A falta de 48h para la celebración de la comisión de reconstrucción en el Congreso donde se votará el programa de medidas a desarrollar, el Ejecutivo de Sánchez e Iglesias encuentra alianzas firmes en Ciudadanos y lima asperezas con el Partido Popular.
Ivan Vela @Ivan_Borvba
Miércoles 1ro de julio de 2020
Foto: EFE
Los cuatro grupos de trabajo de la comisión de reconstrucción están a punto de finalizar su tarea. Tras cerca de dos meses de trabajo donde han participado centenares de especialistas y profesionales de diferentes ámbitos (economistas, letrados, profesores, doctores, etc.) junto a los portavoces y representantes de los partidos políticos, excepto Vox, este viernes se votará en el Congreso el programa de medidas a implementar.
Economía, sanidad, políticas sociales y marco de actuación europeo, son los grupos de trabajo que han definido el marco de los debates y negociaciones. A falta de 48h para que se realice la votación en el la cámara baja, parece que el Gobierno “progresista” cuenta con el apoyo prácticamente total de Ciudadanos y acuerdos muy avanzados con el Partido Popular.
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La formación naranja sigue profundizando su perfil “pactista” desde que Arrimadas se hiciera con la dirección del partido, después de la marcha de Rivera tras la “remontada”. Como hiciera en las votaciones de extensión del Estado de alarma, Ciudadanos ha estado rápido en la búsqueda de pactos con Sánchez.
A pocas horas de que se vote el plan de reconstrucción el próximo viernes, el acuerdo es del 99%, quedando tan solo un fleco por cerrar. Ciudadanos rechaza (como también rechaza la formación de Pablo Casado) un punto específico dentro del grupo de trabajo de políticas sociales, concretamente el punto 18.1 del documento. Este apartado destaca que el “incremento de los recursos públicos dedicados a la educación y las becas [...]. La totalidad del incremento de la inversión irá destinado a la educación pública de gestión directa”.
Es decir, que los 1.600 millones que Sánchez otorgará a las autonomías para invertir en educación deberán destinarse exclusivamente a la red pública. Algo que realmente se contradice con la norma que el mismo Pedro Sánchez publicó semanas atrás, donde aseguraba que “las comunidades podrán decidir cómo reparten el dinero entre las dos redes”. Por ello este punto sigue en discusión y no se descarta que Sánchez e Iglesias acaten nuevamente la voluntad de Ciudadanos incluyendo a la privada y la concertada.
La derecha ha vuelto a sacar su libreta de discurso neoliberal en materia de educación argumentando que la doble red “favorece la libertad de elección” y que la red pública concertada “también es pública”.
Pero nada más lejos de realidad. La escuela concertada, gestionada en su amplia mayoría por organizaciones religiosas, hace un exhaustivo trabajo de segregación del alumnado. Eso es fácilmente comprobable con los datos en la mano y atendiendo al peso de los alumnos más desaventajados por motivos económicos, lingüísticos o cognitivos en ambas redes.
Si la red “pública” concertada supone el 25% del alumnado, como defienden desde la derecha, ¿por qué tan sólo acoge al 14,1% del alumnado migrante frente al 79% de la pública? Además, mientras el 2,3% de los alumnos de la escuela concertada tiene necesidades especiales de aprendizaje en primaria, en la pública son el 3,7%.
Otra de las medidas estrellas de la formación naranja que no ha tenido que debatirse ya que ha sido abrazada desde hace meses por el Gobierno, y en este caso también por las direcciones sindicales de CCOO y UGT, es la flexibilización de los ERTEs, especialmente en el sector turístico.
Por otro lado desde Moncloa se siguen destinando esfuerzos para atraer al partido de Casado al pacto en el mayor número de puntos. Con las áreas de Sanidad y Actuación en Europa encaminados, la cuestión de la educación, al igual que con Ciudadanos, y la política fiscal siguen siendo un escollo.
Mientras las negociaciones se mantiene no hay que olvidar que en este punto el programa de reconstrucción presentado por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos ya no cuenta con la medida estrella de la formación morada centrada en un impuesto a la renta progresivo, es decir, en hacer pagar impuestos a quién más tiene.
A pesar de esto el portavoz de Podemos Pablo Echenique en un claro gesto a la galería, sigue “defendiéndola” en las reuniones frente al resto de partidos como si eso tuviera algún tipo de validez o implicación.
Con el Gobierno “progresista” cada vez más cómodo con el arco derecho del Congreso, sus socios de investidura se encuentran sin interlocutor. Si bien Moncloa advierte que estos pactos de reconstrucción no están ligados a pactos de Gobierno ni especialmente a los Presupuestos Generales, lo cierto es que poco interés ha mostrado por ERC o BNG.
Estos partidos, junto al PNV, rechazan por ahora la propuesta de reconstrucción, donde entre otras cosas critican que se incluyen medidas que facilitan una mayor injerencia del gobierno central en competencias autonómicas.
A falta de la votación del próximo viernes queda claro el mensaje del gobierno de Sánchez e Iglesias, para la política seria, mejor mirar a la derecha.