El nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, asegura que se está ultimando la reforma de la ley de protección del menor para obligar a las menores a contar con el permiso de los padres para abortar y, si hay discrepancias, las resolverá un juez.
Jueves 15 de enero de 2015
De este modo, quiere dotar de rango orgánico la nueva Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia para reformar la ley del aborto, considerando que hay tiempo “de sobra” para ello. Ante ello, el ministro anunció que el Consejo de Ministros va a prohibir “en las próximas semanas” el aborto a las mujeres de entre 16 y 18 años que no dispongan del consentimiento paterno. Catalá afirmó que tal requisito “va a tener regulación legal ya, inmediatamente” a través de la modificación del Sistema de Protección a la Infancia y la Adolescencia.
El caso es que la vigente Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo ya obliga a las jóvenes de 16 y 17 años a que informen a sus padres de su intención de abortar, tal y como recoge el artículo 13 de la normativa según el cual únicamente “se prescindirá de esta información cuando la menor alegue fundadamente que esto le provocará un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo”.
El 23 de septiembre de 2014, tras un año de masivas movilizaciones en todo el Estado, el movimiento feminista logró imponer al gobierno de Mario Rajoy la paralización del reaccionario proyecto. Fue el aborto de una ley y la muerte del ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón. La reforma del aborto no gustaba ni siquiera al ala más conservadora del PP y tampoco a la Iglesia, que todavía la encontraba insuficiente.
Reformar la ley del aborto vía la ley del menor
El gobierno, en el inicio de un importante año electoral que inaugura con el eslogan “el PP o el caos”, continúa con su aspiración de reformar la Ley de la IVE de 2010 vía la nueva Ley de Protección de la Infancia que está en proceso de consulta.
En el texto que el gobierno remitió al Consejo de Estado no figuró la palabra “aborto” ni se mencionó directamente la "interrupción voluntaria del embarazo", sino que se modificó el artículo que determina quién tiene la última palabra en las intervenciones médicas a adolescentes: sustituyendo el consentimiento de los menores emancipados o mayores de 16 años, que figura en la norma actual, por el consentimiento de los representantes legales.
El Consejo de Estado dijo que en lugar de una ley ordinaria tiene que ser una ley orgánica, porque una ley de carácter orgánico -como la ley del aborto- no puede ser modificada por una ley de rango inferior, como pretendía el Ejecutivo al incluirlo en la ley del menor. “Pues se hará por ley orgánica”, sentenció Catalá.
A pesar de que para la implementación de una ley orgánica se requiere un tiempo más largo de tramitación y es posible que no de tiempo a ser aprobada en esta legislatura -que concluirá sobre el mes de octubre-, el ministro aseveró que "hay tiempo sobrado".
Para su aprobación, además, es necesario el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Parlamento. Pero Catalá señaló que en esta materia esperan encontrar “un consenso muy amplio” porque, a su juicio, es “de sentido común” que si una menor se plantea abortar, los padres “formen parte de ese núcleo familiar de decisión”. Cabe esperar un prolongado debate público además de las movilizaciones que el caso suscita.
Catalá también afirmó que van a aprobar el Plan de ayuda a la familia con medidas para dar a la mujer y la familia “elementos de estabilidad” e “impedir que factores económicos, sociológicos o laborales estén detrás de un aborto”. Y en este plan, también espera encontrar consenso.
Tres de cada cuatro menores de entre 16 y 17 años que abortan lo comunican a los padres
Entre enero y septiembre de 2014, solo 113 de 913 mujeres de entre 16 y 17 años decidieron abortar sin el conocimiento de sus padres, según un estudio realizado por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI).
Es decir, únicamente un 12,38 por ciento alegó un conflicto grave para no informar a sus progenitores. Tal dato minoritario muestra que la reforma que quiere realizar el Gobierno responde a motivos ideológicos y probablemente a la necesidad electoral de recuperar esos votos que, según Rajoy y su asesor Arriola, no se han fugado a otros partidos sino que se mantienen en “la abstención”.
Si el Gobierno logra implementar la reformar dejará en una situación de desamparo a muchas adolescentes. Como afirma Francisca Gallego, presidenta de ACAI, "estas mujeres no acudirán a las juzgados para pedir el amparo de los jueces porque les supone un mundo ajeno y extraño y no confían en él". Por el contrario, "se someterán a abortos clandestinos poniendo en peligro su salud".
La Asociación Salud y Familia recogió que el 69,4 por ciento de las chicas menores de 19 años y el 71,5 por ciento de los chicos han mantenido ya relaciones sexuales, y en el 40 por ciento de los casos no utilizaron ningún método anticonceptivo. Cuanto más precarias son las condiciones sociales y económicas de las mujeres jóvenes menos atención se presta a la anticoncepción y la educación sexual. Por ello, sostiene Gallego, más que tender hacia la obligatoriedad de ser madres el gobierno debería preocuparse por implementar y mejorar la actual normativa en materia de educación y prevención.
