CATALUNYA. El Gobierno propone una mínima reforma del anacrónico delito de sedición

Cuando se rompió el Govern catalán y algunas voces, como el propio ex líder de Junts, Jordi Sànchez, aseguraba que el procés “se había acabado”, no iba mal encaminado, y una nueva muestra de ello es el anuncio de Pedro Sánchez el pasado viernes en Bruselas en relación a la reforma del delito de sedición.

En tierras belgas, el presidente del Gobierno aseguró que estaba abierto a negociar la reforma de este delito, pero que tenían que garantizar que se llegara totalmente acordado con ERC. Recordemos en este punto que, si bien para los indultos de 2021 el Ejecutivo no necesitaba de tramitación parlamentaria, para la modificación de este delito requiere mayoría absoluta de síes, es decir, 176.

Sánchez aseguraba que esta reforma es parte de sus promesas electorales y un compromiso personal que quiere llevar adelante. Ahora bien ¿qué clase de reforma? Pues según información que ha publicado este mismo lunes el diario El País y que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufían, ha tildado de filtraciones, la reforma se centraría básicamente en rebajar la condena a la mitad. Pasar de los 15 años de pena máxima a 6 o 7 años máximo, igualando así la media europea para delitos de sedición o similares.

El gobierno “más progresista de la historia”, no ve otra reforma posible a este delito que cuenta con artículos redactados en 1882. Y parece díficil que se mueva de esa posición, según la línea roja marcada por Ferraz. “No dejaremos sin contenido el delito de sedición”, señalan desde el partido socialista.

Aunque el PP y Vox ven como las encuestas se les han girado en los últimos meses en contra, Sánchez sabe que no puede dar excusas para que estas formaciones vuelvan a tomar aire, y el procés catalán siempre es una oportunidad para ello. Por ese motivo la política del Ejecutivo en este tema ha sido la misma que la de la derecha, persecución, represión y sentar ante los Tribunales a los detenidos, incluso como en los juicios del procés, siendo acusación.

Ante un procés finiquitado por arriba, en parte, por la estrategia de los dos partidos de la dirección procesista, ERC y Junts, el PSOE se puede permitir presentar esta ínfima reforma como una medida progresista. Una medida que por un lado no evitaría la cárcel para Carles Puigdemont, si así lo estimara el juez, y que por otro lado, es una medida que no afecta a la gran mayoría de represaliados y represaliadas políticas del procés.

Para ello se tendría que exigir la amnistía total, algo a lo que la dirección procesista hace muchísimo tiempo que se negó a pelear consecuentemente, más allá de discursos públicos.

A la ofensiva de la derecha y las concesiones con trampa del gobierno “progresista” hay que responder peleando por la amnistía total para todos los presos políticos y encausados del movimiento independentista – más de 3.000 – pero también de quienes se enfrentan a juicios y multas por participar en bloqueos de desahucios, piquetes de huelga, manifestaciones... o por simples delitos de opinión por hacer un tuit, un artículo o una canción, como el rapero Pablo Hasel. Así como por la derogación de la Ley Mordaza, la enésima promesa incumplida por el PSOE y Unidas Podemos, la Ley Antiterrorista y todos los artículos liberticidas del Código Penal, como el de injurias a la Corona.

La amnistía, como el derecho a decidir, no será obtenida en una mesa de negociación con el PSOE y Unidas Podemos, ambos leales partidos de Su Majestad. Esta es solo la última ilusión mágica de un procesismo en decadencia. Para conseguir estas reivindicaciones democráticas no hay otro camino que reimpulsar el movimiento democrático catalán sobre otras bases, que las vinculen con la resolución de los grandes problemas sociales que la actual crisis ha agravado y que ERC y JxCat quieren gestionar como la anterior, por medio de la movilización independiente de la clase trabajadora y los sectores populares, en una alianza fraternal con los del resto del Estado.