Con los votos a favor del PP, en contra del PSdG y BNG, y la abstención de En Marea, este martes ha sido aprobada la “Lei de Fomento de Iniciativas Empresariais”, que desregulariza la aprobación de proyectos de megaminería, así como la política forestal y favorece las expropiaciones forzosas.

Jacobo A. García @Jacobscarface
Miércoles 18 de octubre de 2017

La “Lei de Depredación de Galiza”, como fue rebautizada por los movimientos sociales, se ha aprobado finalmente este martes en el Parlamento de Galicia. La sesión fue tensa entre reproches por la gestión de los incendios al gobierno de Feijoó. Esta es la razón por la cual “En Marea” se abstuvo. Su representante, Antón Sánchez, fue llamado al orden dos veces por el presidente de la Cámara por sus intervenciones en relación a las funestas consecuencias del fin de semana. Finalmente abandonó la sesión y su grupo parlamentario se abstuvo a modo de protesta, ya que no fue atendida su petición de hacer un monográfico sobre los incendios. Noa Presas, del BNG, censuró el abandono al que se vieron sometidos los afectados por parte de las administraciones. De forma similar intervino el socialista Abel Losada (PSdeG).
El resto de la sesión se desarrolló entre las críticas del BNG a aspectos de la Lei, como la “persecución a los montes comunales”, el “desequilibrio territorial”, entre otras cuestiones, y las apreciaciones de “En Marea”, remarcando que esta Lei favorece la “eucaliptización” y que se produzcan más fuegos. Asimismo, el PSG y el PP se enzarzaron en acusaciones mutuas de corrupción.
El portavoz del Partido Popular, Miguel Tellado, destacó por un discurso con altos tonos de cinismo y falsedad, en las circunstancias actuales. Afirmó que la oposición pretende que la administración se “una fábrica de trabas a la iniciativa económica”, y que es partidario de "simplificar, liberalizar y potenciar" la instalación de proyectos velando por que tengan “garantías". Afirmó, a su vez, que la oposición está "en contra" de la creación de puestos de trabajo y a favor de cerrar empresas. Para terminar, Tellado, recordando a la famosa frase de “Aznar España va bien”, remarcó que a la oposición a que le "molesta que Galicia vaya bien", con la economía creciendo y el paro bajando.
Recordamos que esta Ley supone uno de los mayores ataques al medio ambiente y a la clase trabajadora gallega en las últimas décadas. El gobierno de Feijoó ha firmado un “contrato” con las grandes multinacionales mineras, así como con grandes grupos capitalistas, como las papeleras o las grandes constructoras, en el que se vende la tierra gallega a precio de saldo. Con la categoría de proyectos industriales estratégicos, con el único requisito de generar 100 puestos de trabajo y 20 millones de euros de inversión, se permite el uso prioritario del suelo y la expropiación.
Galicia es relativamente rica en minerales como cobre, oro, plomo, etc. Pero estos están en baja densidad y distribuidos en grandes superficies. Para extraer unas cuantas toneladas de oro se removerán montañas enteras, se contaminarán las tierras con arsénico, cianuro o mercurio, y estas serán infértiles e inhabitables durante décadas. Unos cuantos miles de puestos de trabajo, en el mejor de los casos, a cambio de condenar a cientos de miles al paro, la emigración y la miseria.
El cinismo del Partido Popular es todavía mayor cuando aprueba esta Lei tan solo dos días después de los fatídicos incendios del fin de semana, que se saldaron con cuatro víctimas mortales y 35.500 hectáreas quemadas, que unidas a las que se quemaron en todo el año, ya suman 48.100. Esta cifra es superior a las hectáreas quemadas en 2014, 2015 y 2016, y solamente superadas por la oleada de incendios del 2006, donde se calcinaron 96.00 hectáreas de monte durante semanas enteras.
La Lei permite la extracción de madera en zonas no protegidas sin autorización previa, así como la tala, mediante autorización, de árboles en zonas protegidas, excluyendo parques naturales. Qué casualidad que este fin de semana ardiera parte de la reserva de la biosfera de Os Ancares, en Lugo y unos días antes ardiera el Parque Natural de O Xurés, en Ourense. Pareciera que las empresas mineras se estuvieran preparando para su “festín”, una vez aprobada la ley hecha a su medida.
Feijóo arremetió el lunes 16 contra los “terroristas incendiarios” y declaró tres días de luto para Galicia, afirmando que “Galicia no se quema sola” y que caerá el peso de la Ley sobre los culpables. Pero la palabra del presidente de Galicia no tiene ninguna credibilidad. Estamos hablando de una persona que se hizo fotos en yates con narcotraficantes como “Marcial Dorado”, que dirigió los gravísimos recortes en el SERGAS, Servicio Galego de Saúde, y lleva desde 2013 planeando un plan de devastación ambiental con el conocido lema “Galicia é unha mina”. Desde la concesión de la papelera contaminante ENCE por 60 años más, pasando por la Lei de Acuicultura (tumbada temporalmente por los marineros), hasta llegar a la “Lei de Depredación”, una auténtica barbarie contra la que tenemos que organizarnos.
Su discurso recuerda al cinismo de los principales líderes europeos, que condenan el “terrorismo yihadista” pero hacen negocios con la dictadura saudí, o con el régimen autoritario de Erdoğan en Turquía, que permite el paso de petróleo robado del ISIS por la frontera, al tiempo que recibe 6000 millones de euros de la UE para no dejar pasar a los refugiados. El gobierno del PP ha hecho una ley para los grandes grupos capitalistas estatales y extranjeros. Los mismos que buscarán beneficiarse de los incendios intencionados.
La plataforma Contraminacción, que agrupa a decenas de colectivos ecologistas, junto con la Alianza Rural Galega, en la que se agrupan sindicatos como la CIG o el SLG (Sindicato Labrego Galego), han convocado a una manifestación el 22 de octubre a las 12:00 en la Alameda de Santiago de Compostela. Un primer paso para tumbar esta Ley mediante la movilización social. Pero, como expusimos en otras notas, es necesario un plan de lucha más ambicioso. Un plan que pasa por la huelga general y la combinación de acciones en las distintas ciudades y en la capital gallega.
Por otra parte, es destacable el proceso de autoorganización del pueblo gallego, puesto en marcha desde que se produjeron los fuegos. Miles de personas en todas las poblaciones donde llegaron las llamas se ofrecieron voluntarios para apagarlas, frente al abandono sufrido por las autoridades. Una inmensa muestra de solidaridad popular. Por el contrario, a principios de octubre Feijóo despidió cerca de 500 brigadistas al terminar la temporada de verano, con lo que la respuesta de extinción se produjo tarde con catastróficas consecuencias.
En los días posteriores cientos de miles de personas, mediante grupos de whatsapp y otras plataformas, se ofrecieron a ayudar para apagar los fuegos todavía activos o rescatar animales heridos. Es necesario una coordinación más eficiente de los “Comités de Defensa del Monte”, que sean capaces de repartir tareas de restauración ambiental de las zonas quemadas, así como la organización de la necesaria lucha social para evitar que vuelva a suceder.
Al grito de “Lumes Nunca Máis”, decenas de miles de personas se manifestaron en las distintas ciudades y villas gallegas, así como en Madrid o en Barcelona, contra la barbarie de este fin de semana. Debemos exigir una contratación de los servicios contra-incendios, con una única administración autonómica pública, durante todo el año y que se centre en la extinción, contra las privatizaciones del sector.
Nuestra perspectiva estratégica es lograr una planificación racional del territorio por parte de los trabajadores y campesinos, que acabe con la plaga del eucalipto y desarrolle un modelo productivo respetuoso con el medio ambiente y favorable a los intereses de la mayoría social. Un modelo completamente opuesto a la desregularización masiva que plantean el PP y los grandes capitalistas, que no puede si no suponer poco menos que un infierno en la tierra.

Jacobo A. García
Vigo