Este martes se publicó en el Boletín Oficial el esquema para la vuelta de los empleados públicos a las dependencias con amenaza de sanciones a quienes no cumplan con el mismo. La Agrupación Marrón Clasista de ATE denuncia la subordinación de las direcciones sindicales al plan de retorno a la presencialidad y ajuste del Gobierno.
Martes 17 de agosto de 2021 21:59
Ana Castellani, secretaria de Gestión y Empleo Público
La resolución 91/2021, firmada por la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, indica las pautas para que los empleados de la Administración Pública Nacional retomen la modalidad presencial en oficinas y dependencias.
Bajo el modelo denominado “Presencialidad Programada”, la resolución del Gobierno establece que retomen la presencialidad aquellos y aquellas que hayan recibido al menos una dosis de cualquiera de las vacunas aplicadas en el país, “independientemente de su edad y la condición de riesgo”. Plantea la excepción del personal que presente alguna inmunodeficiencia (como pacientes oncológicos, con HIV, o trasplantados) y embarazadas.
La misma plantea su puesta en marcha a partir del 1 de septiembre, luego de las necesarias “adecuaciones del protocolo general a las especificidades de cada lugar de trabajo”. Aunque no hay información cierta sobre el estado general de las oficinas y dependencias estatales, o las reformas necesarias para su acondicionamiento.
Lorena Itabel, delegada gremial en la Junta Interna ATE del Ministerio de Economía y parte de la Marrón Clasista plantea que “en el año y medio que llevamos de pandemia no invirtieron en nada de infraestructura para tener las condiciones adecuadas, como tampoco se hizo en los colegios de los pibes que hoy volvieron a las jornadas completas”. Además advierte que “con la modalidad del teletrabajo también se garantizaron todas las tareas, que recayeron con más fuerza sobre quienes somos madres. Lo hicimos costeando los gastos desde nuestros bolsillos, siendo que la mayoría de los trabajadores nos encontramos por debajo de la línea de pobreza”.
Modalidad mixta entre presencialidad y trabajo remoto
El artículo 4 establece que cuando "(…) sea necesaria la alternancia de la modalidad presencial, se justificará la prestación de funciones bajo la modalidad de trabajo remoto". Esta alternancia entre trabajo presencial y remoto, deberá contemplar la situación de madres, padres, encargados tutores de niñes de hasta 13 años inclusive.
Aunque limita a que “la prestación de servicios de carácter presencial a tiempo parcial no podrá disponerse por fracciones inferiores al 50 % de la jornada normal, habitual y permanente dispuesta para la categoría de revista de cada agente según las disposiciones legales y convencionales vigentes, o hasta 20 horas semanales, las que no podrán exceder la carga horaria prevista para la categoría de cada agente".
El personal no vacunado
Según la resolución, aquellos que por distintos motivos decidieran no vacunarse deberán “dirigirse al Departamento de Sanidad (…) a fin de obtener información sobre la vacuna en cuestión”. De persistir la negativa, deberán firmar una Declaración Jurada explicitando los motivos de la decisión.
Aunque esto no excluye de la presencialidad necesariamente, ya que de ser necesario el cumplimiento presencial de labores, el empleado público deberá "tomar todos los recaudos necesarios para evitar los perjuicios que su decisión pudiere ocasionar al normal desempeño del equipo de trabajo al cual pertenece" indica la misma.
La amenaza de sanciones
En la normativa, el artículo 10 establece la posibilidad de sanciones de acuerdo al régimen disciplinario correspondiente, a “las y los agentes que habiendo sido convocados fehacientemente no cumplieran con la presencialidad requerida”.
Respecto a las sanciones, Lorena Itabel explica que “si bien la Resolución indica que la puesta en marcha de la nueva modalidad debe ser anunciada con 72hs de antelación, ya hubo denuncias de trabajadores y trabajadoras estatales de distintas dependencias que por ejemplo han sido llamados por sus jefes durante el feriado del lunes 16 de agosto, indicando que debían presentarse a partir del día siguiente. Los sindicatos no deben permitir este tipo de aprietes ni las sanciones”.
Por último, agregó: “Planteamos la necesidad de poner en pie Comisiones de Higiene y Seguridad independientes de la Cymat, que estén conformadas por referentes, delegados de los diferentes oficinas y sectores. Porque somos los trabajadores los únicos que sabemos cuidarnos porque ni el gobierno, ni las patronales lo hacen. Y exigimos a las direcciones tanto de UPCN como ATE que rompan la tregua con el Gobierno y convoquen a plenarios, asambleas e instancias abiertas y democráticas para exigir todas nuestras demandas: por nuestras condiciones laborales y también salariales”.
