La aplicación de la Regla Fiscal, como parte de las medidas para garantizar el ajuste del FMI, imposibilita al Gobierno adaptar los salarios más bajos, cerca de 28.900 funcionarios y funcionarias, a su esquema de salario global.
Jueves 1ro de abril de 2021
El proyecto de Ley Marco de Empleo Público, punta de lanza del gobierno del PAC para asegurar un préstamo por más de $170 millones con el FMI, avanza en el debate legislativo. Pese a los señalamientos tanto de sindicatos, como de sectores estudiantiles y universitarios, el proyecto de Ley presenta un carácter de urgencia para los sectores que mantienen bajo ataque a los trabajadores y trabajadoras públicas.
El discurso de la responsabilidad fiscal y la "eficiencia" del Estado esconde un ataque contra derechos elementales, tales como la negociación colectiva y el salario. Sobre este último pesa la propuesta estrella del proyecto de Ley, el salario global. Con la finalidad de acabar con la desigualdad salarial, el proyecto propone una base común de remuneración, la cual sería ampliada a partir de ciertos indicadores, de acuerdo con las labores específicas de cada puesto de trabajo.
El principal problema de la aplicación de esta medida es que la propia regla fiscal, establecida por la Reforma Fiscal, imposibilita al Gobierno aumentar cualquier salario -ni por coste de vida, ni aumentos del salario base-, mientras la deuda ascienda al 60% del PIB. Actualmente este rubro ocupa más del 80% del PIB, metiendo al Ejecutivo en una grave contradicción: una ley cuya justificación es acabar con la desigualdad salarial dejaría la brecha salarial estancada por años afectando particularmente a las personas con menos salario. Una vez más queda claro que no pueden armonizarse los intereses de los partidos patronales y de los organismos internacionales imperialistas, sin violentar los intereses de miles de familias trabajadoras, no hay salida capitalista a tal contradicción.
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La migración al sistema de salario global es planteada como alternativa para quienes ya estén laborando, ajustándose al nuevo sistema una vez que sus salarios igualen, por aumento debido al costo de vida, la cantidad propuesta por el salario global. No obstante, la regla fiscal congela automáticamente esos salarios, dejando un déficit de c32.200 millones. Este dinero es el necesario para poder ajustar al 9% de la planilla total del sector público, aquellas personas que detentan los salarios más bajos quedan así condenados por el proyecto de ley a sostenerse con salarios mucho más bajos que los de cualquier nuevo trabajador o trabajadora que sea empleada después de la virtual aprobación del proyecto.
Frente a esta perspectiva,es necesario el no pago de la deuda externa que desangra los recursos del país, se remarca además la necesidad de un Encuentro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras, que cuente con independencia de los partidos patronales que impulsan el proyecto de Ley. Un espacio como este, libre de la influencia de sectores burgueses y oportunistas, podría preparar de conjunto un plan defensivo para la clase trabajadora. Un plan capaz de conectar los intereses de los explotados y explotadas tanto del sector público como del privado, una unidad que garantice un alto al ajuste del FMI y a los ataques contra los derechos de toda la clase trabajadora.
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