El gobierno de Pedro Sánchez aprueba una serie de medidas menores y parciales que no tocan la base del ataque de los gobiernos de Rajoy a la educación pública. Los mayores de la actual “democracia” del Estado español.
Jorge Calderón Historiador y Profesor de Secundaria, Zaragoza
Miércoles 19 de septiembre de 2018
El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó el anteproyecto de ley que ha llamado “Mejora de las condiciones docentes”. Bajo este nombre tan “pomposo” solo aparecen 3 parches al Decreto Ley de 2012, aprobado por el PP, que supuso el mayor ataque a la escuela pública de la historia reciente.
El primero parche es reducir las ratios de alumnos por aula, que subió un 20% en el último decreto. En Primaria el número de alumnos pasó de 25 a 30, los de Secundaria de 30 a 36 y en Bachillerato de 35 a 42. Ahora se vuelven a recuperar las primeras cifras.
El segundo punto es establecer el horario lectivo máximo del profesorado. Esto a los de Primaria no les afecta. Es, fue y seguirá siendo de 25 horas semanales. Pero en Secundaria pasó de 18 a 20 horas, y con la medida del Gobierno se busca recuperar las 18. El tercer punto es que la sustitución de los docentes de baja se hará de forma inmediata, y no habrá que esperar a los 10 días establecidos por el PP.
Meras recomendaciones a las comunidades.
Lo aprobado, a pesar de ser mínimos avances, no son más que meras peticiones a las Comunidades Autónoma. Como han denunciado varios sindicatos representativos de los docentes, el gobierno no obliga a los gobiernos autonómicos a cumplir estas medidas, solo les recomienda hacerlo.
¿Alguien piensa realmente que los gobiernos dirigidos por el PP van a poner en marcha alguna de estas medidas? Los sindicatos y organizaciones estudiantiles afirman que para que estas mejoras se apliquen el gobierno central debería aprobar una norma estatal de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas.
Denuncian también que lo aprobado solo toca algunas partes del “Decretazo” del 2012 y que el resto, que el PSOE en la oposición se había comprometido a derogar, seguirá en vigor. Además, todo lo aprobado, salvo la última medida que afecta a las bajas del profesorado, no entrará en vigor hasta el curso académico que viene.
¿El PSOE como garante de la Escuela Pública?
Estas medidas cosméticas en materia educativa del gobierno de Sánchez no deben sorprendernos, teniendo en cuenta el partido al que pertenece. El partido socialista lleva décadas fortaleciendo un modelo educativo cada vez más elitista y excluyente. Fueron ya los gobiernos de Felipe González en los años 80, los que implantaron los primeros “conciertos” educativos con la escuela privada. Esta medida nefasta de trasvase de los recursos públicos a la empresa privada, por desgracia, no ha parado de crecer desde entonces, tanto con los gobiernos del PSOE como del PP.
Años después, la LOE o la Ley de FP de los gobiernos de Zapatero, no hicieron más que ahondar en la precarización de la educación pública no universitaria y de todos los que estudian o trabajan en ella. Además fue uno de los más firmes defensores, junto con el resto de los gobiernos de la UE, del llamado “Plan Bolonia”.
Esta contrarreforma universitaria, como hemos denunciado en varios artículos en este diario, ha supuesto el mayor golpe a la Universidad Pública de las últimas décadas. Con su aplicación, la universidad cada vez está más al servicio de la burguesía y la patronal, es totalmente elitista y cada curso expulsa o impide el acceso a la misma a millones de hijos e hijas de la clase trabajadora.
Unidad y lucha para lograr una educación al servicio de la clase trabajadora
Nada podemos esperar de los viejos partidos que llevan años machacando a la educación pública. Tampoco nada de los autos llamados gobiernos “del cambio” como Podemos, que con su apoyo estatal y autonómico a los gobiernos socialistas, acepta estas medidas parciales como avances suficientes.
En el caso del partido de Iglesias incluso tiene una razón orgánica, además de la estrictamente política de apoyo sin condiciones al gobierno de Sánchez, y es que la mayoría de su dirección forma parte de esa casta universitaria privilegiada. La única casta, junto a la sindical, que jamás entró siquiera en el discurso del partido neoreformista.
Por supuesto aún menos de Ciudadanos, que como derecha ultra liberal, apuesta por un modelo educativo totalmente privatizado y para las élites como el de EEUU. En materia educativa queda todo por hacer. El Estado español sigue siendo uno de los que menos invierte en educación de toda la UE, siendo esta la misma que hace 10 años.
Más de 30000 compañeros y compañeras fueron despedidos por los recortes del PP, y gran parte de ellos aún no han vuelto a las aulas. Aunque volvamos a los ratios anteriores a 2012, alguien piensa que 25 alumnos y alumnas en primaria, 25 en secundaria y 30 en bachillerato son números adecuadas para dedicarles la atención y la educación que se merecen.
Dentro del propio Estado sigue habiendo grandes desigualdades entre territorios, de más de un 60% entre el que más invierte en materia educativa, el País Vasco y el que menos Madrid.
Como vemos las tareas y lo que hay que conseguir es mucho. Y esto solo lo podremos lograr volviendo a las calles, a la lucha, a la protesta y todo ello desde la máxima unidad de toda la comunidad educativa. Estudiantes, docentes, padres y madres y trabajadores no docentes debemos forjar esta unidad.
Forjarla “desde abajo”, con asambleas en todos los centros educativos que prepare un plan de lucha para los próximos meses. Solo así podremos empezar a conseguir tomar medidas reales en defensa de la escuela pública, para lograr la derogación de todas las actuales leyes educativas (LOMCE, FP, Plan Bolonia, etc.) , la eliminación de la educación privada y el que se destinen todos los recursos necesarios para la mejora de la escuela pública.
Este es el tipo de educación que queremos y por el que debemos pelear. Una educación gratuita, democrática, laica, de calidad y al servicio de los intereses de la clase trabajadora.
