Con paro activo en 6 provincias, tomas de colegios secundarios, ausentismo y tachaduras en los cuestionarios, el rechazo de docentes, estudiante y familias fue la respuesta más escuchada.
Hernán Cortiñas Docente delegado de UTE-CTERA
Martes 18 de octubre de 2016 12:23
Este martes el Gobierno nacional intentó implementar una evaluación estandarizada a estudiantes de sexto grado y quinto año (y en algunos casos, de tercer grado y segundo/tercer año), siguiendo las recomendaciones para educación del Banco Mundial.
Tal como denuncian docentes, familias y estudiantes el objetivo era “construir” información sobre las escuelas para descargar la responsabilidad de la situación de la educación en los diferentes actores de la escuela, desligando al Estado de su rol de garante de derechos.
El repudio creció exponencialmente durante el fin de semana cuando se filtraron algunas preguntas. "¿Las maestras y maestros te explican los temas hasta que entendés?", "¿Las maestras y maestros se enojan con ustedes?", "¿Alguien de tu casa es descendiente de pueblos indígenas?", "¿Las maestras y maestros te escuchan?". Así se hizo completamente evidente la intencionalidad que esconden este tipo de operativos. Desde las escuelas señalaron que no sorprende que no se pregunte sobre responsabilidades básicas del Estado como podría ser el estado de los edificios escolares o de la comida de sus comedores.
A pesar de la pasividad cómplice de la conducción de CTERA, que se limitó a emitir pronunciamientos por la suspensión del operativo, el rechazo se extendió por todo el país. En Tierra del Fuego, Santa Cruz, Neuquén y Río Negro hubo paro activo, al que también convocaron Amsafe Rosario y los Sutebas opositores en sus provincias. En el resto de las provincias los docentes impusieron por abajo el boicot con renuncias a ser aplicadores y desarrollando una profunda campaña para que las familias y los estudiantes se sumen al rechazo.
En el caso de las familias el rechazo también fue masivo. No enviaron a sus hijos o escribieron notas para no autorizarlos a responder los cuestionarios. Por ejemplo, en el distrito escolar 11, sito en el barrio de Flores de la Ciudad de Buenos Aires, sólo fueron 267 chicos de los 812 que hay en los sextos grados de las 24 escuelas primarias. Es decir, sólo un 32% de asistencia. Además, hay que tener en cuenta que de estos muchos tacharon el cuestionario. Claramente, el operativo ha perdido toda validez técnica.
Por su parte, los estudiantes también han dado la nota. Por medio de charlas, asambleas y tomas de colegio (ver acá, acá o acá) se han pronunciado contra estos exámenes y se negaron a ser cómplices de esta farsa de evaluación educativa. La modalidad más extendida ha sido la de romper o tachar los cuestionarios, dado que los límites de asistencia dificultaban las otras modalidades de boicot.
La magnitud del rechazo y boicot de docentes, estudiantes y familias, sumado a las filtraciones de los cuestionarios, impiden que el Gobierno pueda utilizar seriamente de estas evaluaciones para justificar ataques a la educación pública. Sin embargo, sólo redoblando las campañas y superando la pasividad cómplice de la conducción de CTERA se podrá terminar de derrotar estas reformas vía evaluación estandarizada.
