La crisis del PDeCAT se agrava por las investigaciones por corrupción y por la incapacidad de sus dirigentes de llevar hasta el final el “procés”.
Pere Ametller @pereametller
Jueves 20 de julio de 2017
Agentes de la Benemérita acompañados del fiscal anticorrupción José Grinda se personaron de buena mañana tanto en el Parlament como en el Palau de la Generalitat en busca de pruebas sobre el ex conseller de justicia e imputado Germà Gordó. La policía obtuvo sus correos electrónicos. Recordemos que hace poco salía a la luz una conversación entre Gordó y Mas en la que se entendía que tramaban un caso de corrupción al hablar de ¨facilitar¨ asuntos.
Y es que durante décadas el Régimen del ’78 ha permitido a la ex Convergència, desde su puesto en el Govern de Catalunya, saquear el erario público. El mismo caso Palau, el imperio de la “famiglia” Pujol, o los embargos de las sedes de Convergència dan muestra de ello. Sin duda, nada ajeno a las prácticas corruptas que se vienen ejerciendo desde Madrid, la Comunidad Valenciana, Murcia,... con la connivencia del Estado central.
Sin embargo, el “giro independentista” de la antigua CDC ha provocado que desde 2012 el Estado empiece a investigar al partido de Mas y el clan Pujol con el objetivo de desarmar por todas las vías el “processisme”. La ¨Operación Catalunya¨ es una buena muestra de ello.
Y es que parece que el “día de la marmota” puede llegar a su fin. Se acerca el final del ¨procés¨, el 1 de octubre es la fecha fijada para el referéndum y la ofensiva españolista no duda en redoblar esfuerzos para coartar las aspiraciones democráticas de millones de catalanes con el Tribunal Constitucional a la cabeza. Para todo ello, el artículo 155 de la Constitución española sigue siendo, cada vez con mayor fuerza, una amenaza presente, tal como lo han recordado desde el Gobierno en numerosas ocasiones.
Pero, pese a las amenazas del Gobierno central, parece que las tensiones no vienen solamente del “exterior”. Las tensiones en el seno del PDeCAT están hoy más que nunca al limite. Parece que hay una batalla dentro del “Govern” por no asumir las responsabilidades, nadie quiere firmar ningún papel que le inhabilite de cara a las próximas elecciones.
Si uno no cree que el referéndum se vaya a llevar a cabo, el cese de cuatro ¨consellers¨ por no estar suficientemente comprometidos con el referéndum puede parecer un signo de fortaleza. Pero por otro lado, uno se puede preguntar que hacían hasta hace dos meses y medio antes de la fecha marcada para el referéndum cuatro ¨consellers¨ que no están comprometidos con la realización de dicho referéndum. El mismo Baiget declaró que estaba dispuesto a ir a la cárcel pero no que el Estado atacase a su patrimonio. Sin duda un magnifico autoretrato de hasta donde están dispuestos a luchar los representantes de la burguesía por los derechos democráticos.
Por otra parte, el referéndum obliga a todas las fuerzas políticas de Catalunya a clarificar su posición. A diferencia de la consulta del 9-N y de las elecciones del 27-S, el referéndum supone una ruptura con la legalidad del Estado y permite realmente conocer la posición del pueblo de Catalunya. Esta ruptura con la legalidad es la que echa hacia atrás al PDeCAT y también a los ¨comuns¨.
Los ¨comuns¨ le recriminan, con razón, a Junts pel Sí que estos les exijan pronunciarse sobre un referéndum que ni siquiera ha sido convocado. Pero en vez de exigirles que lleven a cabo el referéndum unilateralmente, se escudan en la exigencia de ¨garantías democráticas¨, que no son mas que el eufemismo de un referéndum pactado. Así, la ambigüedad de los ¨comuns” es total. Si un día Colau dice que colaborará en todo lo posible en la realización del referéndum, al siguiente argumenta que no puede poner en riesgo a los funcionarios.
Sin duda queda claro que ante una clase política tan temerosa y poco dispuesta a luchar por los compromisos políticos que ha tomado, solo la movilización en las calles hará posible la realización del referéndum y la aplicación del resultado.
Es necesario que las movilizaciones no sean solo el 11 de septiembre y que se extienda mas allá de Catalunya. Activar la solidaridad de la clase trabajadora y los sectores populares del resto del Estado es vital para debilitar al Estado y que se abran procesos constituyentes desde abajo en el conjunto del territorio. Unos procesos constituyentes que rompan con el régimen del 78 y permita desarrollar todos los derechos democráticos y sociales, entre ellos el derecho a la autodeterminación. Ello solo se podrá alcanzar mediante la ruptura con el Régimen y el partido de la burguesía catalana.
