Inflación. El IPC sigue en alza, pero los salarios de miseria siguen sin cubrir el coste de la vida

Nuevamente se confirma el alza del IPC, que cierra enero en el 6,1% tras el contagio a más productos de la cesta de la compra. El dato, del Instituto Nacional de Estadística corrige, al alza una décima la cifra de hace dos semanas. A pesar de que el índice ha bajado unas décimas respecto a diciembre, que estaba en el 6,5%, lo relevante es que el alza de los precios persiste y no hay perspectivas de que la tendencia se modifique.

Los precios acumulan así 10 meses por encima del umbral del 2% objetivo del Banco Central Europeo, y rondan su nivel más alto de las últimas tres décadas.

En el sector energético, enero fue el segundo mes con la electricidad más cara de la historia en el mercado mayorista español. En concreto, la electricidad ha subido un 46%, el diésel un 25,7% y la gasolina un 23,1% en los últimos 12 meses.

En los grandes medios de comunicación la principal explicación sobre la subida de precios se debe a la elevación del valor de la energía -el barril de petróleo Brent se sitúa cerca de los 100 dólares-, pero no solo es debido a esto. En el flanco esta la distribución, donde los problemas en las cadenas de suministro continúan y repercuten directamente. Las largas esperas en los puertos, la subida de los fletes marítimos y la paralización de fábricas chinas por la pandemia, está desajustando el conjunto de la economía capitalista provocando alzas de precios generando costes adicionales.

A su vez, el impacto de la inflación internacional y su impacto en la economía española se está agravando por el conflicto entre Estados Unidos y Rusia en relación a Ucrania, en el cual el Estado español se ha ubicado como un peón de la OTAN. Globalmente, los países imperialistas han llegado a duplicar y hasta triplicar sus valores de inflación, como el 7 % anual de EE.UU., el mayor incremento en 40 años, desde 1982.

Así, la subida de los precios de la energía y otros productos ha repercutido directamente sobre la producción y distribución del resto de mercancías, elevando el coste de vida de la población. Productos básicos en la cesta de la compra de cualquier familia trabajadora se han encarecido: el aceite de oliva subió un 30,1% interanual, las frutas frescas se encarecieron un 8,8%, la carne de ovino y caprino un 12,6%, la de ave un 6,6%, la de vacuno un 6%, las harinas y cereales un 10,6%, el arroz un 8%, la leche el 6,6%, igual que los huevos, y el pan un 5,3%, por citar algunos alimentos. Y en otros sectores comunes también ha habido subidas de precios: las prendas de vestir para hombre se encarecieron un 5%, y las de mujer un 4% en tasa anual, aunque bajan respecto a diciembre por la campaña de rebajas.

Frente al aumento del IPC, el paro y la precariedad: un programa para las y los trabajadores

Frente al drama de la inflación, solo 1,2 millones de trabajadores y trabajadoras tienen cláusula de garantía salarial en sus contratos. La proporción de trabajadores con un mecanismo de revalorización de su sueldo cayó al 15,65% el año pasado, según datos del Ministerio de Trabajo, mientras que antes de la crisis de 2008 llegaba a siete de cada diez trabajadores con convenio. Eso significa que prácticamente el 70% de los y las trabajadoras han perdido esta cláusula.

Ante esta situación, el aumento del SMI durante 2022 en 35 euros, hasta los 1.000 euros, que han pactado el Gobierno con CCOO y UGT, con la “oposición” de la CEOE, se queda muy corto. De nuevo, como el año pasado, se querrá hacer pasar como muy “progresista” lo que solo será un nuevo parche al creciente empobrecimiento de las mayorías populares.

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Ante el aumento desbocado de los precios es necesario defender un programa de defensa de las condiciones de vida más elementales de la clase trabajadora. Un programa que debería tener, para empezar, cuatro consignas básicas:

1) Aumentos de salarios y establecimiento de una escala móvil de los salarios ligado a un IPC real, elaborado por los propios trabajadores y costeado por los capitalistas, con cláusulas automáticas de indexación salarial;

2) La derogación de todas las reformas laborales, incluida la farsa de reforma laboral “progresista” de Yolanda Díaz, las burocracias de CCOO y UGT y la patronal de la CEOE;

3) Un subsidio de desempleo indefinido hasta encontrar trabajo y ligado a la escala móvil de salarios para todas las personas que lo necesiten;

4) El reparto de las horas de trabajo entre todas las manos disponibles sin reducción salarial, para trabajar menos y trabajar todas y todos.

Las direcciones sindicales burocráticas, que acaban de negociar una reforma laboral a la medida de la CEOE y que vienen abonando la pasividad, deben romper su subordinación al Gobierno y la patronal y llamar a un plan de lucha en todo el Estado. La izquierda sindical, que se opuso a la reforma laboral, tiene en sus manos plantear esta exigencia a viva voz y comenzar a organizar desde abajo la lucha por estas medidas de emergencia.