El Gobierno y los fiscales

Alejandra Gils Carbó junto a Nilda Garré

Un gobierno que llega busca acumular jueces, uno que se va, fiscales; afirma un principio general de usos y costumbres de la relación de los gobiernos con el poder judicial. El fantasma de este principio recorre la reforma del Código Procesal Penal que el poder ejecutivo acaba de enviar al Congreso.

Más allá de la polémica y los aspectos reaccionarios que contiene el código, como el referido a la extradición inmediata de los inmigrantes; o el más controversial en torno a la cláusula que habilitaría los juicios por jurado (de acuerdo a una ley que el Congreso dicte a tal efecto); la cuestión del poder de los fiscales merece una atención especial.

En su presentación, donde se sintetizan los principales cambios, el proyecto afirma que “respecto a los jueces se les asigna el control de las garantías de procedimiento y la dirección de las audiencias. Los representantes del Ministerio Público Fiscal, por su parte, asumen definitivamente la dirección de las investigaciones penales”.
La ley orgánica del Ministerio Público sentencia en el artículo 5: “El Procurador General de la Nación y el Defensor General de la Nación serán designados por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes. Para la designación del resto de los magistrados mencionados en los inciso b), c), d), e) y f) de los artículos 3° y 4°, el Procurador General de la Nación o el Defensor General de la Nación, en su caso, presentará una terna de candidatos al Poder Ejecutivo de la cual éste elegirá uno, cuyo nombramiento requerirá el acuerdo de la mayoría simple de los miembros presentes del Senado”.
Alejandra Magdalena Gils Carbó es la Procuradora General de la Nación, es decir, quien está al mando de todos los fiscales hoy en funciones, además de tener un importante poder para su designación. Fue propuesta por el Poder Ejecutivo en reemplazo del histórico del peronismo Esteban Righi, que renunció a ese cargo en 2012 cuando Amado Boudou acusó al estudio de abogados que él había fundado en los años ’80 de “aceitar jueces federales” de los tribunales de la avenida Comodoro Py.

Gils Carbó, políticamente alineada con el cristinismo, pelea desde esa posición la designación de fiscales afines al gobierno. Entre los casos más controvertidos está el intento de nombramiento de Sergio Leonardo Rodríguez, a quien la Procuración General pretende ubicar al frente de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, la que debe investigar los casos de corrupción.
“Hacete amigo del juez”, recomendaba el Martin Fierro; pero si te vas no vienen mal unos cuántos buenos fiscales y si tienen más poder, mejor. Una “yapa” del nuevo Código, presentado como un paso en la "democratización" de la justicia.