DEL LADO DEL AGRONEGOCIO. El INTA quiere fumigar con agrotóxicos al lado de un jardín de infantes en Pergamino

A través de Hernán Trebino, su director regional, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria volvió a mostrarse de la vereda del agronegocio: solicitó al Juzgado Federal N.º 2 de San Nicolás, a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo, que se lo exceptúe de aplicar la medida cautelar que el propio juez dictó en 2019 y que prohíbe las fumigaciones con agrotóxicos a menos de 1095 metros para la aplicación terrestre y 3000 metros para las aéreas. Así lo denunció la ONG Naturaleza de Derechos en sus redes sociales, donde además da cuenta de que el municipio de Pergamino, a cargo de Javier Martínez de Juntos por el Cambio, también es “personero del agronegocio” y apeló la medida judicial.

La querella que encabeza Sabrina Ortiz, de Naturaleza de Derechos, rechaza el pedido y sostiene que deliberadamente oculta que dentro del predio de la Estación Experimental Agropecuaria Pergamino funcionan un jardín de infantes y una escuela de nivel medio. Denuncian que en la parcela lindante al jardín de infantes, con una distancia de apenas cien metros, se usaron agrotóxicos, dado que se constató la existencia de maíz GM y barbecho químico.

Para la abogada, el reclamo del organismo oficial se funda “en el falso entendimiento de que los procesos investigativos presentados son benévolos e inocuos, cuando en realidad por las extensiones y el uso de agrotóxicos son tan peligrosos y contaminantes como los procesos productivos desarrollados en las parcelas de los demás imputados y procesados que motivaron el inicio de la causa judicial”. Sin embargo, en la presentación de Ortiz se desmiente el uso “experimental” de la EEA Pergamino: “Se trata también de procesos productivos cuyas resultas luego son comercializadas y gestionadas por una cooperativa del Inta Pergamino”.

Pergamino es un pueblo fumigado desde hace años: sus vecinos tienen agrotóxicos en los patios, en sus pozos de agua particulares, en el arroyo Pergamino y hasta en el agua de red. Desde la parte querellante sostienen que la contaminación está presente hasta en los cuerpos, menores incluidos, esencialmente por la deriva de los agroquímicos, es decir, la contaminación que se traslada fuera del objetivo de fumigación.

El rechazo a esta excepción está basado en que las grandes empresas de Pergamino usan la estructura y legalidad del INTA para producir sus ensayos e investigaciones.

Desde la ONG ambientalista denuncian que las instalaciones y el predio son usados por las compañías para analizar “la eficacia de sus cultivos transgénicos y agrotóxicos que ellas mismas fabrican y producen, transformando al predio del INTA Pergamino en un auténtico predio productivo del agronegocio, cuyo objetivo ha variado de la investigación y estudios de ensayo a la especulación y el ánimo de lucro con explotaciones de cultivos con destino a la venta”.

Trebino se ubica como vocero del agronegocio cuando en la presentación apunta directamente a la pérdida de unos nueve millones pesos “como consecuencia de no haber podido realizar acciones de manejo agronómico concretas para evitar daños significativos producidos por malezas, plagas y enfermedades en los cultivos implantados en áreas afectadas por la cautelar”. El director regional del INTA asegura que el 80 % de los recursos administrados por la Asociación Cooperadora del EEA Pergamino proviene de la producción agrícola, es decir, el agronegocio.

Si firma Trebino, escribe el agronegocio

Cuando se raspa un poco en el pasado reciente de Trebino no sorprende el pedido para que un organismo del Estado pueda seguir usando agrotóxicos. Es el mismo funcionario que en mayo de 2017 prohibió a los profesionales del INTA usar el término “agrotóxico” y exigió que se hablase de “fitosanitario”, un eufemismo para ocultar el daño ecológico y a la salud humana de estas sustancias químicas de gran toxicidad y potencial cancerígeno según la OMS.

Por entonces, Trebino, ingeniero agrónomo y doctor en Ciencias Agropecuarias, demandó a directores del instituto que “en las comunicaciones de los profesionales, así como en los materiales impresos, virtuales, o en cualquier otro tipo de comunicación institucional correspondiente al INTA o a alguna de sus unidades, programas, proyectos o instrumentos de intervención, cualquiera sea su categoría, deberá practicarse una abstención irrestricta del empleo del término ‘agrotóxico’, ya que su empleo implica una posición valorativa negativa que presupone un uso inadecuado o inapropiado de una alternativa tecnológica que bien empleada no debería constituirse en riesgo para la salud humana o ambiental. Se debe emplear ‘productos fitosanitarios’ o ‘agroquímicos’ en vez de ‘agrotóxicos’ o cualquier otra referencia que implique un posicionamiento sobre estos productos que no se corresponde con decisión institucional alguna”.

La querella encabezada por Ortiz sostiene que ni siquiera podría hablarse formalmente de “fitosanitarios” ya que se acreditó en la causa judicial que los residuos en el agua de Pergamino generan un riesgo de toxicidad para el ser humano y no precisamente sanidad, a diferencia del control químico de plagas, insectos y malezas en las plantas.

“Lo correcto es mencionarlo como agrotóxico. Decir que es un fitosanitario es necedad y malicia”, sostienen.

No fue la última vez que las autoridades del INTA censuraron la denuncia al modelo agrotóxico. A raíz de una nota de Darío Aranda en Página/12 de abril de 2018 decidieron retirar de su web el libro Plaguicidas en el ambiente, de Virginia Aparicio, Eliana Gonzalo Mayoral y José Luis Costa, publicado por la institución a fines de 2017. Debieron reponerlo.

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Agroecología y agronegocio no pueden convivir

Para el INTA Pergamino es “seguro” fumigar a escasos metros de centros educativos y viviendas familiares. Muy lejos del discurso que dio pie a la Dirección Nacional de Agroecología.

En su presentación, la letrada de Naturaleza de Derechos pidió a Villafuerte Ruzo que se cite a la Renama (Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología), que asesora a cerca de treinta municipios sobre el modelo de producción agroecológica, y se ponga en pie una mesa de diálogo con autoridades del INTA, el director nacional de Agroecología Eduardo Cerdá, el perito de parte Medardo Ávila, la Dra. Virginia Aparicio, el Dr. Damián Marino y el ingeniero agrónomo Javier Souza, junto a la Renama y la UTT, para mostrar una alternativa viable al modelo agroindustrial.

En Argentina, el uso de agrotóxicos saltó de menos de cien millones de litros kilos a casi seiscientos millones de litros kilos por año en dos décadas y media, según se informó en la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Una parte innegable de la implantación del modelo sojero y ecodestructivo la cumplió Felipe Solá al habilitar la soja RR en sus tiempos de secretario de Agricultura del Gobierno de Menem. El mismo funcionario, ahora como canciller, busca avanzar en el resistido acuerdo porcino con China.