En la ciudad de San Martín de los Andes el gobierno del MPN sigue priorizando el beneficio de los negocios inmobiliarios mientras no resuelve la grave problemática de vivienda que sufren la familia trabajadora de la localidad andina.
Jueves 30 de julio de 2020 10:07
El intento de desalojo de una vecina de la localidad de San Martín de los Andes, madre de dos chicos que se agravó su situación con la pandemia por lo que fue desalojada en pleno temporal de nieve de la casa que alquilaba por falta de pago dejó al desnudo el grave déficit habitacional que existe en la ciudad.
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Según el director de Hábitat y Vivienda, organismo dependiente de la municipalidad, existe un déficit de más de 4000 casas en esta localidad de 30.000 habitantes, pero como sucede a nivel provincial los números oficiales siempre están por debajo del déficit real.
A la par que crece el negocio inmobiliario de barrios cerrados y departamentos céntricos para un sector de alto poder adquisitivo. Mientras aparecen a cuentagotas las tierras para realizar loteos desde la gestión municipal y provincial (MPN) son muy veloces para que los empresarios del cerro Chapelco adquieran tierras para desarrollos inmobiliarios, a un precio de 8000 pesos la hectárea.
Link del cerro chapelco http://www.laizquierdadiario.com/Vendieron-140-hectareas-del-cerro-Chapelco-y-el-Gobierno-neuquino-quiere-impedir-debate-en
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Como contracara, en el año 2018 se construyeron 278 viviendas, muy lejos de resolver el problema habitacional que se agrava año a año. Para lo cual se necesita recursos a partir de impuestos extraordinarios a las petroleras, a los grandes terratenientes de la zona, casinos y grandes fortunas para financiar un plan de obras pública que permitan en poco tiempo construir la cantidad de viviendas que se necesitan. Además, permitiría solucionar el grave problema de desocupación que se ha profundizado con la pandemia.
El intendente de la ciudad, Carlos Saloniti (MPN), pretende culpar a la población que ha sido beneficiaria de viviendas, persiguiendola y pretendiendo quitarles el inmueble. Esto alienta una guerra de pobres contra pobres y se quita la responsabilidad de garantizar un derecho fundamental.
Salatoni, declaró que se compraron 3 hectáreas para loteos sociales. Eso representa poco más de 60 lotes, siendo que la autoconstrucción es algo inalcanzable para las familias trabajadoras sino es haciéndolo en forma precaria en una zona donde los inviernos son muy duros.
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El Gobierno municipal y el provincial (MPN) son plenamente responsables de las situaciones violentas que se han sucedido y puedan suceder en tanto no actúa dando respuesta y fogones la discordia entre quienes ya tienen su casa y quienes la necesitan aún.
Es un discurso peligroso del cual incluso el Partido Obrero pidiendo información de todos los adjudicatarios de un plan de viviendas y planteando que la solución habitacional que reclama la población es demostrando si existiera alguna irregularidad en el proceso de adjudicación”. Este planteo de hecho desliga al Estado de su obligación de construir viviendas y hace eje en vigilar si cada adjudicatario se encuentra en su vivienda.
