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Red Internacional
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SANIDAD PÚBLICA. El PP de Moreno Bonilla avanza con la privatización de la Atención Primaria en Andalucía

El PP andaluz no respeta el acuerdo con los sindicatos y, en su proyecto de orden, continúa la privatización de la Atención Primaria y con su política favorable a que las empresas privadas puedan utilizar instalaciones públicas para realizar sus servicios.

Roberto Bordón

Roberto Bordón @RobertoBordon13

Martes 5 de septiembre de 2023

Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía / Europa Press

Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía / Europa Press

Moreno Bonilla sigue adelante con su plan de privatizar la Atención Primaria recortando aún más la maltrecha sanidad andaluza. Como denuncian los sindicatos en el último proyecto de orden publicado por la Junta de Andalucía, el gobierno del PP mantiene la voluntad de privatizar la Atención Primaria y de permitir que las instalaciones públicas sanitarias puedan ser utilizadas por empresas privadas. Dos cuestiones contra las que los sindicatos y las mareas blancas se movilizaron durante varios meses a lo largo de este año y a las que, en teoría, el PP renunció en un acuerdo en mayo en pleno contexto electoral.

El PP andaluz empezó el año con esta política privatizadora a la que tan solo había renunciado parcialmente quitando los elementos más odiosos en mayo, en un acuerdo en mitad de las elecciones municipales. Sin embargo, el inicio del nuevo curso político desvela que dicha negociación podría ser papel mojado, ya que el proyecto de orden publicado por la Junta de Andalucía mantiene tanto la privatización como la posibilidad de que las empresas privadas usen instalaciones públicas.

Siguiendo lo publicado a principios de año, el gobierno andaluz pagará a la sanidad privada hasta un máximo de 65 euros por derivar la primera consulta a un médico de familia, 150 euros en el caso de un especialista y las consultas sucesivas ascenderán a 90 euros. La tarifa se reducirá en un 35% en caso de que el médico privado atienda al paciente en un hospital público.

La norma ha sido recurrida por los sindicatos, que han denunciado la actitud del gobierno andaluz, señalando que habrían firmado un acuerdo en falso por motivos electoralistas. Al mismo tiempo, denuncian que la Junta no plantea ampliaciones de plantilla a pesar de las dificultades de personal de la sanidad andaluza.

Sindicatos y mareas blancas animan a la ciudadanía a denunciar hasta el 12 de septiembre, el periodo establecido de alegaciones a la norma. Ahora bien, incluso el falso acuerdo aceptado por el PP demuestra que incluso las migajas sólo se obtienen mediante la movilización de los trabajadores y trabajadoras, con las movilizaciones que tuvieron un amplio apoyo de la población y que pueden articularse con otras demandas como, precisamente, la situación de precariedad de las trabajadoras sanitarias. El que los sindicatos quieran encauzar este conflicto por un cauce administrativo pone en evidencia la nula voluntad de lucha de sus direcciones y estructuras burocratizadas.

Una lucha que podría extenderse por todo el Estado puesto que la privatización de la sanidad no es un fenómeno únicamente andaluz, sino que responde a un plan más general de privatizaciones y recortes de los servicios públicos. Por lo que la manera de responder a estos recortes debe ser la movilización, la coordinación y armar un plan de lucha, con asambleas democráticas de trabajadores y trabajadoras en cada centro de salud.

Desde la CRT y la Red Izquierda Diario pensamos que para terminar con el negocio de la salud en manos de los capitalistas a nivel estatal, es necesario plantear una perspectiva que supere el modelo de gestión y cogestión público-privada que se ha sostenido durante décadas por todos los gobiernos, ya fueran de derecha o “progresistas”. Contra el negocio de concertadas y consorcios, hay que imponer la derogación de la Ley 15/97 y de todos los convenios de gestión privada de equipamientos sanitarios públicos, en la perspectiva de luchar por la expropiación sin pago de todas las empresas de salud privadas -incluidas las grandes farmacéuticas- y la nacionalización de todo el sistema de Salud para crear una red pública única, gestionada por sus médicos, profesionales y trabajadores de la salud junto a comités de usuarios.


Roberto Bordón

Andalucía

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