El modelo fiscal ultraliberal “trumpista” regresivo de Ayuso se ha impuesto definitivamente en el PP.
Juan Carlos Arias @as_juancarlos
Martes 20 de septiembre de 2022
Tras una nueva rebaja fiscal a las grandes fortunas anunciada por la Comunidad de Madrid, se agregan ahora la Junta de Andalucía que va a suprimir el Impuesto de Patrimonio además de otros gravámenes, y Castilla León que ha comprometido una “rebaja histórica de la fiscalidad”. Mientras, como contracara, la desigualdad social se acentúa y la degradación de los servicios es incontestable.
El PP de Feijoó ha entrado en la lucha electoral como un vendaval político que, más allá de su cacareada moderación política, acosa al Gobierno de Sánchez tratando de bloquearlo desde todos los frentes (judicial, político, económico, etc.). Lo hacen con escaso éxito por el momento, salvo en el terreno judicial. Hasta ahora, Sánchez ha conseguido aprobar políticas contracíclicas parciales contra el shock de los precios energéticos y contener en parte sus repercusiones sociales. Igual que consiguió antes sacar adelante los presupuestos generales y las medidas anti-covid principales durante la pandemia, gracias al apoyo de sus socios parlamentarios.
Al mismo tiempo, el PP empieza a tomar medidas ultraliberales desde los gobiernos autonómicos, compitiendo con los planteamientos de Vox. Quieren enviar un mensaje claro a su electorado: que de la crisis inflacionaria y energética se sale profundizando los recortes en los servicios públicos y favoreciendo aún más los negocios y los beneficios de las empresas del IBEX 35. Poniendo sin tapujos sobre la mesa la agenda liberal reaccionaria que piensa llevar a cabo en caso de victoria electoral. Así se diferencian de la política más liberal progresista del Gobierno de Sánchez. Aunque esta, por otra parte, no va más allá de poner parches que no atienden las necesidades sociales básicas, sin tocar mínimamente los privilegios de los ricos y las grandes empresas.
Se ha visto muy claramente esa perspectiva en las últimas propuestas fiscales que han anunciado recientemente distintos gobiernos autonómicos presididos por el PP. La última ha sido Andalucía, que ha aprobado este martes en Consejo de Gobierno la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio a través de una bonificación del 100% de la cuota -que beneficia tan solo al 0,2% de los contribuyentes andaluces- y a la que le acompañarán otras medidas fiscales regresivas en la misma onda de rebajas fiscales en beneficio de las grandes rentas y fortunas. Algo que no es nuevo ni solo del PP, puesto que hay que recordar que fue el Gobierno de Zapatero el que eliminó el Impuesto del Patrimonio en primera instancia, aunque posteriormente con la crisis de 2008 lo volvió a implementar.
Madrid, por otra parte, también ha anunciado más recortes fiscales en la parte que gestiona del IRPF, más deducciones fiscales para vivienda, educación y otros descuentos fiscales, acentuando así su política de competencia fiscal con otros territorios. Todo con un olor tremendo a chamusquina porque beneficiará fundamentalmente a las rentas más altas, como ha hecho después de favorecer con becas para educación dirigidas a población con ingresos superiores 100.000 euros, mientras no llegan las becas para toda la población que realmente las necesita.
En total y una vez que se apliquen las medidas de recortes fiscales anunciadas por
Andalucía y Castilla León, entre los cinco territorios gobernados por el PP acumularán más de la mitad de los recortes fiscales que aplican la totalidad de las comunidades autónomas, con un monto de 10.943 millones de euros (55,7%). Siendo de conjunto el cheque fiscal de las comunidades autónomas a las grandes fortunas de 19.643 millones de euros, un auténtico escándalo cuando no solo no tendría que haber recortes fiscales, sino que deberían implementarse impuestos directos progresivos y extraordinarios sobre las grandes fortunas para atender las necesidades sociales.
La Comunidad de Madrid como modelo fiscal “trumpista” del PP
La tendencia en el PP viene siguiendo la estela de las medidas fiscales regresivas adoptadas durante los últimos años por Ayuso desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Su contraparte es el deterioro cada vez mayor de la sanidad, la educación o los servicios sociales, mientras desde su gobierno autonómico reclama periódicamente al Gobierno central más recursos. Cuando viene regalando al menos 5.000 millones anuales, récord en el Estado español, en recortes tributarios que benefician a apenas 45.103 personas que declaran ingresos de más de 150.000 euros y a los 4.192 que declaran tener un patrimonio superior a los seis millones de euros. Y que de conjunto representan algo menos del 1% de la población censada en la Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid se ha convertido en un auténtico laboratorio de las políticas ultraliberales “trumpistas” que en materia de fiscalidad y de gestión de los servicios públicos están comenzando a seguir fielmente el resto de las comunidades autónomas gobernadas por el PP.
Pero tampoco son ajenos a esta tendencia los gobiernos autonómicos presididos por el PSOE que, por otra parte, llevan décadas de implementación de recortes y privatizaciones en la sanidad y la educación. De hecho, fue el PSOE de Felipe González, por ejemplo, el que creó el modelo educativo basado en la concertación de colegios privados. Y algo similar ocurrió con la sanidad pública dado que la ley 15/97 que posibilitó su privatización fue aprobada con el voto favorable del PSOE y esos mismos gobiernos social liberales implementaron a continuación los procesos de privatización como los del PP.
Las continuas medidas regresivas de rebajas fiscales se están convirtiendo así en una loca carrera de competencia fiscal en todo el Estado español por ver quién baja más los gravámenes y se convierte en “paraíso fiscal nacional”. Todo esto en un contexto en el que la recaudación tributaria en el Estado español fue de tan solo el 39,1% de su PIB durante el año 2021. Para situarnos, eso representa un 7% menos en términos de PIB que la media de la UE. Es decir, que nos ubicamos con un déficit fiscal respecto a la UE de unos 80.000 millones de euros anuales. O lo que es lo mismo, prácticamente se cubriría tres veces el déficit de las pensiones con esos recursos que se quedan los más ricos.
¿Y qué pasa con el gobierno más progresista de la historia en materia de fiscalidad a los más ricos?
La realidad es que el gobierno se ha venido resistiendo a llevar a cabo una reforma fiscal en profundidad que afectara realmente a las grandes fortunas y las empresas del IBEX 35. No lo hicieron tampoco durante la crisis pandémica, pese a tener beneficios récord el último año de más de 60.000 millones de euros.
Solo ahora, a última hora y como consecuencia del deterioro de las perspectivas electorales, la crisis social generada por la guerra de Ucrania y el estallido de los precios de los productos básicos, ha aceptado el Gobierno emprender algunas medidas fiscales. Hasta ahora, las “presiones” de Podemos en este sentido nunca pasaron de los discursos y la retórica mediática.
Ahora Sánchez ha decidido hacer algunos incrementos impositivos excepcionales y temporales sobre la banca y las energéticas. Pero se trata de un gravamen parcial sobre los beneficios multimillonarios caídos del cielo, a consecuencia de la especulación energética facilitada por la guerra y la elevación de los intereses del BCE que han disparado el beneficio de los bancos.
Demoliendo los servicios públicos
Por su parte, la Comunidad de Madrid y muchas más detrás, siguen demoliendo sin problemas los cimientos de un sistema fiscal que nunca fue mínimamente progresivo, pero que al menos obligaba a pagar algunos impuestos por heredar fortunas o realizar donaciones millonarias de los ricos a sus familiares. Además, Ayuso ha anunciado hace unas semanas que va a deflactar de manera generalizada la tarifa del IRPF. Algo que beneficiará sobre todo a las rentas más altas que tendrían que pagar más y que podrían hacerlo sin problemas porque han aumentado enormemente sus ingresos durante la pandemia.
Estas rebajas fiscales generalizadas se “compensan” en las arcas autonómicas gracias a las políticas de inyección de recursos del Gobierno central. Pero, sobre todo, con los recortes en sanidad y educación. Ayuso es famosa ya por la barbaridad de despedir los apoyos extra contratados durante la pandemia, prescindir de los refuerzos del personal sanitario y aumentar de nuevo las ratios en la enseñanza.
Frente a los recortes fiscales de los gobiernos de todo pelaje y color político, ya sea del PP o del PSOE, hay que implantar un sistema fiscal progresivo que grave fuertemente a las grandes fortunas y empresas. Esta es la única forma de llevar adelante un programa de emergencia social que incremente las inversiones públicas y el empleo público. Y que recupere, amplíe y mejore la calidad de los servicios públicos bajo gestión de trabajadores y usuarios para asegurar su permanencia y buen funcionamiento. Son algunas medidas elementales, entre otras, para lograr que la crisis esta vez sí la paguen los capitalistas.
Juan Carlos Arias
Nació en Madrid en 1960. Es trabajador público desde hace más de 30 años y delegado sindical por UGT de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Es columnista habitual de Izquierda Diario en las secciones de Política y Economía. milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.
