El PP ataca también la universidad pública andaluza: las universidades podrían acabar el año en déficit

Sindicatos y representantes de la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas denuncian el incumplimiento reiterado de la Junta de Andalucía en materia de financiación. Los rectores de las nueve universidades públicas reclaman al gobierno de Juanma Moreno una transferencia de 50 millones de euros que la Junta adeuda desde hace más de seis meses y advierten de que las universidades podrían cerrar el año en déficit.

La Junta de Andalucía se ha excusado afirmando que el dinero ha sido invertido en “rescatar” a la Universidad de Málaga (UMA) de una crisis presupuestaria inyectando 48,5 millones de euros a través de un préstamo. Un argumento que oculta, según los sindicatos de la entidad malagueña, cómo la universidad ha llegado a dicha crisis financiera y que además viene acompañado de un programa de recortes que afectará al personal de la UMA.

El PP no cumple ni su propio modelo de financiación

Como denuncian sindicatos y rectores, la Junta de Andalucía no cumple el propio modelo de financiación propuesto por el gobierno andaluz para el periodo de 2023-2027. Ya el pasado mes de mayo la Junta admitía en un Consejo Andaluz de Universidades que aún debía abonar 25 millones de euros para cumplir su propio modelo de financiación.

La otra mitad de los 50 millones reclamados por la comunidad universitaria suponen los complementos autonómicos del personal docente e investigador y a la evaluación del desempeño de la carrera horizontal del personal técnico, de gestión y de administración y servicios. Un gasto de financiación que la Consejería de Universidades se comprometió a pagar en otro acuerdo firmado entre gobierno, rectores y sindicatos. Un dinero que de no entregarse pone en riesgo la nómina de los trabajadores públicos. Por su parte, el gobierno trata de rebajar la cantidad de esta segunda parte del dinero con excusas técnicas.

En un comunicado las Universidades Públicas Andaluzas reclaman el pago de los 50 millones y exigen financiación adicional para mantener la calidad de la enseñanza pública.

El caso UMA: un préstamo envenenado

El plan de rescate de la Junta de Andalucía para la Universidad de Málaga se encara como un recorte encubierto para la institución andaluza. El gobierno del PP ha concedido a la UMA un préstamo extraordinario de 48,5 millones de euros, al 1º% de interés y a devolver en 21 años para que resuelva las deudas e impagos de los últimos años. Deudas acrecentadas por las distintas obras y construcciones impulsadas por la UMA.

El préstamo vendría a mantener viva una institución con un déficit de más de 45 millones de euros. Una crisis que ha sido descargada en el anterior equipo de gobierno de la UMA y en los distintos proyectos como la nueva Facultad de Psicología desde los portavoces de la Junta de Andalucía. Los recortes propuestos por la Consejería de Universidades vendrían a sanear las cuentas después de un periodo de “aumento exacerbado de gastos, especialmente en materia financiera”.

No obstante, según han denunciado los sindicatos la deuda millonaria de la UMA no se corresponde únicamente a los proyectos en los que se embarcó en los últimos años sino también a la continua infrafinanciación por parte de la Junta de Andalucía. Desde Comisiones Obreras se señala que desde 2015 la Junta de Andalucía, en aquel momento en manos del PSOE, ha dejado de abonar en total 206 millones de euros en concepto de gasto de personal y gastos corrientes. Un tipo de gastos que han ido aumentando en los últimos diez años a un ritmo mayor que la financiación autonómica, aunque en teoría estos gasto deberían haber sido asumidos por la administración andaluza. Por ello, si la brecha entre el gasto y la financiación era de 8 millones anuales en 2015 el pasado 2023 la cantidad ascendió a 28 millones.

También señalan que la Junta de Andalucía reclamó a la UMA en 2020 que aportara 36 millones de euros de sus remanentes a los Fondos COVID, lo que dañó las posibilidades de la universidad de afrontar los gastos de las obras en las que estaba inmersa aumentando sus deudas. Un dinero que nunca ha sido devuelto por parte de la Junta de Andalucía que prefiere achacar la crisis financiera a la irresponsabilidad de los equipos de gobierno de las universidades.

Ahora el préstamo otorgado a la UMA viene acompañado de un plan de ajustes que podría afectar al personal universitario mientras la Junta de Andalucía aprovecha la propia crisis de infrafinanciación que ellos han alimentado mientras apoyan la creación de universidades privadas.

Una crisis que viene de lejos: el PSOE también atacaba las universidades

El duro ataque del PP a la universidad pública en Andalucía ha provocado el rechazo de la comunidad universitaria que comienza a advertir una situación similar a la que viven las universidades en regiones como Madrid, donde la crisis de las universidades ha provocado una amplia movilización. No obstante, en un contexto donde el PSOE-A busca lavar su imagen tras haber perdido la hegemonía en Andalucía en el último ciclo político conviene hacer un pequeño ejercicio de memoria. Ya que, como explican los propios sindicatos universitarios, el ataque a la universidad pública en Andalucía comenzó de la mano de los gobiernos del PSOE.

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Por un lado, en los últimos años de “gobierno progresista” leyes como la LOSU y la LCU (la “ley mordaza universitaria”) han avalado este camino generalizado a la privatización de la universidad y la represión del movimiento estudiantil. Los gobiernos autonómicos de la derecha se apoyan en el gobierno PSOE-Sumar, como antes lo hicieron en el de PSOE y Unidas Podemos, para iniciar una nueva oleada de ataques a los servicios públicos.

Por otro lado, echando la vista atrás al ciclo político anterior durante los últimos gobiernos del PSOE en Andalucía también encontramos ejemplos de cómo abrieron la puerta a la privatización de la Educación Pública. Por ejemplo, a través del modelo de financiación de las universidades para el periodo 2017-2021, un modelo que como denunciaron sindicatos y el movimiento estudiantil en aquel momento supuso un recorte del 30% de la financiación de las universidades públicas. Usando terminología vacía empresarial el gobierno de Susana Díaz afirmaba que la Junta de Andalucía tan solo aportaría el 70% de los recursos globales de las universidades y que estas deberían buscar el 30% restante entre otras fuentes de dinero público o privado.

Una medida que forzó a las universidades a comenzar a competir entre sí siguiendo las leyes del mercado lo que obligó de fondo a cambiar sus objetivos como denunciaron los Consejos Estudiantiles al anunciarse dicho modelo. Las universidades públicas andaluzas perdían su autonomía universitaria al depender del capital privado que evidentemente iba a pedir algo a cambio de aportar financiación a las entidades universitarias. Una competición en la que las universidades públicas más pequeñas podrían verse aplastadas por las de mayor influencia poniendo en cuestión el derecho igualitario a la educación. Y, un modelo en el que se planteaba ya de forma implícita la fusión o desaparición de grados universitarios según conviniese a las universidades en un contexto de adaptación a las demandas del mercado.

Un modelo de financiación que quiso colocar a los estudiantes como privilegiados afirmando que todos estaban becados como mínimo al 85% en referencia al precio de las tasas universitarias en Andalucía. Como si no fuese un problema en sí el precio de las matrículas universitarias como concepto. Siendo en definitiva un documento que sellaba la política universitaria del PSOE andaluz como una totalmente adaptada al modelo neoliberal donde los derechos se transformaban en nuevos sectores a explotar por el capital privado.

Por ello, hay que pelear tanto contra los recortes actuales impulsados por el PP y contra el entramado previo construido por un PSOE que tras décadas de políticas neoliberales en Andalucía ahora quiere fingir preocuparse por las clases populares andaluzas. Tan solo desde la movilización independiente de las y los trabajadores, las estudiantes y la juventud andaluza autoorganizada se podrá conquistar un modelo de Educación Pública acorde a las necesidades de la población y no al servicio de las empresas.