Nueva resolución. El Gobierno restringe el ingreso a la moratoria previsional para cumplir con el FMI

El Gobierno publicó la Resolución 5345/2023 firmada por los titulares de Anses, Fernanda Raverta, y de Afip, Carlos Castagneto, que establece los requisitos para acceder a la moratoria previsional. La norma incluye una serie de criterios de ingresos y patrimonio que reducen el universo de potenciales beneficiarios de la medida como exigió el Fondo en el staff report.

Se determinó que para inscribirse en la moratoria el ingreso bruto promedio mensual correspondiente a los últimos doce meses anteriores a la fecha de la evaluación, no sea mayor al límite vigente para acceder a la asignación familiar por hijo (que en la actualidad es de $ 404.062), y los consumos en tarjeta podrán ser de hasta $323.249,60, cifra promedio de 12 meses, y se estableció un límite de bienes personales. La Anses y la AFIP compartirán información para hacer estos controles. Se estima que el número de beneficiarios de los 800.000 previstos descenderá a unos 500.000 y bajará el impacto fiscal.

La manifestación patrimonial en las declaraciones juradas del Impuesto sobre los Bienes Personales no podrá ser mayor a 2,4 veces anualizado el importe previsto para acceder a las asignaciones familiares, esto es $ 11.636.985,60.

Tampoco se podrá tener un automotor cuyo valor sea mayor al importe anualizado de ese ingreso, que en la actualidad es equivalente a $ 4.848.744.

En este último ítem se exceptúan "las maquinarias agrícolas, que no registre la tenencia de bienes informados por la Administración Nacional de Aviación Civil, ni tampoco la tenencia de embarcaciones de más de 9 metros de eslora informada por la Prefectura Naval Argentina", según el inciso "b" del artículo 2 de la resolución general conjunta.

Por su parte, la ley de moratoria estableció que el beneficio previsional es incompatible con el goce de otra prestación previsional de cualquier naturaleza (contributiva o no contributiva), incluyendo retiros y planes sociales, salvo en el caso en que la única prestación que la o el titular perciba a la fecha de solicitud fuera contributiva y su importe no supere el importe equivalente a una jubilación mínima vigente a la fecha de solicitud de la prestación.

El Fondo apunta contra los jubilados

En el último staff report el FMI recomendó que haya restricciones para el acceso a la moratoria previsional. Según el documento “el costo de la moratoria aumenta a 0,4% del PIB a mediano plazo” y para reducir este “gasto”, el organismo sugiere subir las deducciones de las jubilaciones, permitir el acceso solo a quienes hayan realizado algún aporte al sistema y no estén recibiendo otros beneficios sociales.

En un país con alrededor de 35% de empleo informal, el FMI pretende que millones de personas se queden sin acceso a una jubilación cuando no son los trabajadores los responsables de la falta de sus aportes sino las patronales.

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Ante esta situación otra vez el Gobierno no elige a los jubilados como prometió en la campaña electoral sino que decide acatar lo que dice el FMI.

La situación de los jubilados es crítica. El 91% de las jubilaciones y pensiones se encuentra por debajo del valor de la Canasta de la Tercera Edad. Además, en los últimos cinco años se deterioró entre 24% y 30% el valor real de las jubilaciones y pensiones. Después de la suspensión de la movilidad previsional en 2020 y la nueva fórmula jubilatoria de 2021, los haberes mínimos cayeron un 11 % en los últimos tres años, llegando hasta una pérdida de 18% para los haberes máximos. Con la nueva movilidad previsional que impulsó el gobierno del Frente de Todos se siguió perdiendo y eso es producto que el oficialismo se negó a incorporar un piso que garantice que nunca el ajuste jubilatorio pueda ser menor que la inflación. En 2022 el Gobierno se dio el lujo de sobrecumplir la meta de déficit fiscal con el FMI y recortó el gasto en jubilaciones y pensiones del 8% al 7,7% del PIB.

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