El gobierno recurrirá la declaración del Parlament catalán que pedía la abolición de la monarquía.
Viernes 26 de octubre de 2018
A pesar de que el Consejo de Estado, un órgano ya de por sí conservador, evaluó que la resolución del Parlament era una declaración política y por lo tanto no correspondía recurrir, el gobierno sí lo hará.
En declaraciones a la prensa, la ministra portavoz Isabel Celáa ha declarado este viernes: “El gobierno considera que no es objeto de debate lo que concierne a la corona, a la modificación de la forma de Estado. Y es por esa razón por la cual el gobierno tiene la convicción de que eso ha de ser recurrido ante el tribunal constitucional.”
Y por si quedaba alguna duda acerca de su posición conservadora, ha agregado: “No es porque imagine nada que no esté encima de la mesa, sino porque considera que la figura del jefe del Estado es inviolable y en consecuencia no debe ser objeto de disputa partidaria dentro de una cámara autonómica.”
El Gobierno sostiene que la declaración del Parlament "supone un nuevo intento, como otros anteriores, para iniciar un proceso unilateral que desemboque en la proclamación de una hipotética República", por lo que considera que debe impedirlo.
El PSOE se reafirma como el defensor acérrimo de la corona y la unidad de España, contra el derecho a decidir de los pueblos. Quiere seguir manteniendo el candado del régimen bien cerrado, algo en lo que coincide plenamente con el PP y Ciudadanos, más allá de los enfrentamientos retóricos de los últimos días.
Pero lo hace en un momento en que el cuestionamiento a la obsoleta, reaccionaria y costosa institución monárquica está ganando extensión y profundidad. Como escribía hace unos días Diego Lotito en Izquierda Diario: “La imagen de la monarquía está en franco retroceso. Más allá de los contubernios para encubrir las últimas trapisondas de Juan Carlos I, la decadencia de la última secuela de la monarquía borbónica – ya con 40 años de existencia- es imparable.”
A la declaración del Parlament, se ha sumado la moción aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona, que reclama "la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía" y cuestiona al Rey Felipe VI por justificar "la violencia ejercida por los cuerpos policiales el 1 de octubre de 2017".
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En este contexto se inscribe la gran repercusión que están teniendo las consultas y referéndums impulsados por diversas plataformas en Madrid, estudiantes de la Universidad Autónoma y grupos autoconvocados en varias localidades del Estado español.
Desde Podemos, Echenique a acusado al PSOE de estar “a los pies de su majestad” y Pablo Iglesias ha afirmado que “El Gobierno sostiene que los representantes de la ciudadanía elegidos en las urnas no pueden pronunciarse sobre lo que dice o hace un Jefe del Estado que ha llegado al cargo por su apellido, sin pasar por las urnas. Es hora de abrir un debate sobre el futuro de nuestra democracia.” Sin dudas, se trataría de un cambio saludable si los líderes de Podemos abandonaran su negativa a llevar adelante una lucha decidida contra la Monarquía, que hasta ahora siempre esquivaron.
Pero, para conseguirlo será necesario hablar claro y movilizar fuerzas sociales masivas contra el régimen y el gobierno, para abrir procesos constituyentes democráticos, donde los pueblos del Estado español puedan decidirlo todo, incluyendo un conjunto de medidas sociales y democráticas. Una lucha que hoy no puede estar separada de la exigencia de libertad de los presos políticos catalanes, que están en prisión justamente por haber convocado a un referéndum que se pronunció por una República independiente.
