CORRUPCIÓN EN EJÉRCITO. El Milicogate: enriquecimiento e impunidad militar

Un nuevo “milicogate”: la nueva arista corrupción

Los escándalos por “presuntos” casos de corrupción no paran. Si desde fines del 2014 vienen golpeando duramente a los partidos de Chile Vamos y la Nueva Mayoría, a sus parlamentarios, tocando a los ex presidentes, sus campañas y al propio gobierno, pasando por el escondido escándalo de corrupción en el Ejército (supuestamente en estratos menores) con los desvíos de 3.600 millones de dólares de los fondos reservados del cobre, ahora golpea a la cúpula militar. Esta vez es el turno del ex Comandante en Jefe durante el período 2010-2014, el general Juan Miguel Fuente-Alba, revelado tras reportajes de TVN y The Clinic.

El general, es investigado por la Fiscalía Centro Norte de la región metropolitana por enriquecimiento ilícito, por aumento irregular de su patrimonio de 3.000 millones de pesos (unos 5 millones de dólares) entre los años 2005-2014, cuando el sueldo bruto de su cargo no superaba los 4 millones de pesos mensuales (16 veces el sueldo mínimo). De acuerdo a la investigación de los medios arriba citados, la fortuna patrimonial estaría vinculada a la adquisición de inmuebles “de alto valor” y una decena de vehículos Audi, así como diversas transacciones entre familiares.

Así, mientras la clase trabajadora vive con sueldos que no llegan a fin de mes (más del 70% gana menos de $400.000), políticos de Chile Vamos y Nueva Mayoría, así como altos mandos del Ejército, ganan millonarios sueldos y son financiados directamente por sus patrones, los grandes empresarios del país, para quienes legislan, gobiernan y mantienen su poder de fuego contra el pueblo trabajador. ¿Estaría este caso relacionado abiertamente con los desvíos de los fondos reservados del cobre? Está por verse.

El manto de protección e impunidad del Estado capitalista a los militares

En declaraciones el día de ayer, el ex Comandante señaló ser “inocente” y acusó existir un “cúmulo de informaciones falsas” en su contra. De forma parecida señalaron todos los políticos de derecha y centro-izquierda investigados por casos de corrupción de grandes empresas. Así también señalan ex presidentes y el gobierno actual respecto a sus campañas políticas. Sin embargo, todo lo cubre un enorme manto de protección e impunidad del conjunto del régimen. Así son las operaciones para que el Servicio de Impuestos Internos deje de investigar los delitos por boletas ideológicamente falsas, o los intentos del jefe del Ministerio Público para cerrar rápidamente las investigaciones como ha señalado en varias entrevistas. También los intentos de nuevas leyes de impunidad en el parlamento como ocurre con la “ley mordaza” contra las filtraciones en investigaciones secretas.

Así, las diversas instituciones del Estado capitalista buscan protección ante los innumerables escándalos de financiamiento ilegal, desvíos de fondos y apropiación ilícita abiertos, cuyos casos no son ni la punta del iceberg ante el manto de impunidad abierto para que no se sigan investigando y sacarlos de la opinión pública.

Así es también con las Fuerzas Armadas. Fue durante los años 90 con el caso de los “pinocheques” que implicaban a Pinochet y su familia con un multimillonario enriquecimiento patrimonial durante la dictadura, y que terminaron con investigaciones cerradas sin encontrar responsables ante la protección abierta del régimen de la transición, en este caso, del ya fallecido ex Presidente Aylwin. Así también con la millonaria fortuna de la esposa de Pinochet, dueña de numerosas propiedades, incluidas “plazas públicas” entregadas a través de CEMA Chile (Centro de Madres).

Y actualmente dicho manto buscando encubrir los desvíos millonarios con la ley reservada del cobre. ¿Alguien de verdad puede creer que eran sólo subordinados quienes desviaron durante años 3.600 millones de dólares para enriquecerse junto grandes empresas con servicios que no se entregaron?

Y está en la misma cúpula del poder militar, en materia de declaración de interés y de patrimonio personal.

En el Ejército, sólo el comandante en jefe, el General Oviedo, registra declaración de patrimonio e intereses. ¡Sin ningún valor de ese patrimonio! No sólo eso: no hay ningún general que registre alguna declaración de patrimonio e intereses. En la Policía de Investigaciones no hay nada. En Carabineros de Chile no hay nada. En la Fuerza Aérea, sólo el Comandante en Jefe registra su declaración de patrimonio e intereses. Ningún otro general lo hace. Y eso que en el caso de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, señala la obligación de realizar este tipo de declaraciones “a los oficiales Generales y oficiales Superiores de las Fuerzas Armadas y niveles jerárquicos equivalentes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública”, que debe ser pública y actualizarse cada cuatro años, así como un hecho relevante que la modifique.

Así, los principales mandos de las Fuerzas Armadas así como de la policía no entregan dicha declaración, un verdadero certificado para eventualmente desviar fondos o enriquecimientos personales con el dinero público.

Y así sigue la trama de corrupción con grandes empresarios, enriquecimiento a costa del patrimonio público e impunidad y protección del régimen y sus partidos. Esta vez, al propio poder militar, que configuró el Chile neoliberal con la dictadura contra los trabajadores y el pueblo, y aseguró ese poder, de los grandes empresarios y sus partidos durante 25 años de transición pactada, manteniendo la herencia de la dictadura.

Sobre la alianza con el poder civil

Nada más ni nada menos que Enrique Correa, ex MAPU y uno de los principales lobbystas “en la sombra” de los grandes empresarios y de la alta jerarquía de la centro-izquierda concertacionista, estaría “asesorando” al ex Comandante. Asimismo, es quien “asesora” a los dueños de Penta y SQM, empresarios ligados a Pinochet que hicieron su fortuna usurpando las empresas del Estado durante la dictadura mediante las privatizaciones, y que están en el centro de los escándalos de financiamiento ilegal por corrupción a numerosos políticos de Chile Vamos y la Nueva Mayoría, así como del “progresista” independiente Marco Enríquez Ominami.

Es parte de la “trenza” entre el poder civil y el poder militar. Asimismo es el Consejo Asesor sobre Estudios e Investigaciones Militares que funciona desde el año 2005 en el Ejército, y que desde el 2010 tiene a personeros ligados a los partidos del régimen en su seno, puestos allí por el mismo ex Comandante en Jefe investigado por enriquecimiento ilícito. Repitiendo el cuoteo binominal de todas las instituciones del Estado, es el caso de dos miembros de la derecha y la de Nueva Mayoría, como son Hernán Felipe Errázuriz, ex canciller de Pinochet; Genaro Arriagada, ex ministro de la Segpres de Eduardo Frei Ruiz-Tagle; Herman Chadwick Piñera, abogado UDI y representante de grandes gremios, actualmente presidente del holding eléctrico multinacional Enersis. También el “progresista” Francisco Vidal, ex ministro de Defensa y reservista del Ejército. Así una por otra, las diversas “trenzas” entre el poder civil y militar repartidas en numerosas instituciones del Estado capitalista.