El gobierno de Mauricio Macri, envió al Senado un proyecto de ley, que autoriza a las telefónicas a dar servicio de televisión satelital, como lo hace hoy DirecTV.
Leonardo Vázquez @Leo_Vazquez2000
Sábado 7 de abril de 2018
Con esta ley, ya no sería solamente el mega-conglomerado Telecom-Clarín, el habilitado para brindar el cuádruple play: televisión de pago, telefonía móvil, telefonía fija y conexión a Internet, a partir de enero de 2019.
En la actualidad ni Telefónica, ni Claro, están aún en condiciones de competirle a Cablevisión en el segmento de tv por cable, sin embargo tienen infraestructura para poder dar tv por vía satelital, ya que disponen del mismo para otros países de la región.
Por lo cual todo parece indicar que esta medida viene de alguna manera a compensar a Telefónica que lo viene reclamando enérgicamente, así como también el gobierno español, cuyo presidente, Mariano Rajoy, estará de visitará en la Argentina la semana próxima.
El proyecto también incluye normativas para que las TICs compartan la infraestructura pública y privada. También se habilita la licitación de más espectro de frecuencia para banda ancha móvil 4G para servicios de Internet y telefonía móvil.
El proyecto de ley enviado por el ejecutivo, llamado también “ley corta”, como su nombre lo dice, plantea también una enorme cantidad de indefiniciones, ambigüedades e interrogantes.
La falta de criterios objetivos y de definiciones, termina dando una fuerte impronta discrecional abierta a arbitrariedades y definiciones de implementación por parte del ejecutivo mediante Ministerio de Modernización y la autoridad de aplicación.
Uno de los argumentos del gobierno es llevar internet y tv satelital a todo el país. A su vez promete a pequeños y medianos, así como a cooperativas, que la futura reglamentación contemplará su sustentabilidad y promoverá la competencia. Sin embargo, se plantean grandes interrogantes, ya que si se habilita, la señal satelital se podrá brindar sin mayor infraestructura a todo el país. Esto pude arrasar con las cableras y cooperativas del Interior, que por otro lado están ligadas a los gobernadores y por esa vía al Senado. Por esto, habrá que ver como se implementa este aspecto que puede generar disputas políticas e incluso llegar a afectar puestos de trabajo si afecta a las cableras del interior. Justamente por este motivo estaba vedada esta posibilidad hasta el momento.
Con este proyecto, el gobierno busca dar señales de apoyo a las telefónicas, grandes jugadores del mercado, en pos de una mayor concentración de los medios de comunicación. Por lo que dependiendo de su reglamentación e implementación, se abre la posibilidad de distintas disputas de intereses.
Mientras tanto las inversiones siguen siendo escasas y limitadas a las zonas más rentables, con elevadas tarifas y servicios deficientes. Las disputas se limitan a un conflicto entre grupos empresarios, donde los usuarios y trabajadores son sólo variables de los grupos en disputa para intentar maximizar sus ganancias.
