolista cierra toda posibilidad de diálogo.
Desde el Estado Español no se ofrece a las naciones nada más que un centralismo burocrático que asfixia política, económica y culturalmente a las nacionalidades que existen en sus límites.
Desde hace varios años que el pueblo catalán viene protagonizando movilizaciones históricas por la independencia de Cataluña y por el derecho a decidir. Primero con el Estatut, y ahora por el derecho a decidir, donde amplios sectores pide la independencia. Es en ese marco en que se da la batalla por el 9N.
Aunque la consulta alternativa anunciada para el 9N ha sido devaluada por la propia iniciativa de Artur Mas, amplios sectores de la población se ilusionan con este desafío al Estado Español. Más de 40.000 voluntarios se apuntaron para realizar todas las tareas vinculadas a la nueva consulta.
El próximo 9N promete ser masivo e imprevisible. Quedan muchas preguntas planteadas. No se sabe qué hará el Govern catalán ante la segura suspensión que dictaminará el Tribunal Constitucional. Quizás acate el dictamen y devalúe aún más el 9N. ¿Qué harán las otras fuerzas soberanistas? Y, lo que no es menor, ¿qué hará el pueblo que busca ejercer su derecho a decidir?
El Gobierno de Rajoy, firme “defensor de la legalidad” está acosado por innumerables casos de corrupción. El Govern catalán a su vez también está desgastado por duros ajustes contra el pueblo y por graves casos de corrupción como el de su fundador Jordi Pujol i Soley.
Las instituciones más importantes del Estado Español y Cataluña se encuentran en un proceso de descomposición acelerada. El escenario político es imprevisible. El enfrentamiento entre diferentes sectores políticos abre un espacio para la irrupción de las masas en la arena política. Las direcciones sindicales, sin embargo, continúan con su negativa a hacer cualquier convocatoria, salvaguardando las espaldas de estas instituciones cuestionadas.
La crisis política en el Estado Español continúa en medio de estos acontecimientos.
