Al aumento de la expulsión de inmigrantes se le suma la cifra de 8.200 personas a las que se les negó el ingreso al país.
Miércoles 2 de agosto de 2017 14:28
Desde que el gobierno sancionó la xenófoba nueva ley de migraciones, aumentó tanto la tasa de expulsión de inmigrantes como la cantidad de veces que se niega el ingreso de una persona al país. Demás está decir que la absoluta mayoría son personas que provienen de los países limítrofes.
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En enero pasado el gobierno abrió la discusión sobre la nueva ley con declaraciones xenófobas que apuntaban a asociar la "delincuencia" con los inmigrantes. A este discurso anti-inmigrante también se le había sumado el referente kirchnerista Miguel Ángel Pichetto quien declaró que "en los últimos 25 años ha habido un marco de políticas muy flexibles en materia migratoria. No queremos debatir este tema, no lo hagamos. Argentina seguirá yendo definitivamente a la decadencia".
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Los fundamentos para cambiar la ley también apuntaban en ese sentido ya que destacaba en sus bases que "la población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en 2016 el 21,35% de la población carcelaria total".
Lo que no se denuncia es la situación de extrema pobreza en la que viven la mayoría de los inmigrantes peruanos, bolivianos y paraguayos que se ven obligados a trabajar en la ilegalidad para empresarios que se aprovechan de su situación.
De todas formas, mientras que se criminaliza a los inmigrantes pobres que vienen a la argentina a buscar otras posibilidades u escapando de la pobreza de sus países de origen, el gobierno nada dice de las multinacionales que violan las propias leyes laborales vigentes y despiden sin causa alguna, como en Pepsico o contaminan como la Barrick Gold. A estos empresarios internacionales se los premia con exensiones impositivas, baja de impuestos y subsidios estatales.
