La medida publicada este viernes en el Boletín Oficial aclara que la vuelta efectiva será decidida por las autoridades de cada provincia y de CABA según la evolución epidemiológica. Docentes, estudiantes y auxiliares no fueron consultados sobre la decisión oficial.
Viernes 6 de noviembre de 2020 12:02
Foto: El Cronista
El texto lleva la firma del jefe de Gabinete Santiago Cafiero y del ministro de Salud Ginés González García y aclara que las vueltas que decidan los mandatarios de los distritos deberán contar con la conformidad del ministro de educación, Nicolás Trotta.
Según la Decisión Administrativa publicada, las universidades deberán garantizar las medidas de distanciamiento e higiene necesarias para “disminuir el riesgo de contagio y preservar la salud de sus trabajadores y estudiantes”, y a la vez se los exceptúa de la prohibición del uso del transporte público.
Entre las medidas se encuentran el distanciamiento, el uso de tapabocas y el control de la temperatura corporal. Cada establecimiento deberá contar con insumos básicos de higiene y en caso de detectarse un caso positivo o sospechoso, el establecimiento cerrará por el plazo de un día.
La decisión del gobierno se da en el marco de las idas, vueltas y discusiones en torno a la vuelta a la presencialidad de las escuelas. Al igual que en éstas, la medida anunciada para las universidades no contó con la consulta ni participación de la comunidad educativa, que será la que a fin de cuentas se expondrá a los posibles contagios, y llevará adelante el funcionamiento de las casas de estudio.
Desde el inicio de la cuarentena en marzo, las autoridades impusieron la modalidad virtual de cursada sin garantizar el acceso ni las condiciones adecuadas a estudiantes, docentes y trabajadores no docentes, generando condiciones de mayor precariedad para éstos últimos y provocando niveles de deserción en las y los estudiantes.
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Ésta vuelta a la presencialidad se da en momentos donde el presupuesto 2021 se encuentra en tratamiento en el Senado y prevé una reducción del gasto público general y del presupuesto universitario en particular. Aquí el gobierno pretende recortar un 25 % en salarios y un 19 % en la totalidad de los fondos para las 57 universidades nacionales.
